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Parlamentario expuso grave problema en el seno del Congreso y sostuvo que la corrupción en Lambayeque está peor que lo que pasó en Áncash. Hay 23 asesinatos, entre ellos el del auditor de la SUNAT, y no hay ningún responsable preso. ¿Por qué?, interrogó.
Sin pelos en la lengua. El congresista por Lambayeque, Héctor Becerril Rodríguez reveló en el seno del Congreso de la República y delante del Ministro de Justicia y del Interior, Enrique Mendoza Ramírez y Carlos Basombrío Yglesias, que en la región opera desde hace buen tiempo una organización criminal, las que entre sus filas se encuentran jueces y fiscales, los que desde sus oficinas avalarían y protegerían las acciones delictivas de los sujetos.
Becerril Rodríguez no tuvo reparo en mencionar y repetir que en Lambayeque existen jueces y fiscales, los que lejos de imponer justicia y el principio de autoridad, más bien se suman a las acciones de organizaciones criminales y también han visto en las empresas azucareras los negocios de sus vidas, emitiendo resoluciones de medidas cautelares o simple y llanamente emitiendo resoluciones para designar administraciones judiciales.
“En Lambayeque existen jueces que hacen el negocio de su vida, otorgando medidas cautelares o administraciones judiciales a como mejor momento se presente. El Ministerio Público tampoco se queda atrás, los que lejos de investigar los crímenes que se cometen, se hacen los desentendidos y en lugar de investigar a los verdaderos delincuentes y criminales, involucran a otras personas con la supuesta finalidad de proteger a los que verdaderamente comenten delito, pero eso es a cambio de algo, que no es más que dinero.
“Los jueces hacen el negocio de sus vidas al emitir medidas cautelares. Ellos no ven más allá del problema que ocasionan en la masa trabajadora y la población, quienes se enfrentan a balazos con el objetivo de hacer prevalecer la orden de tal o cual juez”, señaló.
CORRUPCIÓN A NIVEL
En su intervención, destacó que en la actualidad el principal problema del país y en especial en Lambayeque, es la corrupción. Reveló que actualmente se tiene a jueces que en varias regiones del país otorgan medidas cautelares como si fueran casinos, las que son ofrecidas a organizaciones criminales.
Lambayeque no es ajeno a este problema, donde las resoluciones de medida cautelares no se otorgan gratuitamente sino a cambio de fuertes sumas de dinero.
“Hace unos días estuvo el ministro Grados tratando de prevenir un problema que hay en Lambayeque, pero resulta algo inconcebible que el Estado tenga que dictar medidas de emergencia para que no haya más muertos en las azucareras”, sostuvo.
Señaló también que la medida adoptada obedece para evitar que organizaciones criminales que pretenden hacerse de una empresa azucarera, no contraten delincuentes para que se agarren a balazos con los trabajadores y hasta con la misma policía. ¿Acaso estamos en el viejo Oeste?... “eso es algo que no podemos concebir en un estado de derecho”, sostuvo.
23 MUERTOS
El parlamentario denunció en el seno del hemiciclo que a la actualidad en las azucareras en Lambayeque, existen un total de 23 personas que han sido cruelmente asesinadas, y sus muertes a la fecha están impunes porque tanto la Policía y la Fiscalía no investigan.
“En la actualidad no existe ninguna persona presa por los hechos de sangre que han ocurrido en las azucareras”, sostuvo.
Informó también al ministro de Justicia y del Interior, que el año pasado fue cruelmente asesinada una secretaria de juzgado, en cuya oficina se estaba investigando hechos de corrupción en las empresas azucareras por parte de una organización criminal.
“En la muerte violenta de esta trabajadora del Poder Judicial tampoco existe un autor directo. La Policía y el Ministerio Público solamente han creado una teoría sobre presuntos autores, pero no apuntan a la banda criminal que viene operando impunemente en las azucareras”, indicó.
CRIMEN DE AUDITOR
De igual manera, sostuvo que desde el 23 de diciembre del año 2015 se encuentra impune el asesinado del funcionario N° 02 de la SUNAT de Lambayeque, Luis Roberto Cieza Herrera, cuyo delito para que acaben con su vida fue la de investigar a esa organización criminal que con tanta impunidad opera en Lambayeque con el claro aval de policías, fiscales y jueces, que con sus acciones los protegen de cualquier investigación, y apuntando a otro lado.
“Pregunto: ¿quién dice algo de esto? Por qué no hacemos en Lambayeque lo que hace un tiempo se hizo en Áncash para acabar con la corrupción y acabar con la banda criminal que operaba impunemente. En Lambayeque la corrupción es tan grande, donde no es secreto que jueces y fiscales blindan a esta organización criminal”, indicó.
Héctor Becerril sostuvo y propuso ante los ministros que los integrantes de la organización criminal, así como los jueces, fiscales y policías corruptos sean sacados de Lambayeque y llevados a la ciudad de Lima para ser investigados.
“Pido que el ministro de justicia lidere la solución a este grave problema. Quiero dejar en claro que no estoy favoreciendo a ningún grupo empresarial, ni hablando por nadie y si alguien tiene que caer, que caiga con todo. No puede ser posible que en estos momentos la región Lambayeque este peor que Áncash y nadie haga algo, lo cual demuestra el claro compromiso de ser parte de la organización criminal de jueces y fiscales”, resaltó.
Igualmente, señaló que al ministro del interior le vienen exigiendo levantar el Estado de Emergencia, pero que sería un error, pues peligraría, por lo que por el bien del orden social y el control interno en estos momentos la medida no se levantará. ¿Cuántos muertos habrían?, si es que el estado de Emergencia se levantara en estos momentos, cuestionó.
En las azucareras tiene que recuperarse el principio de autoridad y la ley, acotó.
A tres meses de iniciada la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, liderado por el OTASS en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, el gerente general Víctor Hugo Villacorta Félix presentó el Plan de Reflotamiento aprobado por el organismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, luego de diagnosticar las principales deficiencias de la entidad, en cuyo marco se persigue la ejecución de un primer paquete de inversiones por el orden de los 51 millones de soles.
Villacorta Félix comenta que se han establecido ocho indicadores a nivel nacional para medir la calidad de los servicios que ofrecen las empresas de saneamiento, siendo el primero la mejora de la calidad sanitaria del agua potable, seguido del incremento de la presión y de la continuidad del abastecimiento.
Otros indicadores son el incremento de cobertura de agua y alcantarillado, la reducción del indicador de agua no facturada que actualmente es del 46 % del total de los 54 millones de metros cúbicos que produce al año la empresa, la mejora de la gestión comercial e incremento de la recaudación, la reducción de atoros y roturas y manejar de manera adecuada las aguas servidas en la planta de tratamiento.
“Tenemos una infraestructura con una antigüedad promedio de 40 o 50 años y lamentablemente a través de los años no se ha renovado y lo poco que se ha ido haciendo no se ha ejecutado de manera coordinada. Ya ha pasado que con la remodelación de pistas o veredas se terminan dañando las conexiones y el señalamiento recae sobre EPSEL, como responsable de las redes. Por otro lado hay deficiencias, por ejemplo sabemos perfectamente que el tratamiento de las aguas servidas no se da de la manera que deseáramos y eso tiene que corregirse y para eso se han establecido los indicadores, que nos permitirán saber cómo avanzará EPSEL en el futuro”, señala.
EPSEL atiende a una población de 699 mil habitantes con agua potable y a 625 mil habitantes con el alcantarillado. Actualmente la cobertura con el primer servicio es del 74.6 % del total de usuarios, en tanto la accesibilidad a la red pública de desagüe es del 66.8 %.
PROBLEMÁTICA
Víctor Hugo Villacorta menciona que entre los problemas más latentes de la empresa están el colapso del sistema de alcantarillado y el mal uso del mismo por parte de los usuarios; los proyectos integrales inconclusos como el de Oyotún, que aún no es transferido a EPSEL; el deficiente mantenimiento de las redes por la carencia de equipos adecuados; el mal funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y los problemas en los reservorios, líneas de conducción y demás infraestructura.
“Lamentablemente los equipos que tiene la empresa no pueden atacar a todas las redes porque tenemos conexiones de diferente diámetro y, en consecuencia, necesitamos maquinaria que pueda adaptarse a estas características”, señala.
Otros problemas son los bajos niveles de micromedición, los altos niveles de agua no facturada, la existencia de un catastro comercial que data del 2014 y que a la fecha está desactualizado, la inadecuada infraestructura para la atención al cliente y la tendencia de reclamos, que a pesar de ser alta se ha reducido en comparación al año 2016.
Asimismo, se ha determinado que EPSEL tiene una estructura orgánica y los instrumentos de gestión desactualizados, que el saneamiento físico legal está inconcluso y que existe un inadecuado soporte técnico e informático.
ESTADOS FINANCIEROS
A la problemática descrita se suma la situación económica. EPSEL tiene deudas acumuladas por más de dos millones 200 mil soles con la SUNAT, por 55 millones de soles al FONAVI, por 22 millones de soles al tesoro francés (por el financiamiento a la obra de las lagunas de tratamiento), por siete millones de soles con la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y más de cuatro millones de soles que debe pagar por mandato judicial.
La entidad tiene mil 200 juicios laborales, 750 trabajadores estables y 80 contratados.
De acuerdo a los estados financieros, en el 2015 la empresa registró 16 millones 732 mil soles de pérdida, en el 2016 cuatro millones 949 mil y entre enero y mayo de este año, antes del ingreso del OTASS, se han reportado seis millones 336 mil soles como salgo negativo.
En los últimos años EPSEL acumuló 108 millones 186 mil soles de pérdida y durante este tiempo ninguno de los auditores ha emitido opinión favorable respecto a los resultados financieros.
PLAN DE REFLOTAMIENTO
“En los últimos tres meses, lo que es un tiempo récord, hemos conseguido avances importantes para la empresa, lo que se traduce en la aprobación de 58 fichas o proyectos que representan un total de inversión de 51 millones 36 mil 813.08 soles. De estos proyectos, 25 están referidos a la gestión operacional, 12 a la gestión comercial y 21 a la gestión institucional. Solo en los dos primeros aspectos se invertirán 23 millones y 22 millones de soles respectivamente”, manifiesta Villacorta Félix.
Mirko Jurado Dueñas, coordinador del OTASS en Lambayeque, explica que entre los proyectos a ejecutar está la limpieza y desarenado de las lagunas Boró I y Boró II, por un valor de cinco millones 292 mil 876 mil 04 soles.
En el caso de Boró I se eliminarán 200 metros cúbicos de sedimentos, en tanto en Boró II 160 metros cúbicos.
Otro proyecto es la implementación del estudio “Diseño de estrategias para la disminución del indicador de agua no facturada y control de fugas”, que incluye el catastro técnico y la sectorización. Dicho proyecto demanda una inversión de siete millones 212 mil 410.09 soles.
También se ha considerado la adquisición de una camioneta y cuatro camiones para uso del personal técnico y operativo de EPSEL, por 805 mil soles; el mantenimiento, adquisición e instalación de macromedidores electromagnéticos o ultrasónicos de flujo de agua para determinar volúmenes producidos y distribuidos en el ámbito de EPSEL (844 mil 250 soles) y la instalación de una línea de impulsión para el mejoramiento del sistema de agua potable de los pueblos jóvenes Villa Hermosa, Javier Castro, Milagro de Dios y La Explanada en José Leonardo Ortiz, por cinco millones 160 mil 646.54 soles.
“La elaboración de los proyectos ha demandado de dos meses y medio de trabajo técnico y debemos destacar que de todas las empresas de saneamiento que se encuentran con el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS, EPSEL es la que está recibiendo el plan de inversiones más alto. La empresa que sigue después de la de Lambayeque es la de Loreto, donde se piensa invertir 35 millones de soles”, asevera.
Jurado Dueñas es claro al señalar que con el plan aprobado no se resolverán todos los problemas de la empresa, sino que se paliarán los aspectos más urgentes.
También se ha considerado la adecuación de cajas e implementación de medidores en el ámbito de intervención de EPSEL, por un valor de 20 millones 831 mil 622 soles y la adquisición de un sistema de información geográfico GIS para el catastro comercial, por 793 mil 743 soles.
“Esto permitirá reducir el índice de agua no facturada del 46 % al 35 %, incrementar el nivel de micromedición del 60 al 80 %, incrementar las conexiones activas del 85.2 al 95 % y ejecutar los cierres y reaperturas del 59.1 al 90 %”, resalta.
METAS AL 2018
Según las proyecciones del OTASS, se espera que para el próximo año se incremente la continuidad del servicio de agua potable de 12 horas en promedio al día a 16 y que los ingresos de la empresa aumenten en 10 %
Asimismo, que se concrete el saneamiento físico legal de 203 obras culminadas y no recepcionadas hasta el momento por la entidad, además que haya ejecutado el plan de fortalecimiento de capacidades de la empresa y la mejora de los procesos críticos.
Por otro lado, la administración espera lograr un contrato para el reúso de las aguas residuales y la repotenciación de la infraestructura existente.
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“Detrás de los ataques a mi persona está involucrada gente cobarde, mediocre, que no tiene el valor suficiente para salir a la vitrina pública, para debatir o sostener lo que señala en las redes sociales. Lo más cobarde es que ni siquiera con su nombre crean cuentas en redes sociales para atacarme, sino que lo hacen con nombres falsos y. más aún, contratan a personas ajenas que desarrollan nefastas campañas, temiendo que pueda ser un competidor político y los pueda desplazar en una campaña electoral”, sostiene el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, quien es blanco de ataques incriminatorios a través de Facebook.
Explica que con la difusión de algunos vídeos en los que se le imputan la comisión de ilícitos se busca mancillar su imagen y forzar investigaciones sobre hechos en los que no tiene o ha tenido participación alguna.
“Decir que esas acciones no afectan sería falso. Eso afecta cuando tenemos familia; pues, los que han sufrido las consecuencias de esas personas cobardes ha sido precisamente los integrantes de mi familia. Por su irracionalidad, menores de edad han sido afectados en sus sentimientos y víctima de ataques en su círculo social”, señala.
Refiere que no es la primera vez que se orquestan campañas de desprestigio en su contra y que, por lo general, estas se vinculan a intereses económicos y del sector azucarero.
“No es de ahora la forma cómo esa gente actúa, sino que lo hace desde hace buen tiempo. Utilizan y tratan de poner gente con voz distorsionada en los vídeos para que sus operadores no sean reconocidos ante el temor de una homologación o una pericia fonética que los ponga al descubierto”, explica.
Añade que también hay intereses políticos, sobre todo de quienes buscarían tener algún cargo público en las elecciones del próximo año.
“Esa gente está metida en política y con esas actitudes quiere manejar los recursos del Estado. Quieren y desean tener cargos públicos importantes. Se imagina usted contar como autoridades de esa calaña, personas que a como dé lugar quieren tener el control de la región. Si eso ocurre en Lambayeque, me imagino que la región se convertiría en un segundo Áncash; es más, creo que esa nefasta gestión ancashina vinculada a la criminalidad, le quedaría corta”, afirma Olivio Huancaruna.
COMPLICIDAD
El empresario sostiene que sus detractores incluso tendrían vínculos con los operadores de justicia en el departamento.
“A la persona sana le tocan su nombre y su apellido con mucha facilidad, pero para llegar a hacer eso, esa gente se colude con personas que de mala forma conducen la administración del sistema de justicia. En una red social, en un minuto me han hecho daño, lo cual me llevó a actuar legalmente, lo malo es que para encontrar justicia me he topado con una serie de traspiés y sí quiero denunciar a las personas que están tras estas acciones, la justicia me demora hasta seis años en que me den la razón. Felizmente, la comunidad se ha dado cuenta de dónde vienen todos esos ataques y quien serían el operador”, acota.
El sistema de justicia –explica- no garantiza hallar un pronto resarcimiento al daño causado, porque para obtener justicia se necesita tener una sentencia consentida con el agresor y sus cómplices plenamente identificados y sancionados.
“Sin embargo, estos cobardes nos atacan fácilmente desde el ángulo de la ilegalidad, tratando de incriminarme. Estos sujetos proceden o se coluden en un solo grupo, pero para despistar o engañar a los investigadores contratan o hacen participar a nuevos agentes con otro tipo de conocimiento, como el de edición y el de informática”, indica.
ESCONDEN DELITOS
Hace un llamado a los que integran el sistema de justicia en el Perú a mantenerse alerta frente a quienes desde la criminalidad tratan de armar patrañas con el único objetivo de dañar a la gente, difundiendo vídeos a través de redes sociales con la finalidad de distraer y hasta confundir a la población, con el objetivo que ellos puedan esconder sus delitos.
“Lo bueno es que la gente ya los conoce y eso nos sirve para que jamás nos volvamos a dejar engañar por quienes no tiene la valentía de decir públicamente lo que editan y publican en redes sociales”, puntualiza el empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque.
CON LAS AZUCARERAS
Sobre la posibilidad que los ataques sean financiados por personajes ligados a las azucareras Pucalá y Tumán, Huancaruna Perales afirma que no tiene intenciones de ingresar en la administración de estas y asegura que de la primera se mantiene alejado desde el 2008.
“No tengo ningún interés en alguna azucarera. Desde el año 2008 me he desligado de la inversión y administración en Pucalá. En la actualidad tengo una sembradora y por lógica de la cosecha estoy obligado a moler en cualquier ingenio azucarero, pero no lo hago en Lambayeque para evitarme problemas”, indica.
Revela que a pesar de los costos que le genera, su producción la lleva a moler a la azucarera Casa Grande, donde como cualquier otro sembrador paga por el servicio evitándose problemas “con gente que dice querer a las empresas azucareras de Lambayeque”.
“Vivo y siembro en Lambayeque y, por lo tanto, puedo moler la caña de azúcar en algún ingenio de la región, pero no lo hago acá sino en Casa Grande. Esa acción me resulta antieconómica, pero me evito muchos problemas”, señala.
Refiere que sí ha llamado su atención la forma en la algunos medios de comunicación se han prestado para utilizar su nombre con la única finalidad de darle importancia a sus titulares y obtener buenas ventas, aunque otros lo han hecho con la intención directa de hacerle daño.
TERMINAL PORTUARIO
Por otro lado, Olivio Huancaruna dice sentirse satisfecho e identificado con el gobierno nacional, que a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, liderará el proceso de promoción y búsqueda de inversionistas privados para el financiamiento y ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque.
“Con esta medida el MTC incorpora el proyecto portuario en la agenda de prioridades de su gestión, gestión que fue iniciada por el Gobierno Regional de Lambayeque con el liderazgo del gobernador Humberto Acuña Peralta, y ahora toca buscar inversionistas para financiar la obra, pero era necesario que sea el gobierno central el que se encargue de impulsar su ejecución. Nuestro terminal debe ser considerado como prioridad, junto al de Salaverry y al de Paita, y otros terminales del país”, señala.
Agrega que los lambayecanos deben ser conscientes que las inversiones para la región “están siendo puenteadas”, y ese dinero que se le quita al departamento es derivado a otras regiones vecinas, donde el nivel de desarrollo es envidiable.
“En otras ciudades vamos a encontrar más obras, como es el caso de Piura, donde se cuenta con tres bypass, y lo cual no es malo sino que llama la atención porque el Estado si los atiende. Sin embargo, a Lambayeque lo deja de lado”, explica.
Detalla también que ante la necesidad del Terminal Portuario ha llegado el momento en que los lambayecanos se pongan de pie para demandar su ejecución.
“No es simple liderar la ejecución del Terminal Portuario, porque la voluntad Ejecutivo puede estar plasmada y orientada, pero al ir descendiendo es donde se toman otras decisiones, las que quedan formalizadas con la falta de deseo de nosotros mismos. Nosotros tenemos años haciendo gestión de buena manera, pero nos atienden con oídos con sordera”, detalla.
APOYA MARCHA
Asimismo, Huancaruna Perales dice que como representante del empresariado lambayecano, agrupado en la cámara de comercio, y como ciudadano, también se encuentra en pie de lucha por los intereses de la región.
“Como ciudadano he decidido estar presente y promover la gran marcha para que el Ejecutivo atienda las necesidades de la población y ejecute las obras de la reconstrucción. El 13 de noviembre estaré marchando en las calles y de seguro el empresariado lambayecano también apoyará, Chiclayo está destruido por donde se camine y se le mire”, indica.
Destaca que en la marcha también se exigirá la ejecución del Terminal Portuario, proyecto que es considerado la puerta de salida a otros países, así como la carretera o la vía más cercana entre todo el nororiente y el resto del planeta. “Somos el punto más cercano al país y al mundo. El Terminal Marítimo de Puerto Eten está ubicado en una zona estratégica y privilegiada que nos ayudará a sacar a través del mar todo lo que produce Cajamarca, Amazonas, San Martín y nuestra propia región”, señala.
Luego de reunirse con los representantes de la sociedad civil e instituciones técnicas y académicas del departamento, el viernes último el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, ofreció una prolongada conferencia de prensa en la que remarcó lo que había anunciado días atrás: que la entidad pondrá en marcha un sistema de control concurrente que permita diagnosticar vicios e irregularidades en la licitación y ejecución de las obras de la reconstrucción en las ciudades afectadas por El Niño Costero. Sin embargo, el mecanismo, que califica de único en América Latina, será desarrollado principalmente por la ciudadanía, debido a que – afirmó – la Contraloría no se da abasto y no considera rentable revisar cada uno de los procesos.
La visita de Shack Yalta y su comitiva se dio con el objetivo de supervisar el despliegue del control concurrente en la reconstrucción, que tiene dos grandes etapas: la prevención y la reconstrucción propiamente dicha.
Para el caso de Lambayeque, el gobierno nacional ha aprobado, a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, tres mil 115 millones de soles, de los cuales mil millones se destinarán a la prevención, principalmente a la descolmatación de ríos en los cinco valles del departamento.
“El modelo de reconstrucción con cambios es quizá una de las principales transformaciones que está sufriendo el modelo de control gubernamental en el Perú. La Contraloría ha diseñado y viene desplegando un nuevo modelo de control, que ya no es el posterior, que identifica a responsables y trata de sancionar, ya sea en la vía administrativa funcional o encausar hacia la vía judicial, en caso se identifiquen responsabilidades de naturaleza penal o civil. Con este modelo de control la lógica no solo es luchar contra la corrupción a partir de sanción de la misma, sino de prevenir que eso ocurra. Es decir, el foco de atención está en el despliegue de un acompañamiento. La Contraloría acompaña y asesora al ejecutor en cada una de las etapas del proceso, desde que empieza hasta que termina”, explicó.
INFORMES POR HITOS
El modelo consiste en la elaboración de informes en tiempo récord que revelen hechos irregulares o los riesgos que se puedan generar por el incumplimiento normativo, idoneidad y transparencia, “dándole tiempo al ejecutor (ministerio, programa, región o municipio), para que corrija qué es lo que está haciendo mal”.
“Es un control concurrente por hitos, mapeamos los riesgos de toda la obra, por cada una de sus tipologías, y establecemos hitos de control y en cada hito se genera un informe, que no solamente es hecho por un auditor, sino por un equipo de profesionales de múltiples disciplinas, que permiten caracterizar mejor el objeto de control sobre el cual se va a hacer la intervención. Por ejemplo, si estamos hablando de una descolmatación no solamente va a ir un auditor, irá un especialista en contrataciones, un ingeniero hidráulico, etc. Hay muchas diferencias con un informe típico de control que está hecho generalmente por auditores – contadores”, manifestó, añadiendo que los informes se elaborarán en un plazo máximo de siete días.
EL EJECUTOR
Mencionó que en Piura y La Libertad ya se han implementado las recomendaciones generadas a partir de los informes del control concurrente, frenando los procesos de licitación de las primeras obras en el marco de la reconstrucción. “Este modelo evita, previene, que se concrete la inconducta funcional y la corrupción, y entonces nuestro rol de asesor es más valorado, no solamente por su efectividad, sino porque también ayudamos al gestor a que haga las cosas bien”, aseveró.
Remarcó que el modelo exige altas competencias del ejecutor (la entidad que contrata), porque al ingresar los equipos especializados será fácil determinar si existen o no irregularidades.
“Si el ejecutor no ha tomado las previsiones, el modelo detectará las faltas y lo obligará a retrotraer los procesos, con los costos y demoras que esto suponga. En la práctica, el modelo ayudará a evitar la inconducta funcional y la corrupción. Para que las obras se hagan con celeridad los ejecutores tendrán que garantizar idoneidad y capacidad”, dijo.
LAS VEEDURÍAS
Nelson Shack reconoció que el control concurrente es un modelo caro, porque se caracteriza precisamente por la formulación de informes en cada etapa de los procesos de la reconstrucción y esta es la razón por la que la Contraloría ha fijado su aplicación únicamente a mil 536 de las más de nueve mil 900 obras que se realizarán en los departamentos afectados por El Niño Costero.
“No lo podemos implementar en la construcción de una vereda, porque el modelo de control saldrá tan caro como la vereda. Entonces no es costo efectivo para pequeñas obras. El modelo de control por hitos se aplicará solo a un promedio de mil 500 obras. En el resto vamos a aplicar sustancialmente un modelo de participación ciudadana y veedores sociales que ayuden al sistema de control a ver lo que está pasando con las obras más pequeñas”, explicó.
Según afirmó el contralor, para las veedurías ciudadanas se están suscribiendo convenios con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de alcance nacional como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Transparencia, Pro Ética y otras, así como con universidades, cámaras de comercio y colegios profesionales.
“Se trata de voluntarios ciudadanos, los cuales van a ser seleccionados, capacitados, evaluados y acreditados por el sistema de control, e incluso les vamos a dar la facilidad para que a través de un aplicativo móvil puedan enlazarse con los sistemas de información interna que tiene la Contraloría General de la República. Cada uno de estos ciudadanos, muchos de ellos universitarios de los últimos años, tendrán acceso a toda la información disponible en el sistema de control para determinada obra y de esa manera nos podrán ayudar en el control concurrente de la reconstrucción. Serán una especie de auditores junior, trabajarán en el esfuerzo de controlar las obras en la localidad donde viven”, manifestó.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Nelson Shack indicó también que a efectos de tener un panorama claro de cómo se desarrolla el proceso de reconstrucción, la Contraloría General de la República desarrollará dos operativos anuales a partir del 2018, uno a fines del primer trimestre (abril) y el otro al concluir el ejercicio fiscal (diciembre).
En paralelo, comentó que la institución presentará al Congreso de la República una iniciativa legislativa que le permita emprender un proceso de reorganización institucional en un plazo máximo de 120 días, a fin de potencializar su estructura interna y ampliar la contratación de técnicos y especialistas que complementen el trabajo de los auditores.
Según refirió, hasta diciembre de este año la Contraloría deberá contratar a 200 nuevos auditores y a igual número de especialistas, en tanto hasta abril del 2018 deberá haber incorporado a 200 auditores más y a un total de 400 nuevos especialistas.
Señaló que la contratación de más personal es un asunto que requiere de atención urgente, como es el caso de la Oficina Regional de Control de Lambayeque, que necesita de seis ingenieros sanitarios, la implementación de una procuraduría descentralizada y más personal en el área de comunicaciones.
Actualmente la Contraloría en Lambayeque está integrada por 60 colaboradores. En lo que va del 2017, la entidad ha concluido cinco auditorías, referidas estas a la obra de agua y alcantarillado del distrito de San José, a la obra de los emisores principales de Chiclayo, al sistema informático del Hospital Regional de Lambayeque, a la ejecución de pistas y veredas en el distrito de Pomalca y al área de Rentas de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.
Otras seis auditorías están pendiente de informe final.
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