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Las trabajadoras del hogar exigen desde hace más de cinco años que el Estado Peruano ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, pero además que en el país se dé fiel cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 27986, que desde el 2003 les reconoce una serie de derechos laborales, sociales y previsionales que son de desconocimiento general.
En el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, se promulgó la Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, la misma que define a estos como “los trabajadores que efectúan labores de aseso, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de las conservación de una residencia o casa habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares”.
El Artículo 3 de la norma, señala que los contratos de prestación de servicios se pueden celebrar de manera verbal o escrita.
A decir de María Nayra García, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lambayeque, esta es una de las principales debilidades de la ley, debido a que al no ser exigible la suscripción de un contrato escrito los empleadores incumplen los beneficios a los que tienen derecho los trabajadores.
DERECHOS
Según la ley vigente y las disposiciones dadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los trabajadores del hogar deben percibir como pago mensual – mínimo – lo equivalente a la Remuneración Mínima Vital, es decir 850 soles de acuerdo al último incremento. Este pago puede ser mensual, quincenal o semanal fraccionado.
Además, el empleador está obligado de proporcionar alimentación y/o alojamiento al trabajador del hogar, adecuado a su nivel socio-económico. “Tales conceptos no serán considerados como parte de la remuneración”, señala el Artículo 5 de la ley.
Asimismo, la ley reconoce a favor de los trabajadores la compensación por tiempo de servicios equivalente a 15 días de remuneración por cada año de servicio.
Se reconoce el derecho al descanso semanal de 24 horas, a 15 días de vacaciones y al pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. El monto de las gratificaciones debe ser equivalente al 50 % de las remuneraciones mensuales y pagadas con 15 días de anticipación.
En caso la modalidad de contrato sea “cama adentro”, el empleador está obligado a proporcionar el derecho a la educación del trabajador.
También, debe ofrecerse al trabajador seguridad social y afiliación al sistema previsional, sea público o privado.
EL CONVENIO 189
En su centésima reunión celebrada en junio del 2011, la Organización Internacional del Trabajo – OIT, con sede en Ginebra, adoptó el Convenio Sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, reconociendo la contribución que estos hacen a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y “un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre países”.
La declaración de la OIT se dio considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que los realizan principalmente las mujeres y las niñas, “muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos”.
El Artículo 3 del Convenio de la OIT, señala que los países miembros, entre ellos el Perú, “deben adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos”.
Por esta consideración, los estados quedan obligados a respetar y promover la libertad de asociación y libertad sindicar, así como el derecho efectivo a la negociación colectiva; a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
Existe el mandado de abolición efectiva del trabajo infantil y de la eliminación en materia de empleo y ocupación.
El convenio recoge además los derechos al descanso, a la educación, a las vacaciones pagadas, a la seguridad y previsionalidad.
DEMANDAS
“Nosotros pedimos la ratificación por parte del Estado Peruano del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, y que se dé cumplimiento a la Ley N° 27986, para que de esta manera los empleadores que cumplan, si son personas que conocen quizá las leyes de los trabajadores del hogar, lo que la legislación ha normado a nuestro favor. Lamentablemente el nivel de incumplimiento es muy alto y esa invisibilidad que tienen nuestros derechos deben acabar con el rol fiscalizador del Estado”, menciona Nayra Garcia.
A nivel nacional existen diez sindicatos de trabajadores del hogar. Estos tienen presencia en Chiclayo, Lima, Piura, Tumbes, Tarapoto, Ica y el Callao. En el caso de Lambayeque solo hay 160 trabajadoras afiliadas, número que explica las limitaciones que aún tienen los servidores domésticos para asociarse y de este modo defender sus derechos frente a sus empleadores.
“Sabemos que 160 integrantes del sindicato no refleja una muestra cercana al número de trabajadores del hogar que hay en Lambayeque, y es que el principal problema que tenemos como trabajadores es la resistencia de quienes nos emplean para que podamos ejercer nuestro derecho a la sindicalización de manera libre”, señala.
Comentan que las trabajadoras del hogar tienen miedo de que el empleador las despida o las maltraten, porque argumentan que no tienen para pagarles lo que legalmente les corresponde.
“Nosotras reclamamos las 8 horas laborales, como cualquier otro trabajador, igual el pago de una remuneración mínima, como está señalada en la Ley. En el gobierno de Toledo nos reconoció estos derechos y desde entonces, los demás gobiernos han pasado y no han exigido su cumplimiento. Tampoco han ratificado el Convenio 189 de la OIT”, exige la dirigente.
Menciona que es tal el nivel de incumplimiento que los trabajadores domésticos a veces cumplen sus labores en condiciones de vulnerabilidad, sin tener acceso a la salud o a la vida digna.
“Tenemos una ley que no se está cumpliendo. Nos reconoce el derecho a la seguridad social, así como a la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, el descanso por el 1 de enero y a 15 días de vacaciones. Además el dominical y los días feriados que no debemos trabajar. El gobierno debe escuchar nuestro reclamos, por eso es que buscamos seguir organizándonos para exigir que se nos reconozca”, precisa.
CONDICIONES ACTUALES
En Lambayeque como en muchas otras regiones del país, los trabajadores de hogar perciben entre 300 y 400 soles al mes, debiendo prestar sus servicios por más de 8 horas diarias.
“No se está cumpliendo con el pago, nos quieren pagar entre 300 y 400 soles mensuales por trabajar todo el día y durante toda la semana, debiendo realizar todas las labores domésticas. Si es cama afuera quieren que se trabaje 12 horas diarias, por menos de 400 soles y no es justo ni digno. Nosotras debemos ganar como mínimo 850 soles como es la Remuneración Mínima Vital – RMV”, asevera.
Sin embargo, reconoce que existen algunas excepciones, en las que los empleadores sí aceptan las condiciones normadas para la contratación de los servicios domésticos. “Sí tenemos casos de empleadores que cumplen con lo que dicta la ley, que pagan el sueldo básico y otorgan el seguro, las gratificaciones y descanso correspondientes a algunas compañeras. Son casos muy esporádicos, lógicamente”, manifiesta.
Por otro lado, señala que la mayoría de trabajadores domésticos, que en el caso de Lambayeque son principalmente mujeres, son menores de edad, que tienen entre 14 y 15 años de edad.
“Hemos ido a los colegios y encontrado casos muy preocupantes, en donde incluso no se les paga, niñas que son engañadas con que se les dará estudios o que son violentadas. Hay también casos de violencia física que lamentablemente no son denunciados. Yo trabajo desde los 8 años de edad y conozco cuáles son los maltratos, cómo se les trata a nuestras compañeras. Muchos creen que con darles una propina para Fiestas Patrias o un panetón para Navidad ya están cumpliendo, eso hace los empleadores”, afirma.
Uno de ellos es Rald de la Piedra, quien tiene el grado académico de bachiller en biología pero con resolución de alcaldía, burgomaestre lo designa subgerente de Logística sin importarle observaciones de la jefa de Control Interno. Responsable de Recursos Humanos se hace de la “vista gorda”.
¿Con las barbas en remojo? Dos de los principales hombres de confianza del alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, y funcionarios que ocupan puestos claves en la comuna leonardina, fueron duramente cuestionados en sesión de concejo por los regidores Aureliano Castañeda Hernández y Marino Olivera Cruzado.
Los fiscalizadores solicitaron información precisa y exacta sobre la designación del subgerente de Logística de la casa edil, Rald Clay de la Piedra Arévalo, quien no reuniría el perfil profesional para ocupar dicha subgerencia; pues, la mencionada persona tendría el grado académico de bachiller en biología, cuando el perfil profesional que se requiere para el área es otro.
Sin embargo, llamo la extrañeza de los regidores el enterarse que el ingreso de dicha persona a la comuna no fue objetado en ningún momento por el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, y más bien habría brindado todo el apoyo para que Rald Clay de la Piedra Arévalo se instale en el cargo sin importarle que no reunía el perfil profesional que el Manual de Organización de Funciones –MOF- exige para desempeñar dicha función y garantizar la transparencia del uso de los recursos del Estado en cada una de las adquisiciones que la comuna realice durante el presente año.
Pero eso no es todo. Aparte de solicitar el expediente profesional de Rald de la Piedra y Yuri Castillo, también se solicitó información sobre sus antecedentes laborales, los cuales tendrían cuestionamientos cuando los aludidos funcionarios cumplieron labores similares en las Municipalidades Provinciales de Lambayeque y Cajamarca.
EXTRAÑA RESOLUCIÓN
La voz de alerta pública la dio el regidor Marino Olivera Cruzado, quien en sesión de concejo emplazó a Epifanio Cubas Coronado a que explique el por qué con oficio N° 028-2017-MDJLO/OCI, la jefa de Control Interno de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz estaba “poniendo en la mira” la designación de Rald Clay de la Piedra Arévalo como subgerente de Logística.
La autoridad edil trató de pasar por desapercibida la petición del regidor Marino Olivera, lo cual no le fue permitido. El fiscalizador incidió en solicitar información y pidió tiempo para dar lectura a la resolución de alcaldía N° 060-2017-MDJLO/A del 1 de febrero del presente año, firmada por el propio alcalde Epifanio Cubas Coronado, y en la cual designa sin ningún tipo de objeción al bachiller en biología Rald Clay de la Piedra Arévalo, como empleado de confianza en el cargo de Subgerente de Logística de la comuna leonardina, bajo la modalidad del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios CAS.
Lo más extraño es que dicha resolución fue avalada por el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, quien presuntamente no habría advertido que el mencionado funcionario no cumple con el requisito mínimo establecido en el Manual de Organización y Funciones –MOF- de la entidad, respecto a la profesión que debería contar para ocupar el cargo de subgerente de Logística.
¿COMPADRAZGO?
A su turno, el regidor Aureliano Castañeda sostuvo que no encontraba una explicación valedera o creíble como es que el subgerente de Recursos Humanos había dejado pasar por alto un “error” grave, cuando es el primero por quien pasa el expediente profesional de cada funcionario de confianza que es designado en la comuna para ocupar cargo.
Además – señala- en los últimos meses ha venido cuestionando la designación de tal o cual funcionario, teniendo como base los lineamientos de la Ley Servir - Ley N° 30057 y sus objetivos en cuanto a la profesionalización en la prestación del servicio público.
“Es algo no creíble que el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, no haya podido advertir en su momento que el señor Rald de la Piedra no reúne ni el mínimo de los requisitos para ocupar el cargo”, sostuvo el regidor Aureliano Castañeda.
Agrega que tampoco le es creíble que el alcalde no se haya dado cuenta de la carencia en el perfil profesional de Rald de la Piedra, cuando como asesor principal tiene al subgerente de Recursos Humanos, quien en su momento y oportunidad le debió haber advertido de la carencia de profesionalismo, así como del delito que la autoridad municipal viene cometiendo por designar a una persona que no reúne ni el mínimo del perfil profesional que requiere el Manual de Organización y Funciones –MOF.
CONTROL INTERNO
Sin embargo, el pasado 6 de febrero la responsable de Control Interno de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, Carla Patricia Távara Zarpán, hizo llegar al alcalde Epifanio Cubas Coronado el oficio N° 028 -2017-MDJLO/OCI, el cual fue recepcionado por la secretaria de alcaldía Martha Tuñoque y lo registró con el N° 427, en donde la defensora de los intereses del Estado le hace saber que reitera la comunicación efectuada sobre el incumplimiento de requisito mínimo establecido en el Manual de Organización de Funciones – MOF- del funcionario a cargo de la sub gerencia de Logística, Rald Clay de la Piedra Arévalo.
En la misiva la responsable de Control Interno se hace conocer al alcalde Epifanio Cubas Coronado, que habiendo tomado conocimiento que nuevamente ha contratado al bachiller en biología Rald Clay de la Piedra como empleado de confianza en el cargo de Subgerente de Logística, bajo la modalidad del régimen especial de contratación administrativa de Servicios CAS, solicitaba se le informe sobre su perfil profesional, ya que la primera vez que laboró en la comuna, se determinó que no reunía el perfil profesional requerido.
LO SACAN Y LO VUELVEN A CONTRATAR
Sobre el particular, la OCI le recuerda al alcalde Cubas Coronado - en el oficio N° 028-2017, que mediante el Oficio N° 385-2016-MDJLO/OCI del 9 de diciembre del 2016, ya le habían advertido que el mencionado funcionario no cumple con el requisito mínimo establecido en el Manual de Organización y Funciones –MOF de la entidad municipal.
La responsable de Control Interno también le hace recordar al burgomaestre leonardino que en los últimos meses del año 2016 el señor Rald de la Piedra Arévalo había laborado en la comuna en el mismo cargo y ante los cuestionamientos por carecer del perfil profesional requerido, en el mes de diciembre fue cesado en el cargo, pero extrañamente, dos meses después, el primero de febrero del año 2017, vuelve a regresar a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, para ocupar el mismo cargo a pesar que ya había sido cuestionado.
Nuevamente, en el mes de febrero del año 2017 OCI le llama la atención al burgomaestre respecto a la profesión que debería contar el subgerente de Logística para ocupar el cargo de subgerente, el cual nuevamente le había sido asignado, y le solicita disponer la implementación de las acciones correctivas pertinentes, de carácter administrativo o legal, sin perjuicio del ejercicio de control posterior que Control Interno pueda ejercer.
Asimismo, Carla Patricia Távara Zarpán le recuerda al alcalde Epifanio Cubas Coronado que la Oficina de Control Interno –OCI, le ha puesto en conocimiento, en su debida oportunidad, que las personas que ingresan a ocupar los cargos previstos en el Cuadro de Asignación de Personal –CAP, sea por concurso o por designación, cumplan con los requisitos mínimos o perfil establecido en los documentos de gestión de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz.
RECURSOS HUMANOS
De igual manera, la responsable de OCI le informa una vez más al alcalde Epifanio Cubas Coronado para que junto a su subgerente de Recursos Humanos, Yuri Castillo Castañeda, que al respecto existe el informe técnico N° 414-2013-SERVIR/GPGSC del 16 de mayo del 2013, el cual señala claramente que “las entidades, en función a sus necesidades, mediante documentos de gestión interna –CAP-MOF, incluido los cargos de libre designación y remoción en función a necesidades, los convocados deben cumplir con los requisitos mínimos del perfil profesional”.
A su turno, el regidor Aureliano Castañeda Hernández solicitó al alcalde Cubas Coronado solicite al subgerente de Recursos Humanos entregue copia del expediente profesional de Rald Clay de la Piedra Arévalo.
“El alcalde no es el único responsable, lo que aquí se nota es que existe una complicidad con el subgerente de Recursos Humanos, quien cuando le conviene revisa de manera minuciosa los expedientes de los profesionales que llegan a trabajar y cuando no le conviene, lo deja pasar por alto. Se nota que existe un compadrazgo, sostuvo el fiscalizador durante su petición en sesión de concejo.
De igual manera, el regidor Marino Olivera Cruzado se sumó al pedido del regidor Aureliano Castañeda, solicitando que en el más breve plazo la gerencia de Asesoría Legal emita un informe sobre la observación de Control Interno, y por intermedio del Procurador Público Municipal se denuncie ante la autoridad competente a los que resulten responsables por el delito de usurpación de funciones, ejercicio ilegal de la profesión, nombramiento indebido y aceptación en el cargo, entre otros delitos que deben ser de análisis de denuncia.
“Si en los próximos días el alcalde Epifanio Cubas Coronado no toma las acciones correctivas del caso; pues, ha sido él quien con resolución de alcaldía N° 060-2017-MDJLO/A del 1 de febrero del presente año, designa al bachiller en biología Rald Clay de la Piedra Arévalo, como empleado de confianza en el cargo de Subgerente de Logística de la comuna leonardina, no corrige su “error”, sería denunciado ante la autoridad penal correspondiente”, sostuvo Aureliano Castañeda.
De igual manera, dejó entrever que el concejo edil puede pedir la vacancia del burgomaestre si toma una decisión contraria a la normatividad.
“Si el alcalde Epifanio Cubas Coronado persevera en mantener en el puesto al biólogo Rald de la Piedra, y al subgerente de Recursos Humanos, Yuri Castillo Castañeda, a pesar que conoce las irregularidades, estamos frente a un evidente abuso de autoridad porque se está imponiendo a gente que él ha traído y los ampara con una resolución de alcaldía, a que sigan en los cargos a pesar que no cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones –MOF- de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, y patean la Ley Servir N° 30057”, refirió.
CON PROBLEMAS
En otro punto de su intervención, el regidor Aureliano Castañeda solicitó al burgomaestre que el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, informe en próxima sesión de concejo sobre los antecedentes que podría tener Rald de la Piedra, así como del mismo funcionario de Recursos Humanos, de quien se sabe llegó en el mes de agosto del año 2016 tras haber culminado sus funciones en la Municipalidad Provincial de Cajamarca como asesor y luego como jefe de personal.
En el caso de Rald de la Piedra – se dijo- se ha desempeñado como jefe de Logística en las municipalidades de Cochabamba, Cajaruro y su penúltimo trabajo fue en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, de donde no habría salido por la puerta grande.
Se sabe – según dijo- fue el regidor lambayecano Armando Rivas Guevara quien el año pasado detectó y denunció un presunto favoritismo a un proveedor que brindaba servicios de consultoría a esta comuna por un valor de 700 mil soles en 15 meses.
Se hizo conocer que en la Municipalidad de Lambayeque Rald de la Piedra cumplía laborees de subgerente de Logística, y durante el proceso de investigación se determinó que en el sistema de la comuna lambayecana, un supuesto proveedor había realizado 37 servicios en 60 días por estudio de suelos, levantamiento topográfico, diseños de pavimento, factibilidad de servicios de agua y luz, así como levantamiento de observaciones de los proyectos, o sea, este profesional está capacitado para hacer todo, está haciendo hasta temas de saneamiento.
Víctor Alberto Preciado Mío sería el proveedor suertudo que en el año 2012 facturó 31 mil 500 soles a la Municipalidad provincial de Lambayeque; en el 2013 giró 36 mil 500 soles; en el 2014 facturó 24 mil soles.
“Sin embargo en el año 2016 giró facturas por un monto de 448 mil 505. 42 soles; y en entre enero y marzo de 2016 habría facturado 242 mil 550 soles. Es decir, entre el año 2015 y los meses del año 2016 facturó un total de 691 mil 055, lo cual no fue bien visto por el alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, quien no tuvo más opción que separar del cargo a Rald de la Piedra que en ese momento se desempeñaba como subgerente de Logística, cargo que ahora ocupa en José Leonardo Ortiz por ser persona de confianza de Epifanio Cubas Coronado.
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Responsabilidad directa sobre Alianza Para el Progreso – APP, partido que ganó los gobiernos municipales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, para el período 2015 – 2018, es lo que halla la exregidora provincial Janet Cubas Carranza, quien pone énfasis en el descrédito en el que han caído las actuales autoridades por sus fríos resultados en la solución de los problemas que afectan a la población.
Las autoridades municipales cumplirán a fines de marzo 26 meses liderando sus gestiones. ¿Cómo evalúa hasta ahora su desenvolvimiento? ¿Considera que estas han demostrado la capacidad, liderazgo y eficiencia que demanda la ciudadanía?
La falta de capacidad y liderazgo no solo se ve en el la municipalidad de Chiclayo, también en las de Lambayeque y Ferreñafe, que por coincidencia fueron ganadas por un mismo partido político, que además tiene la conducción del gobierno regional. Esto es en verdad bastante preocupante, porque si hay un partido con la suficiente logística para llevar a adelante a sus mejores cuadros, que este sea hoy en día el resultado deja mucho que desear.
Por eso hablamos de una crisis institucional, porque por más recursos que se le pongan a una campaña política, hay capacidades y competencias personales que el dinero no compra, y eso ha quedado demostrado.
Entonces, Alianza Para el Progreso no puso a sus mejores cuadros. ¿Así debe entenderse?
Creo que la mayoría de ciudadanos concuerdan hoy que David Cornejo Chinguel para Chiclayo, Ricardo Velezmoro Ruiz para Lambayeque y Jacinto Muro Távara para Ferreñafe no eran los mejores cuadros. Eso se dijo durante la campaña electoral basándonos en la hoja de vida que cada uno traía consigo, porque la persona no es diferente desde que empieza una campaña, había que evaluar cuál era su recorrido profesional, público y político. Insistimos en la necesidad de revisar sus antecedentes, y hoy tenemos los resultados de no haberlo hecho a consciencia.
César Acuña Peralta, fundador de Alianza Para el Progreso ha dicho que en el caso de Cornejo Chinguel su partido se equivocó. ¿Esas disculpas tácitas deben ser aceptadas?
No basta con que el partido político que los llevó al sillón municipal pida perdón a la ciudadanía. No basta. Creo que la ciudadanía ha recibido una lección amarga, porque en las tres provincias salíamos de períodos municipales bastante complicados, implicados en temas de corrupción. En el caso de Chiclayo, la provincia era señalada como uno de los núcleos de corrupción más grandes en el país, comparada con lo sucedido en el Gobierno Regional de Áncash.
Llegamos a esos niveles de corrupción y entonces creíamos que nada le podía ganar a lo que había pasado en Chiclayo, y en ese convencimiento los ciudadanos se generaron expectativas en el nuevo gobierno municipal que se diluyeron de manera inmediata por la falta de liderazgo y capacidad. Lamentablemente las autoridades que tenemos se han rodeado de profesionales que calzan con su visión.
¿Y cuál cree que es la visión de David Cornejo como gobernante?
Tenemos una autoridad cuya visión no calza con las aspiraciones de la ciudadanía y eso significa que no camina de su lado y va de espaldas a las demandas de la población.
Y como consecuencia de esa visión estos son los resultados. Muy lamentables.
¿Qué es lo que más le decepciona como ciudadana del gobierno de Cornejo en Chiclayo?
Lo más decepcionante es la falta de interés en la angustia y la desesperación del ciudadano después de los acontecimientos de inicios de febrero. Se ha visto desdén de parte de la autoridad.
Hemos sido los ciudadanos quienes nos hemos organizado en los diferentes pueblos jóvenes, asentamientos humanos y urbanizaciones, sacando dinero de nuestros bolsillos, aun de los que nada tenían, para alquilar una motobomba, sin ninguna orientación técnica de parte de los funcionarios que debieron hacerlo. Entonces, se percibe eso: desdén, desprecio e indolencia por lo que hemos enfrentando los chiclayanos.
Son hechos bastante condenables y que no hacen sino volver a pintar de cuerpo entero la clase de autoridad que tenemos.
¿Este análisis responde solo a lo sucedido por las lluvias de febrero?
La indolencia de la autoridad municipal es permanente. Hay indolencia frente al colapso de los desagües, frente a la inseguridad, frente al caos del transporte, frente al caos del comercio, frente a la suciedad y la falta de orden. Indolencia en todos los aspectos de lo que significa vivir una vida digna en la provincia.
Lo grave de esta gestión municipal es que cuando ha tenido la oportunidad de rodearse de funcionarios capaces y honestos, que demostraban competencias para ayudar a la gestión, los ha puesto de lado de la peor manera. En conclusión, todo aquel que podía demostrar capacidad o competencia para aportar y sacar a adelante a Chiclayo era dejado de lado por el alcalde.
Usted fue una tenaz fiscalizadora de la gestión de Roberto Torres Gonzales. En base a su experiencia, ¿cómo evalúa el trabajo de los regidores de oposición en el concejo provincial?
Si bien hay carencias y falencias en el sistema nacional de control y las instituciones del Estado precisamente atraviesan esta debilidad, yo siempre he sostenido que cada actividad de nuestras vidas, si queremos obtener buenos frutos, debe ser sostenible.
Entonces, el trabajo de fiscalización debe ser durante todos los días del año, durante todo el período municipal. No puede, desde mi punto de vista y con el respeto que nos merecemos todos, haber chispazos de fiscalización y luego bajar la guardia.
Hay que ubicar los temas principales, primordiales y ahí hay que fiscalizar hasta que se logre la solución correspondiente. A la tarea de fiscalización hay que darle sostenibilidad para obtener los resultados que ansiamos. Superar el problema, superar la debilidad, supervisar de mejor manera los destinos de los dineros públicos y de lo que se recauda.
No se puede ser un fiscalizador intermitente, por eso es que es ardua la tarea y en verdad se necesita mucha vocación de servicio. Creo que falta articular los esfuerzos para que la fiscalización de los señores regidores se desarrolle de la mejor manera. Ellos tienen un aliado que es precisamente la ciudadanía en general.
¿Puede reconocerle algo a David Cornejo como autoridad?
El candidato Cornejo Chinguel logró, durante la campaña electoral, despertar el entusiasmo y la expectativa sana de la población. Una expectativa sana, basada en una organización política que además en nuestro medio estaba vinculada a dos instituciones de educación superior. La expectativa fue en que las cosas podías cambiar.
Para cierto sector de la población despertó la esperanza, lo que además era una necesidad, porque se requería algo de qué afianzarnos después de la calamidad sufrida con el gobierno de Roberto Torres. Sin embargo, fue muy gaseoso y duró muy poco.
¿Cómo cree que acabará el tercer año de la administración Cornejo?
No creo que el señor Cornejo Chinguel acabe su tercer año de gobierno igual que los otros dos y no lo creo porque hoy la ciudadanía cree menos en la autoridad. Conforme la ciudadanía cree menos se incrementa la pérdida de liderazgo. Si no tenemos a un gobernante con un liderazgo arraigado, entonces no será capaz de inspirar a los ciudadanos a tener un sueño y alcanzarlo.
¿Chiclayo no aprendió la lección? ¿La herida que dejó Roberto Torres sigue abierta?
No creo en las culturas de las maldiciones y lo que pienso es que más que herida, la gestión de Roberto Torres nos dejó una gran lección, pero que no logró cimentarse bien porque las mayorías volvieron a ser cautivadas durante la campaña electoral.
Las lecciones se aprenden o se aprenden, porque de lo contrario entonces no lo son. ¿Cuántas veces en Chiclayo, en la región en general, vamos a tener que golpearnos hasta que podamos aprender la lección? Creo que esto tiene que ver con la organización y educación ciudadana, que nos permita sostener nuestras causas a través de los períodos. Solo así se podrá tener un equilibrio entre lo que significa la sociedad civil y los gobiernos, sean locales, regionales o nacionales.
¿Considera que el esfuerzo de conformar una plataforma múltiple de la sociedad civil en el Comité Cívico de Lambayeque tendrá resultados concretos ante las autoridades de los tres niveles de gobierno?
Apostaremos todas las veces que sean necesarias hasta lograr que nuestras provincias ofrezcan una vida satisfactoria y digna en cuanto a equipamiento urbano, desarrollo, orden y servicios a sus habitantes. Hasta que no logremos que las municipalidades atiendan las expectativas de la población, pero también recojan sus aportes, porque la ciudanía también aporta ideas y planes, todos los intentos serán válidos.
No nos debe desanimar si algunos de los actores sociales tienen aspiraciones políticas, es su derecho. Recordemos que los liderazgos se prueban y se cuajan precisamente en desafíos como este. El agua se decanta sola, no nos preocupemos, hay que echar el carro para adelante hasta que se internalice en nosotros que la ciudadanía debe trabajar no solo en las épocas electorales, sino de manera permanente.
Las palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respecto a la situación que vive Lambayeque luego de las lluvias de esta semana, han caído como golpe severo entre los miles de damnificados y afectados. Según el mandatario, la situación más crítica se vive en Piura y será esta la ciudad beneficiada con un proyecto de drenaje pluvial.
Al igual que con lo sucedido con las lluvias de febrero, los damnificados se cuentan por miles.
Las precipitaciones iniciadas el domingo 12 d.c. han dejado más de diez mil personas en la calle y entre las aguas. Los saldos más preocupantes se ubican entre Túcume y Motupe, en la provincia de Lambayeque, pero también en Chiclayo distrito y José Leonardo Ortiz, donde nuevamente se ha agudizado el colapso de las redes de agua y saneamiento básico.
CIFRAS
Entre los distritos de Pacora, Íllimo y Jayanca se ha contabilizado, según los informes más actualizados del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, a dos mil 242 familias damnificadas, quienes han perdido no solo sus viviendas, sino también sus bienes muebles e insumos básicos para subsistir.
Pacora, debido a los desbordes del río La Leche, fue el distrito que más perjuicios tuvo, al contabilizarse 953 familias damnificadas y 225 familias afectadas.
En Íllimo, son hasta el momento 505 familias damnificadas y 515 las afectadas, en tanto el desborde del río Motupe dejó como salgo a 784 familias damnificadas y otras mil 527 afectadas en Jayanca.
Las lluvias registradas en febrero dejaron como damnificadas a más de seis mil familias en diferentes partes del departamento, concentrándose la emergencia en Chiclayo provincia.
Se ha confirmado que hay familias aún aisladas en la zona rural de Íllimo, Pacora, Mórrope y Jayanca. Las unidades de rescate han intentado su evacuación, pero las personas se niegan por temor a abandonar sus predios.
RECONSTRUCCIÓN
De acuerdo a las estimaciones del gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, luego de recibir los informes en las sesiones convocadas en el COER, donde participan los representantes de las diferentes instituciones que trabajan en la atención a los damnificados, se requiere más de dos mil millones de soles para emprender el proceso de recuperación de las zonas afectadas.
Este presupuesto incluiría, además, la ejecución de un proyecto de drenaje pluvial, la mejora del servicios de saneamiento y la restitución de las vías que fueron arrasadas por los desbordes, por ser estos de mayor costos.
“Para obras de saneamiento se necesitarían 500 millones de soles, para el drenaje pluvial otros 500 millones, para las vías de comunicación y trochas carrozables en los diferentes caseríos de las tres provincias se necesitarían más de 150 millones y a ello hay que sumarle que tenemos 35 mil casas colapsadas y, por lo tanto, se necesita adquirir 35 mil módulos de vivienda para los damnificados”, señaló el gobernador.
Añadió que aún se está evaluando el impacto de las lluvias y desbordes en el sector agricultura, por lo que todavía es imposible estimar cuánto se requiere para la recuperación de obras hidráulicas afectadas y compensación a los productores que han perdido cultivos y ganado.
Acuña Peralta explicó que se ha solicitado al Ejecutivo nacional el traslado de la maquinaria del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de SEDAPAL, consistente en hidrojet y camiones multipropósitos para que, como lo hicieron en el primer período de emergencia, puedan trabajar en la evacuación de las aguas acumuladas en las zonas urbanas, principalmente los pueblos jóvenes y urbanizaciones para los que EPSEL no se da abasto.
AYUDA
Por otro lado, más de 600 toneladas de ayuda humanitaria ha entregado hasta el momento el Gobierno Regional de Lambayeque en 33 distritos afectados por las intensas lluvias desde que se inició la emergencia, en febrero pasado.
En los últimos días se han entregado más de 80 toneladas distribuidas para las zonas más afectadas del distrito de Pacora: Culpón Bajo, Culpón Alto y Huaca Piedra; en el distrito de Íllimo: Siete de Enero, Libertad, Panamericana, Víctor Raúl, Los Geranios, Progreso, La Victoria y Balta; en Jayanca los caseríos Mirador, La Tomasita, San Carranco, El Arenal, Pampa de Lino, Soledad y Cautivo.
De igual manera, se ha trasladado ayuda humanitaria, en coordinación con el Ejército Peruano, a los distritos de Pítipo, Ferreñafe, Mórrope y Salas.
Las autoridades han dado a conocer que desde el inicio de las intensas lluvias se han entregado cinco toneladas de agua, en gran medida, por las gestiones de las autoridades regionales con el sector empresarial.
La ayuda consiste en frazadas, colchones, bobinas de plástico, sacos terreros, planchas de triplay, enseres, linternas, accesorios de construcción, plásticos y calaminas.
La entrega se realiza de acuerdo a los establecido en la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde se establece claramente el cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como que el reparto de ayuda humanitaria debe realizarse de acuerdo a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, que elabora cada municipalidad.
SUSPENSIÓN DE CLASES
Por otro lado, la Gerencia Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL, de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, dispusieron la suspensión del inicio del año escolar hasta el próximo 27 de marzo en todas las instituciones públicas y privadas.
Según explicó el gerente sectorial, Ulises Guevara Paico, la medida es de cumplimiento general, por lo que si algún colegio privado decide adelantar el inicio de sus actividades lectivas deberá contar previamente con autorización de la gerencia, la misma que se expedirá previa inspección de la infraestructura y las condiciones de enseñanza.
“Tenemos que proteger a nuestros niños”, precisó Guevara Paico, quien refirió que en el distrito de José Leonardo Ortiz el inicio de las clases podría aplazarse más de un mes debido al colapso general del sistema de alcantarillado, que pone en peligro la salud de los menores.
COMUNICACIÓN
Debido al cierre del tránsito por la Panamericana Norte Nueva y Vieja, por los desborden que se han llevado parte de la infraestructura vial, el Grupo Aéreo N° 6 dispuso en inicio, desde la tarde del jueves, de vuelos humanitarios entre Chiclayo y Piura.
Para este fin se ha asignado un avión C27 J, que inició sus desplazamientos con 50 tripulantes a los que solo se les requirió la presentación del Documento Nacional de Identidad – DNI.
