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Los regidores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz emplazaron en sesión de concejo el actual del subgerente de Defensa Civil, Arturo Huancas Bejarano, a quien pidieron explicación por el deficiente apoyo a la población durante la emergencia a causa de las lluvias que cayeron sobre el departamento los días 1,2 y 3 de febrero.
De igual manera, los concejales solicitaron que explique, con documentos en la mano, la cantidad de planchas de calamina y triplay que había entregado a los damnificados, debido que en su poder obran denuncias de dirigentes que representan a pueblos jóvenes y damnificados, de haber sido obligados a firmar por más ayuda de la que realmente recibieron.
El regidor Aureliano Castañeda Hernández sostuvo que el funcionario no atendió de manera oportuna a la gente que necesitaba ayuda, debido a que las aguas de las lluvias habían inundado sus casas y los desagües habían colapsado.
Según relató, Arturo Huancas el primer día de la emergencia se comunicó con él a través de su teléfono celular para hacerle conocer que en determinado lugar había necesidad de ayuda, recibiendo como respuesta que iría en forma inmediata.
“Lo he llamado en repetidas ocasiones para encontrar una respuesta inmediata o pronta, pero nunca se hizo presente y es por eso que le digo que es un funcionario paseador e indolente. Es más, ante la insistencia él ya no me contestaba el teléfono, sino otra persona recibiendo como respuesta que el señor no me podía atender por estar ocupado o encontrarse en el COER en reunión, cuando era totalmente falso”, sostuvo Castañeda Hernández.
SIN RESPUESTA
Por su lado, el regidor Isael Bustamante sostuvo que el primer día de la emergencia, el uno de febrero, llamó a horas tempranas al subgerente de Defensa Civil para solicitar apoyo a las familias de algunos pueblos jóvenes, cuyas viviendas se encontraban inundadas.
Sin embargo, este le dijo que se encontraba socorriendo a las familias de la calle Tahuantinsuyo, lo cual llamó su atención ya que el regidor vive por la zona, y desde la madrugada que se encontraba en pie viendo la magnitud de la emergencia de su zona y la de algunos vecinos, no había llegado ningún tipo de ayuda y tampoco al funcionario de Defensa Civil de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz.
“Ha pasado casi un mes de la emergencia y el distrito de José Leonardo Ortiz se encuentra en cuidados intensivos. Vecinos de los pueblos jóvenes y urbanizaciones Las Palmeras, Primero de Mayo, Nuevo San Lorenzo, Santa Ana, San José Obrero, Urrunaga, María Parado de Bellido, Latina, Bolognesi, Upis Artesanos Independientes, y otros más, se encuentran viviendo en medio de la suciedad e inmundicia, debido a que las aguas de las lluvias aún no se han secado y el barro se ha podrido, porque simple y llanamente nadie se ha dignado en ayudarlos. Es más, los desagües se salen al interior de las viviendas”, destacó.
LOS DESAGÜES
Isael Bustamante detalló que en el distrito de José Leonardo no solamente las aguas de lluvias son las que han causado estragos, sino que a ello se ha sumado el colapso de los desagües en diferentes sectores de la zona, convirtiendo las calles en inmensos ríos y lagunas pestilentes.
“Casi cuatro semanas han transcurrido de la caída de lluvias sobre nuestra ciudad, pero si nos vamos por la calle El Dorado, Kennedy o los alrededores de Moshoqueque nos encontramos que la zona está inundada de agua pestilente, que es producto del colapso diario de los desagües, donde también hay responsabilidad de Defensa Civil, porque es la que debe actuar y coordinar con la Entidad Prestadora de Servicio de Lambayeque – EPSEL, para atender la emergencia, pero nada eso y en el lugar todo sigue tan igual como lo estuvo el día en que llovió sobre la región”, destacó.
Agregó que la mañana del sábado varias viviendas del pueblo joven Fujimori y Las Palmeras, amanecieron inundadas con aguas pestilentes debido a que los desagües habían colapsado.
“Junto con los vecinos hemos llamado en reiteradas ocasiones a la central de emergencia de EPSEL. En un primer momento nos respondieron y dijeron que llegarían. Las horas fueron transcurriendo y hasta ahora, tengo entendido, no han llegado”, recordó el fiscalizador.
¿ROBO DE CALAMINAS?
El regidor también denunció ante el seno del concejo municipal de José Leonardo Ortiz la presunta entrega irregular de calaminas y triplay a los damnificados.
“He sido informado por varias personas, entre ellas la dirigente del IV sector del pueblo joven San Lorenzo, Luisa Gladys Cobeñas Palomino, que los damnificados no han recibido la cantidad de donativos que se les hacía firmar en las fichas de entrega”, sostuvo.
Explicó que los damnificados fueron socorridos por Defensa Civil de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, pero al momento de hacerles llenar sus fichas de beneficiarios se les hizo firmar por 18 calaminas y 14 planchas de triplay de ocho líneas. Sin embargo, cuando los damnificados fueron a reclamar el material donado, solamente recibieron 10 calaminas y 6oa 8 planchas de triplay.
“Tengo el testimonio de la dirigente Luisa Gladys Cobeñas Palomino. La señora fue convocada por el jefe de Defensa Civil de la municipalidad de José Leonardo Ortiz para que ayude a ubicar a damnificados y puedan recibir la ayuda. Sin embargo, tras empadronarlos y hacerles firmas las fichas de entrega de calamina y triplay, recibieron menos de lo que habían firmado. Eso se llama robo y se tiene que investigar”, indicó.
MÁS CUESTIONAMIENTOS
Por su lado, el regidor Marino Olivero también cuestionó la forma cómo se habían entregado las calaminas y el triplay a los damnificados, señalando tener conocimiento que algunos de los beneficiarios no reunían el requisito para recibir las donaciones.
“Tengo entendido que algunas personas beneficiadas con la entrega de calaminas, triplay, tanques de plástico y colchonetas, no habían sufrido los embates de la naturaleza en sus casas. Es más, esos beneficiados tienen enormes casas de concreto”, explicó.
En consecuencia, solicitó que el funcionario responsable del área de Defensa Civil, Arturo Huancas, sea invitado a una sesión de concejo extraordinaria para que responda a las interrogantes de cada uno de los regidores, teniendo como base las denuncias de los dirigentes de los pueblos jóvenes.
ARTURO HUANCAS
El subgerente de Defensa Civil no se hizo esperar y se presentó a la sesión de concejo del último lunes para explicar su trabajo y señalar que ningún otro funcionario de la municipalidad de José Leonardo Ortiz había trabajado como él durante esos días de emergencia.
En cuanto a las interrogantes realizadas por los regidores, Arturo Huancas sostuvo que si no pudo llegar al lugar donde los regidores solicitaban atención, era porque las motobombas estaban trabajando en otros sectores.
“Quiero decirle al regidor Castañeda que no soy ningún paseador, sino que la emergencia era en todas partes y era difícil atender el lugar que él quería. Leonardo Ortiz no es solamente el parque San Carlos y la zona de Garcés. En Leonardo Ortiz existe un total de 129 pueblos jóvenes, y era imposible atender a todos”, dijo.
Sin embargo, una vez más el regidor Aureliano Castañeda increpó públicamente el trabajo de Arturo Huancas, y solicitó que presente los libros y planillones de los lugares y los nombres de las personas donde Defensa Civil de Leonardo Ortiz había dado atención.
Como respuesta, Arturo Huancas señaló que debido a la magnitud de la emergencia no le había sido posible ofrecer atención a todos, y de los 129 pueblos jóvenes que existen en Leonardo Ortiz, se había atendido a un 10 %.
De igual manera, señaló que los 45 mil soles que su área tenía presupuestado para atender una eventualidad, en los días de emergencia había gastado 35 mil soles, cuyas facturas las tiene para rendir las cuentas en el momento que culmine el Estado de Emergencia decretado por el gobierno central.
Asimismo, refirió que los 100 mil soles que el gobierno había transferido a las municipalidades para atender la necesidad de la población durante la emergencia, se encuentran intactos; es decir, no ha gastado ni un centavo, debido aún se siguen llenando las fichas de los damnificados.
De igual manera, explicó que en Leonardo Ortiz existen 200 mil habitantes, pero que por falta de maquinaria y apoyo de las autoridades del nivel regional no había podido desarrollar un trabajo alentador.
En otro momento, Arturo Huancas sostuvo que el reparto de las calaminas y del triplay para los damnificados no estaba bajo su responsabilidad, sino del funcionario del área de Programas Sociales Joaquín Guerrero, quien debe explicar si la mercadería a favor de los damnificados había sido entregada completa o no.
Además, indicó que Joaquín Guerrero debe responder y demostrar si ha entregado calaminas y triplay a personas cuyas casas son de material noble sin haber sufrido ninguna consecuencia de la naturaleza.
+ NOTICIAS
El coordinador de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, deberá responder ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público, dos hechos puntuales referidos a la participación de David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, “Gordo” o “Carnicero”, como colaborador eficaz y testigo clave del caso “Hermandad del norte”, así como por el pedido de libertad que el año pasado presentó a favor del conocido delincuente.
Con Resolución N° 01, del Caso N° 31-2017, el fiscal Telésforo Vásquez Figueroa, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de la Oficina de Control Interno del Distrito Fiscal de Lambayeque, emitida el 1 de febrero pasado, resolvió abrir investigación preliminar contra los que resulten responsables por presunta inconducta funcional, luego de recibir el Oficio N° 235-2017, suscrito por la presidenta de la Junta de Fiscales, Mariana Vásquez Zagaceta, dando cuenta de presuntas irregularidades en la procedimiento seguido por la FECOR Lambayeque en el caso “Hermandad del norte”.
Vásquez Zagaceta informó a la Oficina de Control Interno que su despacho recibió los escritos del abogado Luis Verona Sampertegui, patrocinador del investigado Samuel Roncal Miñano, quien puso en autos del Ministerio Público la situación irregular que se estaría presentando en el caso “Hermandad del norte”, respecto al colaborador eficaz 15012016, cuya identidad, como se conoce por audiencia pública, corresponde a David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, a partir de cuyas declaraciones se ha desarrollado la investigación a los presuntos integrantes de la organización criminal.
Expresión en su edición 997 dio cuenta que el Ministerio Público había aceptado que Guerrero Rodríguez se convierta en el colaborador eficaz 15012016 y al mismo tiempo en el testigo clave 1-2016, para corroborar sus primeras declaraciones en el caso “Hermandad del norte”.
Una edición antes, en la 996, este medio también confirmó que Guerrero Rodríguez en el 2012 había recibido el beneficio de la colaboración eficaz, a partir del cual el Poder Judicial dejó sin efecto una sentencia de cinco años de prisión por el delito de receptación agravada, quedando obligado a cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas no incurrir en los próximos diez años en actos ilícitos. Sin embargo, en el 2015 alias “Ñoño” participó del asesinato de Teodosia Flores Vásquez, por lo que se encuentra bajo mandato de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Picsi.
CUESTIONAMIENTO
De acuerdo a la Resolución N° 01, la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque comunicó a la Oficina de Control Interno que era necesario que “se disponga las acciones funcionales correspondientes a efecto de comprobar o verificar la noticia publicada en Chiclayo, respecto a si la persona identificada como colaborador eficaz N° 15012016, en la Carpeta Fiscal N° 20-2016 (Hermandad del norte), tramitada en la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado, anteriormente fue también el colaborador eficaz del Expediente Judicial N° 4986-2010-14, Tramitado en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, siendo el caso que a la fecha la misma persona es también testigo con clave 1-2016, en la Carpeta N° 20-2016, lo cual conllevaría, si es que la noticia es verdadera, a que se disponga las acciones correspondientes a determinar las responsabilidades referidas a identificar al fiscal o fiscales que constituyó al colaborador eficaz 15012016, considerando que anteriormente fue colaborador eficaz con reglas de conducta, así como el fiscal o fiscales que constituyó al testigo clave 01-2016, teniendo en cuenta que este era la misma persona que el colaborador eficaz”.
El abogado de Roncal Miñano presentó la denuncia sustentándose en una publicación del diario La Verdad, que también abordó lo sucedido en el caso de Guerrero Rodríguez, publicación que corresponde al 13 de enero pasado.
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución N° 071-2005-MP-FN-JFS, en su artículo 33), “recibida la queda o subsanada la omisión se podrá disponer: a), abrir investigación preliminar cuando el caso lo amerite; b), abrir procedimiento disciplinario; c), rechazar la queja de plano en los casos previstos en el artículo que antecede, archivándolas”.
RESPUESTA
La resolución de la Oficina Desconcentrada de Control Interno ordenó al coordinador de la FECOR Lambayeque, el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, indique quién era el fiscal a cargo de la Carpeta 20-2016 – Hermandad del norte – para que este explique cuáles fueron las circunstancias por las que se aceptó que Guerrero Rodríguez había sido aceptado como colaborador eficaz y testigo clave en el mismo caso.
En respuesta, el 15 de febrero pasado, con Oficio N° 163-2016-MP-FECOR-CHICLAYO/GMU, el fiscal a cargo de la investigación, Germán Montero Ugaz, se dirigió al despacho del responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de la Oficina de Control Interno del Distrito Fiscal de Lambayeque, para señalar que “toda información que se encuentre en curso es reservada y se determinará en el curso del proceso; es decir, los imputados deberán utilizar los mecanismos procesales que crean conveniente dentro del mismo proceso judicial”.
PEDIDO DE LIBERTAD
El pasado 21 de febrero, en el mismo Caso N° 31-2017, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público, emitió la Resolución N° 3, en la que se dio cuenta que el Oficio N° 421-2017-MP-FN.FSCI.C.P.P. suscrito por el fiscal adjunto supremo Jorge Antonio Bernal Cavero, encargado de la Fiscalía Suprema de Control Interno, recibió la noticia publicada por Expresión, edición 997, en la que se da cuenta que el fiscal coordinador de la FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, solicitaba la libertad del colaborador eficaz 15012016, en el caso Hermandad del norte, identificado como David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, pese a que ha quedado probada su reincidencia delictiva a la que estaba condicionado cuando en el 2012 se le otorgó el beneficio de libertad por acogerse a la figura de colaborador eficaz.
El segundo considerando de la resolución señala que “de la revisión del Semanario Expresión, edición del 19 al 26 de enero de 2017, se advierte que la noticia difundida guarda relación con el Caso N° 31-2017, por lo que corresponde de conformidad a los artículos 581 y 632 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, realizar una indagación preliminar contra el fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a efectos que brinde sus descargos respecto a la noticia difundida en el Semanario Expresión, publicada en las páginas 8 y 9”.
La indagación preliminar es aquella en la cual el órgano encargado investiga una presunta falta en busca de los elementos de prueba, necesarios que le permitan sustentar la respectiva investigación o queja, la cual, de ser atendible, dará inicio al procedimiento disciplinario.
Por la resolución se ha solicitado al fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lambayeque, su informe de descargo en el plazo de cinco días de notificado.
Asimismo, se ordena dar atención a la investigación preliminar iniciada por la Oficina Desconcentrada de Control Interno en relación a la noticia difundida respecto a la condición de colaborador y testigo que los fiscales del caso Hermandad del norte han otorgado a favor de David Ángel Guerrero Rodríguez.
LOS HECHOS
El 20 de septiembre del 2016, el fiscal Carrasco Millones remitió un documento reservado al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, donde se investiga el asesinato de Teodosia Flores, solicitando de manera “muy urgente” “medidas de protección para David Ángel Guerrero Rodríguez”.
Carrasco Millones pidió al juez de Leonardo Ortiz las medidas de protección a favor de Guerrero Rodríguez argumentando que “en el proceso de colaboración se ha venido recabando una serie de diligencias en relación a la desarticulación y tendiente a la captura de la organización criminal Hermandad del norte, integrada aproximadamente por 40 personas, quienes vienen cometiendo una serie de delitos relacionados al sicariato, extorsión, asociación ilícita para delinquir, etc”.
Según el fiscal, alias “Ñoño” venía siendo objeto de una serie de ataques tendientes a causarle daño a su integridad física y familiar al interior del establecimiento penitenciario de Picsi, “por lo que existe abierta una carpeta de medida de protección hacia la familia del colaborador. Asimismo, hasta la fecha existen – dijo Carrasco en septiembre pasado – cuatro ataques a la integridad de la persona”.
El propio coordinador de la FERCOR Lambayeque señala en su escrito que la medida de aseguramiento personal a favor de David Guerrero Rodríguez se entendía como la medida de excarcelación, por lo que solicitaba que se le dicten las reglas de conducta, esto sin considerar que ya en el 2012 el sujeto fue beneficiario de la misma figura sobre una sentencia condenatoria, sin que cumpla con el mandato judicial de no volver a cometer ilícitos.
“Este órgano requiere la variación de la medida de prisión preventiva por la comparecencia con restricciones, para tal fin y de manera reservada solicitamos emita la resolución que ordene la variación de la medida coercitiva y con el fin de que pueda fundamentar su decisión se hace llegar reservadamente copias de lo actuado en el presente proceso de colaboración eficaz”, señaló Juan Carrasco en la parte final de su documento.
Sostiene que tiene la conciencia tranquila y junto a los dirigentes del Partido Humanista Peruano están aptos a colaborar con la justicia, incluso a que se les levante el secreto bancario con el objetivo de demostrar que no tienen nada que esconder.
“Los funcionarios de confianza que trabajaron a mi lado y al lado de Yehude Simon Munaro, durante las dos gestiones humanistas en Gobierno Regional de Lambayeque, están dispuestos a que se les levante el secreto bancario, pero si hay alguno que no quiera hacerlo, es fácil deducir que algo negativo esconde”, sostiene Marco Cardoso Montoya, exgerente de la administración humanista y dos veces postulante a la presidencia de Lambayeque.
Afirma esto en medio de una coyuntura cargada por la sospecha. Hasta el momento se ha dicho que en la nómina de investigación figuran los nombres de 50 peruanos que estarían involucrados en el caso Lava Jato en el Perú, básicamente por sus vínculos con Odebrecht.
En el tema, algunos son investigados o son sospechosos de haber recibido sobornos de la constructora brasileña para favorecerla en las licitaciones de obras públicas.
PROYECTO OLMOS
Marco Cardoso Montoya asegura que el proceso de la firma de contrato con la empresa Odebrecht para el inicio de las obras de trasvase del Proyecto Olmos, se realizó con transparencia; es más, indica que el Gobierno Regional de Lambayeque no tuvo nada que ver en eso ya que todo se ejecutó a través de Proinversión.
Cardoso Montoya solicitó públicamente que el exresponsable de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien se ha acogido a un proceso de delación en el Brasil y colabora con la mención de los funcionarios ligados a los actos corrupción cometidos por la empresa, identifique e individualice a las personas a las que habría entregado dinero para no oponerse o dar todo su apoyo a la ejecución del Proyecto Olmos.
“Si es que Odebrecht entregó coimas en Lambayeque, las opiniones vertidas en torno a este caso son subjetivas. A la fecha no hay una acusación directa por entrega de sobornos a algún funcionario en Lambayeque, especialmente en la gestión del Partido Humanista Peruano”, anota.
Aclara que como ex gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, es una de las primeras personas que se sometería a una investigación y está seguro que no le encontrarán nada negativo. Afirma que la presencia de Odebrecht en Lambayeque ha sido totalmente transparente, hasta el fin del gobierno del Partido Humanista Peruano, el 31 de diciembre del 2010.
“Tengo la conciencia tranquila y junto a los que somos del Partido Humanista estamos aptos a colaborar con la justicia, incluso a que se levante el secreto bancario con el objetivo de demostrar que no tenemos nada que esconder. Jorge Barata debe precisar si hubo entrega de dinero o no para la ejecución o firma de contrato del Proyecto Olmos”, detalló.
Afirma que los críticos al Proyecto Olmos, como es el caso del ingeniero Humberto Heredia Morales, miembro de la Comisión Técnica del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, solo “dicen medias verdades, las que al final son mentiras absolutas”.
“Hay gente que ha tenido la osadía de señalar que la campaña electoral del líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon Munaro, fue financiada por Odebrecht, pero eso es totalmente falso. Que quede claro: Odebrecht no financió la campaña humanista”, señaló.
LA LICITACIÓN
Para la ejecución del componente de trasvase del Proyecto Olmos, en ese momento (2004) postularon seis empresas internacionales, las que compraron las bases, pero en el camino, como era un concurso con presentación de proyectos integrales, algunas solicitaron la ampliación del plazo para que puedan adecuarse y participar.
El hecho – explica- es que no se dieron las facilidades para la ampliación del plazo y así el total de empresas puedan postular, siendo Odebrecht la única empresa que quedó.
Marco Cardoso resalta que el Estado Peruano, durante la gestión de Simon Munaro como presidente de Lambayeque, convocó a una licitación pública internacional para concesionar la construcción, operación y mantenimiento del trasvase de Olmos, proceso que ganó Odebrecht, ya que no hubo otro postor. Las otras empresas no reunían el perfil requerido y los plazos habían culminado tal y como las bases lo mandaban.
“Por la ejecución de la obra, que comprendía el túnel y la presa de embalse Limón se pactó un costo de 185 millones de dólares como precio total. De ese monto, el Estado aportó 77 millones de dólares no reembolsables y los otros 108 millones fueron aportados por créditos y bonos de Odebrecht pero avalados por el Estado peruano”, explica Cardoso Montoya.
LAS TIERRAS
Marco Cardoso cuestiona que tanto Humberto Heredia como el rector de la Universidad Particular de Chiclayo, Alberto Ortiz Prieto, señalen que desde que se concibió el Proyecto Olmos, los lambayecanos lucharon para que las tierras sean manejadas por los pequeños agricultores, sabiendo que estos no hubieran podido pagar las tarifas de agua fijadas como parte del diseño económico de la obra.
Sin embargo, Marco Cardoso sostiene que si bien hubo cierto desacierto en la venta de grandes lotes de tierras, esa no fue responsabilidad de Yehude Simon Munaro y del gobierno humanista, sino de la gestión que a partir del 2011 asumió la responsabilidad, liderada por Humberto Acuña.
y que hasta ahora lo tiene el gobernador Humberto Acuña Peralta y del gobierno de Alianza Para el Progreso.
LOS PAGOS
El ex gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque sostuvo que durante el mandato humanista no se hizo un solo pago adicional a Odebrecht, y los que se han hecho corresponden a la actual gestión de Humberto Acuña Peralta, bajo la modalidad de adenda.
Cuestiona, por ejemplo, el pago de cerca de 50 millones de dólares que hizo la actual gestión regional por el pago de perjuicios generados en las obras del túnel del Proyecto Olmos.
“En nuestra gestión el contrato fue bien hecho y respetado, tanto así que cuando Odebrecht pretendió cobrar una suma millonaria, esto no se realizó por no estar estipulado en los puntos económicos del contrato. No estoy acusando al gobierno de Humberto Acuña de actos dolosos o de presunta corrupción a favor de la concesionaria, sino demostrar que el publicitado pago único de cinco millones de dólares a la subsidiaria de la constructora brasilera Odebrecht es una verdad a medias”, sostuvo.
Debido a los problemas constructivos –señala- como los estallidos de roca en las labores de perforación del Túnel Trasandino ocasionaron retrasos que afectaron a la empresa en el percibimiento del monto por pago de obra y, por ende, al perjuicio financiero. A ello se suma que de acuerdo al contrato, la concesionaria debía ser compensada por dicho perjuicio.
“El perjuicio económico se refiere a los sobrecostos que se generaron en la perforación del túnel, como el daño a la máquina TBM a consecuencia de los estallidos de roca que empezaron a presentarse desde el 2009, los que estaban en los acuerdos de los términos del contrato por tratarse de eventos geológicos no previsibles”, sostuvo.
Explica que como eran eventos naturales correspondía otorgar ampliaciones de plazo y adicionalmente reconocer el perjuicio económico financiero que dichos atrasos pudiera ocasionar a la empresa concesionaria.
“Es bueno tener en cuenta que de las tres ampliaciones de plazo otorgadas por el Gobierno Regional de Lambayeque, dos se dieron durante la gestión humanista y una en la gestión del presidente Humberto Acuña. Es decir, ellos también reconocieron la pertinencia de estas ampliaciones justiciadas. Lo que me molesta es que los líderes de Alianza Para el Progreso se empeñen en afirmar que la gestión anterior pretendía que se le paguen a la concesionaria más de 71 millones de dólares por perjuicio financiero y perjuicio económico, cuando eso es falso”, acotó.
Aclara que el informe fue presentado el último día hábil del mandato humanista en el Gobierno Regional, es decir el 31 de diciembre del 2010, por lo que su análisis y determinación correspondía a la nueva administración, es decir al gobierno del presidente Humberto Acuña.
ADICIONALES
De igual manera, añade que en su mandato el humanismo no reconoció pagos adicionales fuera del marco legal ni de las condiciones contractuales a la empresa concesionaria, citando como el ejemplo la negativa en atender un pedido económico adicional a modo de reparación por los daños que causaron a la infraestructura en construcción las lluvias presentadas en el 2008.
“El reclamo era de 20 millones de dólares y según la empresa este se justificaba en los daños que las lluvias y desprendimientos de roca en el tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry habían generado a los trabajos del trasvase. Dicho monto nunca se pagó porque el procedimiento pericial fue ganado por los técnicos y abogados del PEOT”, detalla.
Explica que el informe de la Universidad del Pacífico no era vinculante ni para el Gobierno Regional ni para el PEOT, que como organismo supervisor del proyecto debía emitir su opinión favorable o negativa sobre los montos,
“Si el informe de la Universidad del Pacífico ingresó al Gobierno Regional el 31 de diciembre del 2010, del tema no se volvió a hablar sino hasta abril del 2011, cuatro meses después de iniciado la gestión de Alianza Para el Progreso. Por decisión unilateral, en junio, la Concesionaria Trasvase Olmos paralizó la perforación del Túnel Trasandino, medida que nuevamente adoptaría en agosto de ese mismo año por la no respuesta del Gobierno Regional. En medio de la crisis, la administración Acuña contrató la asesoría del analista Sergio Bravo Orellana, quien en su informe opina que 33 millones de dólares se le debe reconocer a la empresa concesionaria”, indicó.
No contento con la opinión del estudio de costos, el Gobierno Regional de Lambayeque contrata a un segundo consultor, Jorge Alva Hurtado, quien se encargó de analizar los sobrecostos generados en las tres ampliaciones que el Gobierno Regional aprobó a favor de la concesionaria: dos en la gestión humanista y una en la gestión apepista
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“El resultado fue cinco millones 92 mil 258 dólares, a los que se agregaron cuatro millones más correspondientes a los seguros. En total, a Odebrecht se le debía pagar nueve millones 92 mil 258 dólares”, explica.
Finalmente, la cifra pagada por perjuicio financiero a la concesionaria asciende a 46 millones de dólares a los que deben sumarse los más de nueve millones por sobrecostos.
“Queda claro que existe la intención de desinformar respecto a cuánto se le ha pagado a la concesionaria durante esta gestión. La controversia es básicamente fijada entre abril del 2010 y julio del 2011 y por ese tiempo se han pagado, por ambos conceptos un total de 55 millones 92 mil 258 dólares y no solo los cinco millones que el presidente regional y su entorno difunden en todo tipo de espacio. En pocas palabras, Acuña ha pagado más de 55 millones de dólares a Odebrecht. Una verdad a medias equivale a una mentira”, recalcó.
El Comité Cívico de Lambayeque, constituido como portavoz de las organizaciones de la sociedad civil del departamento, ha elevado un memorial al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el que expone los principales problemas que afectan a la población, solicitando la inmediata intervención del Ejecutivo para que se inicien acciones que permitan superar, por ejemplo, el crítico estado del saneamiento básico y la carencia del drenaje pluvial.
El documento da cuenta que los representantes de instituciones de la sociedad civil y del empresariado de Lambayeque, reunidos en asamblea ciudadana el 20 de febrero del presente, luego de constituirse en Comité Cívico de Lambayeque, con una dirección colegiada conformada por representantes de siete instituciones, acordaron dirigir el memorial demandando la acción del Estado ante la situación que se vive en las tres provincias de la jurisdicción.
Se relata que a 30 días de las precipitaciones registradas en Lambayeque, gran parte de la población se encuentra todavía bajo los efectos negativos de estas, como el colapso y deterioro de miles de viviendas, daños a la propiedad pública (incluyendo cientos de instituciones educativas y de Salud), el colapso del sistema de alcantarillado y recortes de los servicios públicos básicos como el agua potable y la energía eléctrica. A esto empieza a sumarse el surgimiento de plagas y aparición de vectores por la acumulación de basura, aguas pluviales y de los desagües.
“Señor Presidente, si bien los daños a la propiedad pública están en proceso de evaluación, solicitamos también incluir la valorización del daño a la propiedad privada y los gastos adicionales que nos ha generado en pérdidas de tiempo, de trámites, de reposición y cambio de lo perdido o deteriorado. La suma total debe llegar a cientos de millones de soles y ello significa que Lambayeque va a retroceder algunos años en su desarrollo y los índices de pobreza y extrema pobreza se va a incrementar.
SANEAMIENTO Y DRENAJE
Informan al mandatario nacional que en el caso de las grandes ciudades como Chiclayo, La Victoria, José Leonardo Ortiz, Lambayeque y Ferreñafe los impactos más negativos pudieron reducirse si es que se contara con dos obras importantes: el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado, capaz de funcionar incluso en situaciones extremas, y un Sistema de Drenaje Pluvial con capacidad de evacuar las aguas de lluvia o de desbordes de ríos, acequias o quebradas.
“Tenemos y vemos con agrado que la Municipalidad Distrital de la Victoria cuenta con un Proyecto de Drenaje Pluvial para su jurisdicción, sabemos también que existen otras iniciativas en ese sentido y, por ello, estamos coordinando para que sirvan de base o referencia para la formulación de un proyecto integral de drenaje pluvial. Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra honda preocupación al conocer que desde 1997 el Colegio de Ingenieros deI Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, alcanzó a las autoridades locales los Términos De Referencia – TDR, de un proyecto integral de esta naturaleza sin que se haya tomado acción alguna”, denuncia el Comité Cívico de Lambayeque.
Señalan que a pesar de su importancia, a pesar de ser legítimas demandas sociales, estas obras no han sido priorizadas por el Estado en sus tres niveles de gobierno y, por ello, existe la percepción que el Estado no invierte los recursos en asuntos que afectan las vidas, las propiedades de la población y de allí la justificada reacción en contra de ellas.
DINERO MAL GASTADO
La sociedad civil a través del Comité pone énfasis al denunciar que el Estado, principalmente a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha aprobado y financiado varios proyectos de infraestructura básica hasta por un monto superior a los mil millones de soles en los últimos 10 años. Sin embargo, estos han sido desarrollados con un enfoque parcial, limitado y “en muchos casos ejecutados por empresas que no han tenido ni la eficiencia ni la transparencia que se requiere”, lo que originó deficientes resultados, no ejecución, paralización, no recepción o judicialización con los graves e intolerables efectos para las poblaciones afectadas.
“Por ello consideramos importante la intervención del Ejecutivo para destrabar estos proyectos, transparentarlos e insertarlos en una visión global que implica el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado que estamos reclamando para el departamento. Pero también consideramos importante demandar la intervención de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, que está con la marca de ineficiencia, gestión poco transparente e incapaz de auto reorganizarse a pesar del tiempo transcurrido y el clamor popular”, afirman las organizaciones e instituciones sociales y empresariales.
AYUDA EN LA EMERGENCIA
En el memorial, los firmantes dejan claro que no solo hay preocupación por la infraestructura, también llaman la atención del presidente de la República sobre la ayuda humanitaria que ofrece el Estado a través de instancias como el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, el COER y a varios organismos públicos.
“Debemos hacer de su conocimiento que la ayuda humanitaria está llegando con lentitud, lo que de por sí agrava el sufrimiento de las personas damnificadas o afectadas. Por ello consideramos que debieran agilizarse los procedimientos y sobre todo conformarse equipos de trabajo que garanticen la operatividad de la ayuda, para que esta llegue a su destino en las horas siguientes de producida la emergencia”, mencionan.
Explican que ha quedado demostrado que los materiales que se otorgan no son del tipo que se requiere y tampoco en la cantidad que se necesita (14 calaminas, 8 planchas de triplay, unos metros de plástico y un balde), lo que no le permite a la gente resolver el problema de la vivienda.
“En los pocos casos que se instalan carpas de material plástico y se entregan frazadas estas resultan inapropiadas para las altas temperaturas de estos meses. Igualmente la ayuda alimenticia no es cubierta por el Estado y menos el problema de la cama y vestido en los primeros días, que son los más críticos de toda emergencia. En estos temas organizaciones de la sociedad civil y del empresariado han mostrado ser mucho más eficientes distribuyendo rápidamente y sin muchas trabas ayuda alimentaria a los dos días de producida la emergencia”, detallan.
RETROCESOS DEPARTAMENTALES
Asimismo, comunican al presidente de la República la profunda preocupación del Comité Cívico porque “existe la sensación que Lambayeque no se está desarrollando o en todo lo caso lo hace de manera tan lenta que da la impresión de estancamiento real en los últimos 15 años”.
“En respaldo de nuestra tesis están los indicadores de Índice de Desarrollo Humano (PNUD), Evaluación Censal de Estudiantes (MINEDU), Índice de Competitividad Regional (IPE), ENAHO (INEI), Presupuesto Per Cápita por Departamento (MEF) que muestran el deterioro de indicadores claves para el desarrollo regional, habiendo descendido del puesto 6° al 9° de los 24 departamentos del país. En el futuro la sociedad civil departamental y el empresariado seremos capaces de abordar estos grandes temas y seguramente estableceremos puentes con el Ejecutivo para que nos ayude a reflexionar y a encontrar soluciones”, advierten.
PETITORIO
Con la seguridad que junto a sus asesores y Ministros, el mandatario nacional la sabrá aquilatar y responder en el plazo más breve posible, a fin de informar a la ciudadanía departamental para que tome los acuerdos y procedimientos a que haya lugar, el Comité Cívico de Lambayeque ha presentado los siguientes pedidos:
Que el Gobierno Nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento declare de interés público la formulación, aprobación y ejecución del Proyecto Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Departamento de Lambayeque como solución integral al problema del servicio de agua potable y alcantarillado, articulando los proyectos en actual ejecución o en proceso de aprobación o ejecución. Este proyecto deberá estar coordinado con el Sistema de Drenaje Pluvia.
Que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designe una Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los proyectos de saneamiento básico de Lambayeque que están en situación de no ejecutados, paralizados, judicializados o demorados con la finalidad de destrabarlos y lograr que cumplan las metas propuestas en los expedientes, evitando los adicionales de tiempo y presupuesto. Esta Comisión debiera incorporar a dos representantes de la sociedad civil y un representante del Gobierno Regional de Lambayeque.
Solicitar la intervención y reorganización total e inmediata de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, a través de los órganos correspondientes y estableciendo una administración eficiente y transparente que mejore sensiblemente la calidad del servicio que se presta a la población y que se garantice la participación de instituciones de sociedad civil departamental.
“Tenemos la seguridad que la actuación de entidades con competencias en situaciones de emergencias puede ser mejorada a la luz de los aprendizajes de estas. Sin embargo, para la sociedad civil departamental es urgente modificar las normas que hagan posible que a cada familia damnificada se les otorgue tres paquetes de emergencia: un paquete que les permita contar con un ambiente cerrado, de emergencia en el propio lugar de su vivienda (actualmente entregan calaminas, triplay y plástico que no son suficientes); que se les entregue un paquete de alimentos (incluyendo agua) para afrontar los primeros cinco días que son críticos (actualmente se distribuyen pocos tanques de agua) y, de ser necesario, un paquete con cama y ropa de vestir. Esto permitirá impregnar a la ayuda humanitaria un toque de dignidad tanto para la entidad que brinda el apoyo y para la que lo recibe. También podría ser una opción que la ayuda humanitaria se concrete en la expedición de una ayuda económica para que cada familia priorice lo que tiene que adquirir para salvar la situación de emergencia”, señala el memorial.
Piden también que, dada la situación de emergencia, el gran impacto en la economía de las personas, especialmente en zonas vulnerables y de pobreza, los programas nacionales de asistencia social puedan incorporar mecanismos extraordinarios para apoyar a estas familias por un período determinado. “En tal sentido estamos solicitando una Reunión de Trabajo con el Prefecto Regional y la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza a través del cual se puede presentar propuestas concretas para dar cumplimiento a lo establecido por el decreto supremo que declara la emergencia el Departamento de Lambayeque”, indican.
Asimismo, solicitan la realización de una sesión de Consejo de Ministros descentralizada, en la ciudad de Chiclayo, en la que se otorgue un tiempo a un representante de las provincias de Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo y uno del Comité Cívico de Lambayeque para presentar sus respectivas propuestas de desarrollo, a fin de que sean consideradas por el Ejecutivo.
“La sociedad civil y el empresariado de Lambayeque han tomado nota del interés de su persona por enfrentar el problema del saneamiento básico en nuestro país y promover una Revolución Social, que por su naturaleza tiene que ver con la apuesta por una Vida Digna para toda la población. Este interés está en blanco y negro en su Plan de Gobierno y lo ha ratificado en su primer Mensaje a la Nación. Por ello abrigamos fundadas esperanzas que nuestras demandas encontrarán en usted el apoyo que requieren para materializarse”, finalizan las organizaciones de la sociedad civil.
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