Es difícil ya concebir la independencia como producida específicamente el 28 de julio de 1821. Cuando se plantea como un hecho iniciado en 1820 y concluido en los campos de Ayacucho en 1824 o con la capitulación del Callao (1826), se sigue sin posibilidades de encuadrar el proceso en su totalidad.
Así las cosas puede darse el caso de minimizar o, inclusive, negar la participación peruana en la gesta. Consideramos que, para enfocar más cabalmente el problema, debe entenderse la independencia a partir de la crisis del imperio español en el Perú (siglo XVIII).
Aquí se ha ubicado antes la rebelión tupacamarista porque, siendo esencialmente separatista, tuvo también otros elementos sociales que la hicieron un hito temprano y crucial para la independencia como realmente se dio en el Perú.
Los resultados de esa rebelión ensombrecieron la situación social y política a tal punto que en la América española no se presentaría otra coyuntura rebelde de esa magnitud como producto de fuerzas endógenas. Las producidas hacia fines de las dos décadas iniciales del siglo XIX tuvieron ventaja de ser generadas por las condiciones que se presentaron en la metrópoli (1808-1814 y 1820).
Aun así, no se produjo un movimiento generalizado y sincronizado y más bien los levantamientos fueron “regionales”. La iniciativa fue ganada por las zonas “marginales”. En el Alto y Bajo Perú, Chile y la zona del Plata, la constante fue una contraposición a la capital virreinal peruana identificada desde tiempo antiguo como la metrópoli visible.
Esa fase regionalista fue doblemente separatista. La idea emancipadora con respecto a la metrópoli ultramarina iba unida a la de creación de un régimen separado del resto de los dominios españoles.
A partir de 1816, en una segunda fase, surgió la posibilidad real de crear un macro régimen compuesto por los dominios españoles en América.
Ambas fases constituyen grandes alternativas, pero al mismo tiempo tuvieron poderosas limitaciones. La falta de unidad de criterios en los planteamientos y de consenso en los programas de acción al interior de los distintos segmentos americanos condujo al fracaso a los levantamientos separatistas. En unos casos (el peruano, por ejemplo), incluso impidió la formación de un movimiento que salvase las barreras estrictamente locales, salvo en 1814, año que marca el final de los intentos internos peruanos por lograr la independencia con fuerzas propias. En adelante, hubo que esperar la intervención solidaria de los recientemente formados países vecinos.
La misma falta de unidad y consenso, pero a nivel continental, hizo imposibles los esfuerzos bolivarianos por crear una patria grande americana.
No fue el Perú precisamente un observador pasivo al momento de la independencia. Más bien los hechos confirman manifestaciones decididas a lo largo de décadas anteriores a la gesta. Desde la primera parte del XVIII, en el Alto y Bajo Perú se dieron los primeros programas políticos anticoloniales, siendo el Alto Perú (1809) el primero que se manifestó por la autonomía. Empero, el hecho de haber permanecido relativamente inactivo al momento de la separación política efectiva, ha dado pie a interpretaciones que aseveran la falta de decisión peruana para emanciparse. Sin embargo, este fenómeno se produjo en condiciones específicas.
LOS CRIOLLOS, LOS INDIOS Y LA INDEPENDENCIA
La lección más importante sacada por los sectores criollos luego de la coyuntura rebelde de 1770-1780 se relacionaba con los participantes en las acciones venideras. Si bien es cierto que se presentaba la oportunidad de adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por los borbones, en última instancia se tenía como ineludible un rompimiento político con España.
Durante el siglo XVIII sectores propietarios rurales y urbanos habían pretendido una separación utilizando para ello a la población indígena como fuerza principal y a curacas en la dirección y conducción del levantamiento. La rebelión tupacamarista mostró diáfanamente los peligros que traería consigo estos compromisos. En la realización de la rebelión aparecían curacas como los principales responsables, en tanto los criollos se mantuvieron a la espera de los resultados y luego de la masacre de Sangarará se retiraron oportunamente.
Convencidos de la necesidad de separarse de España, los criollos pensarían ahora más de una vez antes de convocar a la población indígena. Temerosos de un desborde social de la magnitud que alcanzó en 1780 (en especial en el Alto Perú), los criollos buscaban nuevas fórmulas para lograr su objetivo. En el Perú no tuvieron gran repercusión los sucesos haitianos de 1791 por la solo relativa presencia de la población negra.
En ese contexto cambió la actitud de los criollos para con la población indígena. A fin de mantener el control del movimiento y evitar el desborde popular, los criollos se convencieron de la necesidad de ponerse al frente del movimiento ocupando abiertamente la dirección. Mientras en las rebeliones del siglo XVIII se trató de contar desde un principio con la presencia de elementos indígenas, en las del siglo XIX los dirigentes criollos buscaron incorporar representantes indígenas a las juntas solo en un segundo momento.
Debe diferenciarse la actitud de los criollos en especial entre limeños y provincianos. Mientras los primeros se hallaban más propensos a un entendimiento con la corona, los segundos estuvieron más decididos a separarse de España. A partir de 1814, sin embargo, los criollos de las provincias sur andinas imitaron a los capitalinos. En el centro y el norte se mantuvo la separación como una alternativa. Por regla general, ya en la fase final (desde 1814), los criollos se manifestaron leales o rebeldes en función de las fuerzas predominantes en un lugar.
LOS EJÉRCITOS
En el siglo anterior se quiso reeditar la acción de los tiempos de la conquista del Tahuantinsuyo y guerras civiles entre los conquistadores. En esa oportunidad (y en muchas otras) los ejércitos de los conquistadores iban escoltados por otros de indios “amigos” o “aliados”. Esos destacamentos de nativos fueron, probablemente, los principales combatientes en los encuentros.
Era evidente que para enfrentar a un poder como el español, se necesitaría un ejército – sobre todo en el Perú – que debía componerse de indígenas de la misma manera que el ejército colonial. Las fuerzas con que José Manuel de Goyeneche aplastó a la junta de La Paz contaron con el apoyo de los curacas realistas Mateo Pumacahua y Manuel Choquehuanca. Pese a sus reticencias, los criollos tuvieron que aceptar la idea de “aliarse” con curacas. En un principio la junta de La Paz de 1809 no había considerado incorporar a la elite indígena en calidad de aliada. Sin embargo, al quedar claro que los criollos carecían de fuerzas propias, tuvieron que convocar a representantes indios de Yungas, Omasuyos y Larecaja.
En la forma en la que realmente se dieron las luchas, la población indígena fue imprescindible. Ya como soldado de línea, ya como guerrillero, el indígena peruano integró los ejércitos de los insurgentes y del rey. Luego de la independencia siguió participando en las numerosas y enredadas luchas intestinas y externas.
En la práctica, el acercamiento de los insurgentes y realistas a la población indígena fue muy medido. Las “alianzas” se dieron solo a nivel de determinados curacas y por el tiempo preciso para los fines de movilización de tropas y la labor de secundar a los líderes insurgentes o realistas en un levantamiento dado.
PROYECTOS INDÍGENAS
La población indígena tenía sus propias reivindicaciones, mas no las posibilidades de lograr sus cometidos. Los motivos de sus quejas eran evidentes y venían arrastrándose a lo largo del régimen colonial. Su oposición a dicho régimen incluía la defensa de sus tierras, la lucha contra el trabajo forzado en unidades productivas y las cargas fiscales. Lo que produjo una contradicción social fundamental entre el campesinado indígena y los sectores dominantes. Fuesen españoles o criollos. Al carecer de sustento político, sus proyectos sociales pretendían destruir el orden existente pero sin proporcionar una perspectiva viable. El referente más conocido era el orden prehispánico y, por ello, no debe extrañar que sirviese de guía en numerosas ocasiones.
En la práctica, todos los proyectos de ese momento tuvieron, en mayor o menor grado, un carácter anticolonial. No podía ser de otra manera desde fines del siglo XVIII. Ya habían quedado atrás las luchas por alguna reivindicación específica, en especial las revueltas llamadas antifiscales. Hubo numerosas manifestaciones, aunque muchas de ellas quedaron en la fase conspiratoria.
No obstante tener definida la dirección anticolonial (aun con disidencias), los movimientos no son muy claros en cuanto al régimen a implementar luego de alcanzada la victoria.
LOS PROGRAMAS DE LUCHA
Un aspecto claro era que debía permanecer el mismo orden de jerarquías. Al margen de los resultados militares, la nueva sociedad reproduciría la misma escala de subordinaciones que la colonia. El móvil inmediato era revertir la situación anterior y asumir la “herencia” plasmada en las estructuras de poder que dejaban las autoridades virreinales. Es decir, se planteaba una transferencia del poder sin modificar las estructuras coloniales vigentes en el interior.
Scarlett O’Phelan encuentra determinadas constantes en los programas políticos de los movimientos en el sur andino. Para los movimientos del siglo XIX ya ha dejado de tener peso la idea de coronar un inca. Eso se debe a la circunstancia anteriormente indicada: la dirigencia no debía ser indígena. La excepción la constituye el levantamiento cuzqueño de 1805 – temprano con relación a la etapa final de las luchas – que pretendió poner a Manuel Valverde y Ampuero a la cabeza del movimiento por ser descendiente de los incas.
En este período se mantiene vigente la necesidad de una alianza con la elite indígena, pero sin otorgarle un papel protagónico. Resalta también la actitud de las partes insurgentes para con la iglesia. Por lo general, la iglesia y el clero debían conservar sus posiciones privilegiadas en un eventual nuevo régimen. Por el papel que jugaba la iglesia en la vida cotidiana, no se concebía una sociedad sin su participación activa. Prácticamente todos los proyectos incluyeron, implícita o explícitamente, a la iglesia como uno de los pilares para la construcción de la nueva sociedad.
De ahí que los levantamientos incluyeran a curas doctrineros en sus mandos o, al menos, en comisiones de confianza (redacción y difusión de proclamas). Máxime cuando el bajo clero cooperó abierta y frecuentemente con la lucha anticolonial. Clérigos criollos y mestizos tuvieron una gran capacidad de convocatoria (inclusive, sin los riesgos que traían consigo los curacas) y su dominio de las lenguas nativas los hacían doblemente valiosos. Algunos de ellos tuvieron mando de tropas, como por ejemplo el cura agrarista Idelfonso Muñecas y Aluralde en el Alto Perú.
De otro lado, un elemento constitutivo esencial en los programas fue el rechazo a los peninsulares. La oposición a los “godos” o “chapetones” sirvió para aglutinar a los criollos y mestizos, sobre todo durante el virreinato de Fernando de Abascal, quien fuera especialmente adverso a los criollos en las colocaciones burocráticas. Precisamente, la separación venía a ser una inmejorable oportunidad para realizar su anhelo de acceder a los cargos políticos más prominentes.
Pese a lo dicho, los criollos no vieron siempre a los peninsulares como adversarios. La colaboración fue más frecuente que el enfrentamiento, y demostraron solidaridad aun cuando los peninsulares fueron perseguidos y sus bienes confiscados por el ministro Bernardo Monteagudo en 1821.
La población indígena tampoco era precisamente muy afecta a los peninsulares, pero no diferencia bien entre españoles peninsulares y americanos. Tal vez porque ellos mismos no se diferencian en sus tratos al común de los indios.
Estas antipatías sociales y étnicas impidieron la celebración de alianzas sociales (y no solamente políticas entre dirigentes) en la gesta emancipadora.
Las estructuras coloniales político – administrativas serían mantenidas intactas en el nuevo régimen. Cambiarían las autoridades y alguna que otra denominación de los cargos. Los movimientos procedían inmediatamente al reemplazo de autoridades. Con esa medida se iniciaron los levantamientos de La Paz (1809) y el Cuzco (1814). Los subdelegados que apoyaban la causa insurgente podían mantenerse en sus puestos. Así sucedió en el Cercado del Cuzco, Urubamba, Abancay y Quipiscanchis. En La Paz se marginó a todos los no criollos (inclusive el mestizo Pedro Domingo Murillo fue separado de la conducción). El cargo político otorgado a Pumacahua en 1814 fue solo nominal y obedecía al amplio apoyo que brindaba al movimiento.
En cuanto a las bases económicas, los programas contemplaban tan solo ciertas modificaciones; más vinculadas con las cargas fiscales que con las mismas actividades productivas o comerciales. Estos cambios eran muy selectivos y estaban en función de los intereses de los criollos. Se privilegiaron las transformaciones concernientes a las aduanas, alcabalas, tráfico comercial, monopolios estatales, etc. En cambio, no hubo interés en resolver los problemas que aquejaban a la población indígena. Entre sus demandas no se encontraban, por ejemplo, la eliminación de la mita, del tributo, de las relaciones serviles, ni mucho menos, abandonar la dependencia de las exportaciones de materias primas mineras y agrícolas.
(*) Magíster en Historia Económica, Premio Nacional “Alma Mater” a la investigación científica.
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