En los últimos días, el locuaz gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, y una serie de autoridades y representantes de la sociedad civil, han suscrito una Declaración por la Integridad con la ayuda de USAID, comprometiéndose a adoptar estándares de integridad en las contrataciones y proyectos e intervenciones de inversión pública, rechazando de plano todo acto de corrupción por ser la principal causa que obstaculiza la productividad del sector público y privado.
La perorata a lo que nos tienen acostumbrados los líderes políticos y autoridades de turno, quienes cada vez que se les ocurre buscan formas desfachatadas para decir que lucharán contra el mal endémico llamado corrupción, nos llama a reflexionar que lo que bien pueden estar pensado, en realidad no es sino una disparatada más cuando se trata de hacernos creer que la acción que tomarán desde una mesa de diálogo, descabezará al monstruo.
Olvidan que la batalla para aniquilar a este mal, es librar la batalla en las entrañas de la gestión pública, donde mora este flagelo que daña y mata con peculiar celeridad.
La corrupción engrandecida
Durante décadas, la acción conjunta de varios órganos para luchar contra la corrupción ha sido un fiasco, una película repetida y una vil mentira.
Como bien sabemos y nos informan, la corrupción crece sostenidamente en el país y también es muy sabido que hay una normalización del robo sistemático de los dineros del Estado, por lo tanto, pretender que con mesas de diálogo, acuerdos y declaraciones conjuntas se puede destruir a este endémico mal, no es verosímil ni acertado, sobre todo cuando los que se proponen combatirla. Pretenden luchar contra ella desde una mesa, cuando bien se conoce que uno de los frentes donde habita esta lacra incesante es la interna de los gobiernos regionales y municipales, donde los corruptos engrandecen sus bolsillos con total impunidad.
¿Cómo se lucha?
Cuando el enemigo arrecia, la lucha debe ser frontal y efectiva, más aun cuando el enemigo es invasivo, muta y se recompone con total celeridad, en este sentido, la permisividad de los actores firmantes de acuerdos o declaraciones, no son conducentes a la reforma moral que cada vez más coloca a la nación como una sociedad invadida por delincuentes de saco y corbata arraigados en varios estamentos públicos con la costumbre del lucro informal y la codicia facilista de hacer suyo los dineros del Estado.
Por tal razón, la lucha contra la corrupción debe ser sabia y cruenta, por un lado utilizando el sistema Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE), y en otra línea procurando que la justicia se encargue de ellos, siempre y cuando ésta actué con eficacia y propiedad, y no seamos proclives a ser la causa de lo dicho por San Agustín, quien reflexivamente decía: “Un país sin justicia, es una banda de ladrones”.
Es tarea de todos
Sin duda que, mirar de costado al robo sistémico de los dineros estatales, que por cierto han contaminado por decenios a gran parte de generaciones, no suma e imposible desterrar este problema sino hay una sanción drástica y efectiva contra sus actores insanos y despiadados, que con vehemencia y actitud gansteril se hacen de lo que no deben y se enriquecen con total impunidad, maniobrando o manipulando para ello los sistemas de justicia y así salir bien librados para proseguir con la faena de desmadrar al país, mientras que quienes somos víctimas de esta ratería mantenemos el silencio cómplice y el desdén.
A Ud. señor gobernador
Le puedo decir: Su locuacidad sobredimensionada y sus propósitos no serán el arma letal para combatir la corrupción. Como toda contienda se gana en los campos de batalla con total valentía y proactividad. Debe usted saber, señor gobernador que allí hay que combatir, no en su despacho, en mesas y proscenios con resguardos incluidos que nos cuestan a todos.
De esa forma no se enfrenta a esta lacra mal habida, más aun porque como líder de un estamento gubernamental tiene la obligación ineludible de velar por la probidad y honestidad de su aparato funcional, que parta de un cambio moral de las personas y la identidad insustituible con la decencia y la moralidad prevalente para lograr el cambio particular de la forma de actuar de quienes tienen a su cargo el manejo de los dineros asignados, y no buscar aliados que tienen otros quehaceres diferentes a los suyos.
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