No cesan los cuestionamientos. Al parecer en la interna de la comuna de Chiclayo los funcionarios encargados de llevar a cabo los procedimientos selectivos para la adquisición de bienes y la ejecución de obras, en su mayoría son cuestionados por la falta de transparencia y la legalidad, aspectos que deben imperar en todo acto administrativo.
En los últimos días, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ha emitido un Informe de Control Específico respecto a hechos con presunta irregularidad que se habrían dado en el proceso convocado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, para la adquisición de 14 compactadoras por un valor estimado superior a los ocho millones de soles, las cuales servirán para mejorar el recojo de los residuos sólidos de la ciudad.
Los cuestionamientos
El informe del ente contralor nos muestra cómo los funcionarios encargados de llevar a cabo los actos procedimentales para la compra de las compactadoras, haciendo uso y abuso de la autoridad conferida y tabla rasa de la Ley de Contrataciones del Estado, sin un sustento legal aparente, aplicando argucias desmedidas producto de una excesiva acuciosidad al margen de la ley, han logrado – según el OCI – tomar sesgadas e inadecuadas decisiones evaluativas con temeridad y, de un sopetón, en uno de los casos, lograron descalificar la oferta del postor que habiendo cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos en las bases del proceso, le impidieron obtener la buena pro. Esto, pese a que ofertó un precio menor al de su competidor de ocasión, a quien el comité de selección dio como ganador (Ítem 1), a pesar de no haber acreditado los requisitos técnicos mínimos y ofertado un precio sustancialmente mayor comparativamente, en este caso ascendiente a un millón 300 mil soles.
Excusa para lo injustificable
Luego del informe específico evacuado por el OCI, tal como suele hacerlo, el burgomaestre Marcos Gasco ha salido con la espada desenvainada a defender lo indefendible y a socavar el accionar del órgano contralor con ironía, utilizando para tal fin torpezas infantiles, argumentos grotescos nulos en su motivación, con la finalidad de tirar por los suelos un informe contundente que, a la luz de los hallazgos descritos, no hacen sino demostrar a la autoridad el vertiginoso crecimiento de presuntos hechos de corrupción, en los cuales estarían inmersos funcionarios de su confianza, contra quienes incluso el ente de control está pidiendo que sean sometidos al rigor de procesos administrativos sancionadores, como así también sujetos a la indagación fiscal, con el acarreo de sendas sentencias condenatoria a los que resulten responsables, de ser el caso.
La ley es la ley
Todo cuerpo normativo y legislativo vigente, debe ser cumplido a cabalidad, buscando siempre su acatamiento en favor del bien y no del mal, por lo tanto, es una obligación imperativa cumplir con sus articulados, razón por lo cual no es sano tratar de crear confusión y hacer creer viendo lo contrario y que lo que se habría hecho con apego a la ilegalidad, es legal, para ello es necesario citar una alocución relevante proveniente del célebre expresidente sudafricano Nelson Mandela, quien dijo en su momento: “No me preocupan los gritos de los deshonestos, de la gente sin escrúpulos y de los delincuentes, más me preocupa el silencio de los buenos”.
Concluyo con razón y realismo respecto a la percepción ciudadana sobre el comportamiento de Marcos Gasco en la actualidad. La ciudadanía nos dice que el burgomaestre ha mutado de ser una persona sencilla, humilde y tolerante en su campaña electoral, a ser intolerante y proclive a incomodarse cuando su gestión es criticada con sustento y aseveración técnica y legal.
El alcalde no puede olvidar que los entes de control cuentan con las credenciales necesarias para advertir que todo lo que no se haya hecho bien tenga que ser corregido o sancionado con severidad, de corresponder.
(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
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