El comercio informal es un problema social transversal que se ha generalizado en todo el país y data de hace mucho tiempo, pero se ha profundizado en las últimas cuatro décadas, teniendo una incidencia mayor en las ciudades de la costa por la fuerte migración de la población del interior del país hacia Lima y las grandes capitales, en busca de mejores oportunidades para vivir. Los diferentes gobiernos, nacional y subnacionales, han emprendido campañas para permitir la formalización de este voluminoso sector; pero no han alcanzado el éxito deseado por diversos factores, entre ellos las trabas burocráticas que emanan del Estado para afrontar este complejo tema, la rigidez de las normas en materia tributaria, además de la ausencia de incentivos fiscales que estimulen a que un trabajador informal se convierta en formal. El Banco Central de Reserva (BCR) señala que la informalidad debe entenderse como un fenómeno complejo y multifacético.
Hasta antes de la pandemia de la Covid-19 la informalidad en el país era aproximadamente de 70%, según cifras oficiales del INEI; pero a un año y medio de esta enfermedad que asola al mundo el problema ha crecido en más del 80%, pues en esta etapa más de un millón de trabajadores de empresas formales fueron despedidos arbitrariamente, quienes ante la necesidad de generar ingresos para mantener a sus familias ganaron las calles, complicando aún más el panorama de la informalidad. A ello hay que sumar los miles de migrantes venezolanos que en los últimos tres años ingresaron al territorio (según la Superintendencia Nacional de Migraciones hasta mayo de 2019 habían más 750 mil ciudadanos; pero la cifra actual se acercaría al millón) y que en su mayoría se dedican al comercio ambulatorio y otras actividades informales. Sólo basta ver la situación en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes, en el norte, donde las vías públicas de mayor transitabilidad peatonal, y aquellas próximas a los mercados, han sido prácticamente tomadas por ciudadanos del país llanero, sumándose al ejército de la monstruosa informalidad.
Realidad ineludible
Este complicado panorama ha supuesto un dolor de cabeza para las administraciones municipales, que lidian con esta problemática a salto de mata diariamente y no encuentran una solución definitiva al mismo, solo disponen de medidas temporales que con el paso del tiempo se diluyen y se regresa al mismo cuello de botella. Esta informalidad engendra un comercio desordenado, precario, que usurpa las vías públicas de uso vehicular y peatonal ante el escaso e ineficiente control por parte de los ayuntamientos, poniendo en peligro la vida de los compradores y de los propios mercaderes. Además, esta práctica no regulada por un marco legal es un medio para inducir a actos de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, especialmente en las municipalidades. De allí que los operativos de desalojo de los ambulantes muchas veces abortan por infidencias de los funcionarios, y por lo general no tienen una consecución feliz, porque al poco tiempo las calles nuevamente son invadidas. Las autoridades aparentemente tienen temor de enfrentar esta difícil realidad.
¿Pero por qué no se ha podido reducir el comercio ambulatorio en los últimos 30 años? Diversos especialistas señalan que esta problemática política y económica abarca desde la precariedad en la que vivimos como sociedad, hasta la falta de incentivos fiscales que promuevan la posibilidad que estas personas dejen la informalidad. Otro tema de vital importancia es que la informalidad tiene como causa los altos costos de involucra la formalidad, es decir los trámites engorrosos que el Estado impone, elevados impuestos, la ineficiencia y corrupción de las instituciones públicas. La formalidad es vista como un asunto demasiado rígido, tenso, que no se adapta a las necesidades de las personas que trabajan en el espacio público. Un análisis del BCR sobre las “Causas y consecuencias de la informalidad”, señala que en el Perú el 60% de la producción se realiza informalmente; el 40% de la fuerza laboral está autoempleada en microempresas informales; y sólo el 20% de la fuerza laboral está afiliado a algún plan de pensiones formal, que incluye a aquellos trabajadores que laboran para empresas grandes.
Un estudio sobre “¿Cómo afecta la informalidad a la economía del país?”, (https://www.mvorganizing.org/), refiere que la informalidad laboral afecta negativamente el crecimiento económico (hay una fuerte evasión tributaria), la productividad de los trabajadores y el bienestar social (dificulta el acceso al crédito y, al reducir la recaudación tributaria, induce una menor cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos). Según el INEI, el empleo informal concierne aproximadamente a tres de cada cuatro peruanos de la Población Económicamente Activa Ocupada (población ocupada). Y la informalidad se da como una estrategia de sobrevivencia ante la constante precarización y desaparición del empleo formal en la economía.
Informalidad en Chiclayo
El pasado viernes, la comuna de Chiclayo procedió al desalojo de unos seis mil ambulantes apostados en las arterias cercanas al mercado Modelo, por disposición del Segundo Juzgado Civil que ordenó la recuperación de dichos espacios públicos. No hubo altercados ni enfrentamientos, pero sí hay muchas preguntas sueltas que provocan desconfianza en la ciudadanía respecto a la eficacia y vigencia que tendrá esta acción represiva hacia el futuro. Por ejemplo, ¿Por cuánto tiempo las calles recuperadas estarán libres de ambulantes?, ¿La municipalidad dispone de los recursos logísticos y humanos para sostener en el tiempo la medida judicial?, ¿La entidad edil tiene un plan B para evitar el retorno progresivo del comercio informal a esas zonas liberadas? La respuesta a estas interrogantes las tiene el alcalde Marcos Gasco, quien debe imponer el principio de autoridad en este controvertido tema; para ello debe gestionar ante las instancias nacionales la transferencia de partidas económicas para asegurar un patrullaje permanente en esas vías.
Recordemos que anteriormente las gestiones de los exburgomaestres Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel, ambos presos por presuntamente liderar organizaciones criminales, trataron de “reordenar” el comercio ambulatorio alrededor del principal centro de abastos de la ciudad; pero no tuvieron éxito porque al poco tiempo los negociantes volvieron a ganar las calles en la cara de las autoridades. Pues las administraciones ediles no tuvieron un plan adecuado de reubicación de los informales a espacios estratégicos que les permita un nuevo inicio, no se generaron las condiciones para que los desalojados sientan que el Estado no los abandona. Pero todo se hizo a la prepo y los trasladaron a zonas no consolidadas en cuanto a accesibilidad del transporte público y peatonal, eran extensas zonas que carecían de servicios básicos. Como era de esperarse, los comerciantes poco a poco fueron regresando a sus habituales espacios de la informalidad para proseguir con sus actividades. El tema de la corrupción ya había galopado en ambas gestiones, y eso habría sido determinante para que los desalojos caigan en saco roto.
Solo el tiempo dirá si este quinto operativo tendrá la repercusión que tanto exige la ciudadanía en aras de preservar las áreas de dominio público, o si se trata solo de una acción mediática para lavar la cara a la cuestionada gestión del alcalde Gasco. El sociólogo César Cardoso ha criticado la falta de eficiencia de las autoridades municipales para ejecutar medidas adecuadas para lograr el reordenamiento del comercio informal, el cual debe ser un tema en agenda de los gobiernos locales en el país. Agregó que la pobreza no es la única causa de la informalidad, también la corrupción y la ineficiencia del Estado. “Esta situación se agravó en Chiclayo a consecuencia de los actos al margen de la ley que se registran hace más de dos décadas en la comuna provincial. La municipalidad no lidera un trabajo articulado con los diferentes actores de la sociedad civil para atender esta problemática, pues los intereses políticos y personales priman en la entidad”, precisó.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
respuesta de 336773 el 2024-02-15.
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