En el Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Lambayeque existe malestar con las nuevas medidas adoptadas por la presidencia de Juan Riquelme Guillermo Piscoya. Si bien reconocen en él su vocación por la transparencia y el trabajo, discrepan con que su gestión tenga como política el incremento de servidores que realizan labor presencial.
“En este año se ha incentivado una política de permitir la presencia de más trabajadores en el centro de labores, lo cual hemos cuestionado y sustentado con documentos, porque todavía la amenaza del COVID-19 sigue latente. Se está vacunando, pero aún en porcentajes muy bajos y solo a los adultos mayores. No sabemos cuándo nos tocará a nosotros. Eso nos obliga a requerirle a la autoridad que privilegie el trabajo remoto”, afirma Luis Escajadillo Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
Contagios
Refiere que de los mil 100 trabajadores en promedio que hay en todas las sedes judiciales de Lambayeque, el 70 % realiza trabajo presencial por lo menos una vez a la semana (modalidad mixta), mientras que el 30 % sí labora exclusivamente de forma remota.
Apunta que desde el inicio de la pandemia se han contagiado del COVID-19 alrededor de 400 trabajadores judiciales. De estos, durante la época de cuarentena total fallecieron dos, quienes evidentemente se contagiaron fuera del centro de labores, pero en lo que va de este año ya se registró el deceso de tres servidores, quienes sí realizaban labores presenciales: un auxiliar judicial de la Primera Sala Civil de Lambayeque, un juez de paz letrado de José Leonardo Ortiz y el jefe del Órgano de Control Institucional.
“Decir si alguien se contagió en su casa o por un familiar no me parece correcto. Al fin y al cabo, es la pérdida de una vida humana. Una política adecuada sería sensibilizar sobre el hecho de que el COVID-19 no es un juego, no se pueden exponer a los trabajadores. Si es factible hacer el trabajo remoto, este debería incentivarse. Ya en casos extremos en los que la labor que realiza el servidor es incompatible con la modalidad remota, se tiene que recurrir al trabajo presencial, guardando los protocolos de seguridad que todos conocemos”, sostiene.
Trabajo
Manifiesta que ahora los trabajadores están expuestos a un riesgo alto de contagio, básicamente en las sedes donde hay carceletas judiciales, como el local de la avenida José Leonardo Ortiz y el módulo que está en el pueblo joven Atusparias.
Afirma que como sindicato han sido enfáticos en señalar que, si un trabajador no vulnerable realiza trabajo remoto, cumple con los objetivos planteados y su jefe inmediato (juez) no se opone a esa modalidad, la autoridad de la corte no debería forzarlo a que realice trabajo presencial mixto.
“Este no es un capricho del gremio. Hay trabajos que se pueden hacer a través de la virtualidad y, en la medida en que se cumplan con las metas, la autoridad no tendría por qué poner trabas a que un servidor no vulnerable haga trabajo remoto exclusivo, pero bueno, esa es la política actual que tenemos, la de dar prioridad más bien al trabajo presencial. No la considero una política correcta, porque pone en riesgo la vida de muchos trabajadores y funcionarios”, cuestiona.
Acceso a la justicia
Por otro lado, reconoce que la actual gestión de Juan Guillermo Piscoya está haciendo esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia y aminorar la carga procesal, pero hace hincapié en que la coyuntura exige privilegiar la vida por sobre la productividad.
“Si no hubiese pandemia, él tendría todas las facultades para fiscalizar y ser drástico frente a la inercia procesal. Nosotros como sindicato también tenemos procesos laborales de los trabajadores y nos incomoda que haya demoras en el trámite procesal. Como dirigente a veces asisto a los locales judiciales y he visto cómo algunos compañeros quizá no dan un buen trato a los litigantes. También lo siento porque soy abogado y no me gustaría que a mí o un familiar mío le den un mal trato”, asevera.
Asimismo, cuestiona el rol que ha cumplido la oficina Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA. “¿Cómo es posible que un trabajador tenga dos mil escritos pendientes? ¿Dónde estuvo la ODECNA si se supone que hace visitas anuales?”, se pregunta.
Desconexión digital
En tanto, afirma que son reiteradas las denuncias de los servidores que realizan labor remota, quienes señalan trabajar 10 y hasta 12 horas, pese a que desde el año pasado está vigente el Decreto de Urgencia N° 127-2020, que establece el derecho a la desconexión digital, después de las ocho horas de labor reglamentarias.
“Hay magistrados, jefes inmediatos que se aprovechan. Dicen: ‘Como estás en tu casa, en remoto, te cargo 10 horas y si no quieres regresa al centro de labores presencialmente’. Estamos hablando básicamente de lo secretarios y de los asistentes”, menciona.
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