La Oficina Regional de Control y los Órganos de Control Institucional – OCI, emitieron el año pasado más de 700 informes, advirtiendo situaciones irregulares en la administración de los recursos públicos en el marco de la emergencia sanitaria. Tomás Tello Banzaquen, responsable de Contraloría en Lambayeque, refiere que la entidad ha adaptado sus mecanismos de intervención, debido a que buena parte de su personal aún realiza trabajo remoto por pertenecer a grupos de riesgo.
“El 2020 lo iniciamos asumiendo que sería un año regular, normal, hasta que en marzo se inició la situación de emergencia y eso hizo que los servicios de control estén enfocados en supervisar las ingentes cantidades de dinero que el Ejecutivo empezó a transferir a los gobiernos regionales y locales para enfrentar la pandemia y justamente una de las primeras acciones, luego que se terminara el confinamiento del sistema nacional de control, fue realizar el acompañamiento en la entrega de canastas de víveres a la población más vulnerable, así como verificar la implementación de los equipos de protección personal y los establecimientos temporales de salud”, menciona el funcionario.
Comenta que a inicios de año se realizó un balance del trabajo desplegado en la etapa más crítica de la emergencia sanitaria, arrojando cifras saltantes de la intervención del ente de control.
“Hemos realizado a comienzos de este año un balance de los resultados obtenidos el año pasado en la región a través de los servicios desplegados, tanto directamente de la oficina principal como de los 19 Órganos de Control Institucional – OCI, en todo el ámbito de Lambayeque. Los OCI de las tres municipalidades provinciales tienen ámbito de acción en todas sus distritales, porque aún no tenemos capacidad para tener un órgano de control en cada una de ellas”, explica.
RESULTADOS
Tello Benzaquen refiere que en el 2020 se elaboraron 779 informes de control, de todo tipo, tanto de control simultáneo como posterior. Estos permitieron identificar responsabilidades en 200 funcionarios y servidores públicos, y establecer 375 responsabilidades, de las cuales 217 son de tipo administrativo, 46 de tipo civil y 112 de tipo penal.
“No hemos podido identificar responsabilidades administrativas que pasen al procedimiento administrativo sancionador, porque ya no contamos con esa facultad. Siempre hacemos ver que eso está dejando una sensación de impunidad en lo que respecta a la responsabilidad administrativa, porque ahora nuestros informes tienen que recomendar que el mismo titular de la entidad, en la que se encuentran los hechos irregulares, sea el que finalmente, a través de su secretaría técnica, sancione al personal que labora con él”, detalla.
El jefe de la Oficina Regional de Control precisa que antes, cuando la Contraloría General de la República tenía potestad sancionadora, se aplicábamos sanciones ejemplares, con las cuales se llaga a inhabilitar a los funcionarios públicos hasta por un máximo de cinco años, impidiendo que estos vuelvan a trabajar en la administración pública.
“Eso persuadía al servidor a pensarlo dos veces antes de echar mano al erario nacional”, remarca.
PEDIDOS DE INTERVENCIÓN
Ahora, como resultado del trabajo de auditoría, el producto final que Contraloría emite es un informe que tiene dos tipos de recomendaciones: las que buscan que haya una mejora en la gestión y están dirigidas a los titulares, para que una vez implementadas, los hechos y causas que promovieron las situaciones advertidas ya no se repitan en el tiempo, y las que apuntan al inicio de acciones penales.
“Cuando detectamos alguna comisión de delito o perjuicio al Estado, nuestros informes tienen como recomendación que el procurador realice las denuncias correspondientes. Si es en una municipalidad, actúa el procurador de esta, si el informe ha sido elaborado por la Gerencia Regional de Control, el que actúa es el procurador de la Contraloría”, expone.
TRABAJO COORDINADO
Tomás Tello manifiesta que los funcionarios de Contraloría se reúnen constantemente con los titulares de las otras instituciones para intercambiar ideas de cómo se viene trabajando y revisar, en el caso del Ministerio Público, el flujo de información que es requerida por los fiscales, quienes tienen muchos casos en marcha.
“En reunión con el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Alejandro Lamadrid, este nos manifestaba que un punto débil que tiene el Ministerio Público es el de los peritos. Si bien nosotros tenemos una capacidad operativa importante, como ya lo ha dicho el contralor general, la demanda de control supera la oferta. Los pedidos y llamados son numerosos, además de la situación de emergencia ante la cual no somos la excepción, porque nos ha golpeado en el tema de la capacidad operativa. Tenemos mucho personal en grupos de riesgo, al que no vemos desde que empezó la emergencia, pero realiza trabajo remoto, aunque muchas de esas situaciones deben ser corroboradas en campo”, señala.
Los informes que emite Contraloría y tienen alguna conclusión penal son alcanzados al Ministerio Público. Siendo este el titular de la acción penal es que bajo sus atribuciones, como ha pasado en numerosas oportunidades, puede ampliar las investigaciones sobre los planteamientos realizados, incorporando a más responsables, postulando nuevos delitos y demás.
A nivel de instituciones públicas, a las cuales se envían los informes, como los gobiernos locales, estas tienen que implementar las recomendaciones, de las cuales la más común es que si un informe identifica responsabilidad penal se le pide al titular de la entidad que autorice a su procurador para que presente la denuncia correspondiente en defensa de los intereses del Estado.
“Ellos no están facultados para revisar los contenidos de los informes. Los únicos que pueden hacerlo, por ley orgánica, son los auditores de Contraloría, es decir realizar una revisión de oficio de manera selectiva y pedir algún tipo de reformulación. Las instituciones están obligadas a acatar las recomendaciones de la Contraloría”, manifiesta.
VACUNAS
Respecto a la implementación de la estrategia de control al proceso de la vacunación contra la COVID-19, que incluye las fases de recepción, almacenamiento, distribución y la propia vacunación, la Contraloría General de la República viene concretando un total de 300 informes de control simultáneo en los que se revelaron diversos riesgos que podrían afectar los procesos evaluados por los auditores desplegados a nivel nacional.
Del total de informes de control simultáneo emitidos, al 11 de marzo, en todas las regiones del país, 295 se realizaron bajo la modalidad del control concurrente, cuatro son orientaciones de oficio y una visita de control.
En total se supervisaron a más de 100 entidades públicas que están involucradas en el proceso que debe seguir la vacunación de los trabajadores de diversas instancias del sector salud, así como adultos mayores, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Entre las principales entidades supervisadas figuran el Ministerio de Salud (Minsa), el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Hospitales, Institutos Nacionales de Salud, Redes de Salud, entre otras.
Mientras que las materias analizadas fueron principalmente: la adquisición de equipos y complementos de cadena de frío; almacén de productos refrigerados para la conservación de las vacunas; elaboración y aprobación de protocolos para la vacunación; recepción, almacenamiento y control de stock de primera entrega de vacunas; y la distribución y aplicación de vacunas.
En Lambayeque, la Contraloría General detectó que la infraestructura del cuarto de frío y del área de despacho del almacén de vacunas de la Gerencia Regional de Salud no cuenta con las condiciones técnicas apropiadas, situación que limitaría un adecuado almacenamiento y afectaría la seguridad del personal y de los productos almacenados durante posibles siniestros.
Según el Informe de Hito de Control N° 3641-2021-CG/GRLA-SCC, cuyo periodo de evaluación es del 9 al 15 de febrero de 2021, se señala que este hecho podría afectar los resultados o el logro de los objetivos del proceso de recepción, almacenamiento, conservación, distribución, control del stock y aplicación de las vacunas en las próximas fases de inmunización en la región.
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