La Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, ha emitido la Ordenanza N° 016-2020, del 6 de agosto, con la cual establece nuevas condiciones para la conducción de puestos en los mercados bajo su administración. Diez en total. Lo llamativo de la norma es que establece el plazo de dos años como tiempo máximo para que la comuna otorgue a un comerciante la tenencia de un espacio de venta, tiempo tras el cual es evaluado y, el puesto, sometido a sorteo. El mecanismo sería una puerta giratoria para la intromisión de autoridades y funcionarios en el manejo de los mercados.

Toda medida que apunta al orden de los centros de abastos será siempre bienvenida. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las decisiones de la administración municipal se prestan a suspicacias porque dejan espacio a los intereses personalísimos de quienes ejercen el poder?

Juan Castro Benavides, dirigente del Mercado Central de Chiclayo, explica que la posesión de los puestos en dicho centro de abastos ha sido de manera continua, de generación en generación, a lo largo de 150 años, pero con la norma recientemente aprobada la continuidad será afectada, incluyendo las inversiones realizadas por los comerciantes en el mejoramiento de los puestos.

“La norma afecta a todos los comerciantes formales de todos los mercados que administra la municipalidad de Chiclayo. En 1997 se realizó la privatización de los mercados, que para el caso del Mercado Central solo alcanzó al 15 % de la totalidad de los puestos. Como conductores de los puestos, hemos pedido a la municipalidad que continúe con el proceso, pero no hemos tenido nunca respuesta”, señala.

LA ORDENANZA

Refiere que en plena emergencia sanitaria, los comerciantes han sido “sorprendidos” por la comuna con la emisión de la ordenanza, la misma que – prácticamente – les quita sus derechos.

“Al fallecimiento del conductor titular de un puesto de mercado, este pasaba a cualquier familiar que este haya designado en vida, siguiendo con el compromiso de pagar al municipio la merced conductiva correspondiente. Con la Ordenanza N° 016 los puestos revierten a la municipalidad y se le otorgan 10 días de plazo al familiar para que desocupe el espacio”, explica.

Castro Benavides anota que la norma corta con la conducción indefinida de los puestos. En adelante, cada dos años el comerciante deberá someterse a la evaluación del alquiler del espacio, debiendo – además – pagar por metro cuadrado ocupado.

REGLAMENTO

La Ordenanza N° 016-2020, que aprueba el Reglamento Municipal de Administración de Mercados y Centros de Abasto en la provincia de Chiclayo, tiene como propósito – según el artículo segundo – “únicamente para efectos de la cobranza de la merced conductiva”, la misma que entrará en vigencia al día siguiente de concluido el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, derogando la Ordenanza Municipal N° 017-2005 y todas las normas locales que se oponen al nuevo texto.

El nuevo reglamento tendrá vigencia los mercados Central y Modelo, Buenos Aires, Diego Ferré, José Olaya, 9 de Octubre, La Primavera, Quiñones, Campodónico y José Balta.

El artículo 28 del reglamento establece que si existen dos o más solicitudes de conducción sobre un mismo puesto, este ingresará a sorteo.

“Los comerciantes de los 10 mercados nos hemos reunido y hemos solicitado una reconsideración al municipio respecto al reglamento de la ordenanza. El problema es que cumplidos los dos años de la conducción de un puesto, el comerciante entra en evaluación y si hay más personas solicitantes del puesto se hará un sorteo. Lo que se está sembrando desde ahora es que los mercados se conviertan en un negocio redondo para las autoridades y funcionarios de la municipalidad, porque empezará el reparto de los puestos bajo la mesa. Eso ya lo hemos visto antes, regidores, funcionarios y alcaldes se han involucrado en ese tipo de prácticas. Se hará un negociado de los puestos”, advierte Castro Benavides.

El dirigente refiere que de ser necesario los comerciantes recurrirán a la vía judicial para lograr la nulidad de la ordenanza, por considerar que esta afecta los derechos de los comerciantes y vulnera, principalmente, el trabajo que desarrollan desde los centros de abasto.

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