Los pobladores del Caserío Bebedero, perteneciente al distrito de Oyotún, se agruparon en una mesa de trabajo para exigir la reapertura de la Carpeta Fiscal Nº 1572-2018, llevada por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayaltí, cuya responsable, Ymelda Yesquén Alburquerque, decidió no proceder con la formalización ni continuación de la investigación preparatoria sobre el presunto delito contra bienes culturales en su modalidad de atentado contra los monumentos arqueológicos del sitio arqueológico Cerro El águila.
Según el presentante de la Asociación Civil de Pobladores del Caserío Bebedero, Christian Tineo Burga, la zona presuntamente afectada, correspondiente a 29 hectáreas, se ha convertido en campos de cultivo, pese a que en el 2004, tras una inspección arqueológica, el entonces Instituto Nacional de Cultura – INC, dispuso paralizar toda obra en la mencionada área.
ANTECEDENTES
El 11 de agosto del 2004, mediante la Resolución Directoral Nacional Nº 615/IN, el Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación al Monumento Arqueológico Prehispánico Cerro El Águila. Dicha resolución se ratificó, a través de la Resolución Directoral Nacional Nº 615/INC.
Según relata Tineo Burga, el 29 de septiembre del 2004, el empresario Dicson Asalde Castañeda celebró un contrato de compra venta del predio ‘Cayaltí y anexos’ con Alfonso Javier Stein y Lora, a fin de hacerse acreedor de 16 hectáreas de terreno. Posteriormente compraría otras 15 más.
El 13 de octubre de ese mismo año el ciudadano Jaime Castañeda Hernández envió un documento al Juzgado de Paz de Tercera Nominación de Oyotún solicitándole la certificación de terrenos eriazos del Cerro El Águila – Bebedero, ante el riesgo de que Asalde Castañeda convierta los terrenos que había adquirido en una zona de uso agrícola. Sin embargo, seis días después, mediante la Resolución Administrativa Nº 248-2004-MA-INRENA/IRH-ATDR.Z, se le otorgó la licencia respectiva para que el terreno sea inscrito en el padrón de usos agrícolas.
Entre el 4 de noviembre del 2004 y el 21 de enero del 2005 se realizaron cuatro inspecciones ‘in situ’ en el área mencionada en la que participaron la arqueóloga María del Carmen Espinoza Córdova, autoridades municipales, policiales, el director del Museo Nacional Brüning, Carlos Wester La Torre, entre otros. La conclusión de las inspecciones fue la constatación de afectación en la zona.
CARPETA FISCAL
Según obra en la Carpeta Fiscal Nº 1572-2018 de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayaltí, el 19 de octubre del 2018, Raúl del Mar Tejada Pérez, abogado responsable del saneamiento físico legal de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Naylamp – Lambayeque, denunció ante la comisaría de Oyotún a Dicson Asalde Castañeda, sindicándole de haber efectuado trabajos de movimientos de tierras y obras con maquinaria pesada en el subsuelo de la parte denominada ‘cementerio prehispánico’, parte del Sitio Arqueológico Cerro El Águila, en el cual se habrían encontrado fragmentos de cerámica y restos malacológicos.
La fiscalía recoge dentro de los elementos de descargo las declaraciones de Dicson Asalde Castañeda, quien menciona ser propietario desde hace 14 años de dos terrenos que colindan con el cerro El Águila, los cuales están dedicados al cultivo de arroz y frutales, encontrándose debidamente inscritos en registros públicos.
Asimismo, señala tener conocimiento que el geoglifo es Patrimonio Cultural de la Nación, mas no el Cerro El Águila, dado que el Ministerio de Cultura nunca se lo ha notificado. Asimismo, precisa que hasta la fecha no existe una norma que señale a un cementerio prehispánico como patrimonio en la zona de la supuesta remoción.
En esa línea, la fiscal a cargo del caso, Ymelda Yesquén Alburquerque, decidió no continuar con la investigación preparatoria, puesto que no considera que haya existido depredación, toda vez que depredar “supone la sustracción de la riqueza cultural localizada en cierto lugar… siendo que de los recaudos no aparece que al imputado se le haya encontrado huaquendo la indicada zona”
En cuanto a la excavación, apunta que consiste en “hacer huecos en el suelo, penetrar bajo tierra con el convencimiento de encontrar en su interior los bienes culturales”, mientras que la remoción “debe ser entendida como la actividad de cambiar una cosa de su sitio, colocándola en otra ajena a su posición, pero esto consiste en remover los obstáculos que sean necesarios, pero nótese que tal conducta es con la finalidad que el agente pueda hacerse sin problema del bien cultural prehispánico”.
Tineo Burga sindica a Asalde Castañeda de haber puesto una ‘tranca’ más allá de las 29 hectáreas de terreno que le corresponden, la cual estaría afectando incluso el flujo de turistas. “Lo que la población pide es que se respete el Patrimonio Cultural de la Nación, que no se siga depredando, el señor es dueño de sus tierras, está bien, pero tampoco puede ir más allá de la ley”, indica.
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