Ante la ola de críticas a nivel nacional por el accionar del Equipo Especial del caso “Lava Jato”, encabezado por el fiscal coordinador Rafael Vela Barba, la consultora de la Comisión Andina de Juristas Mirva Aranda Escalante manifiesta que el proceder del Ministerio Público hasta el momento es adecuado, toda vez que cumple con cautelar los intereses del Estado.
“Creemos que en el caso preciso de los expresidentes, las decisiones que ha estado tomando la Fiscalía y el Poder Judicial están dentro del marco del derecho. Yo creo que ahorita se está haciendo una cuestión política en contra de la Fiscalía y del sistema de justicia en general”, sostiene.
Afirma que tampoco se está haciendo un uso desmedido de la prisión preventiva, la misma que considera una figura necesaria, pues evita el peligro de fuga, la manipulación de las pruebas y la perturbación del debido proceso, acciones que bien podría cometer un exmandatario por el poder que ostenta.
“El sistema de justicia en general tiene muchos defectos y nosotros somos los primeros en criticar cuando hay un diseño que va en contra del derecho de las personas, pero creemos que en este caso tenemos que seguir apoyando a esta fiscalía que se ha creado específicamente para estos delitos, pues nos da la esperanza a todos los peruanos y sobre todo a quienes somos abogados de que el sistema sí funciona, que no importa si eres un expresidente, si cometes un delito vas a ser procesado y terminarás preso si es que existen las pruebas que lo ameriten”, señala.
LUCHA ANTICORRUPCIÓN
En ese contexto, la Comisión Andina de Juristas realiza en Chiclayo el proyecto ‘Integridad y Lucha contra la Corrupción desde un Enfoque de Derechos Humanos’, el cual cuenta con la participación de los estudiantes de Derecho de Lambayeque como voluntarios y busca involucrar a la sociedad civil en esta brega, identificando cuáles son los problemas que hay en la actualidad en el sistema de justicia y brindar alternativas de solución a estos.
Aranda Escalante, quien es a su vez la coordinadora del proyecto, resalta que este trabajo durará tres años, en los cuales los voluntarios serán capacitados respecto a los delitos de corrupción, su vínculo con los derechos humanos y en metodologías de investigación, para que luego analicen los procesos y las sentencias existentes en estos casos.
“Vamos a tener convenios tanto con el Ministerio Público como con el Poder Judicial para que les puedan brindar a los estudiantes toda la documentación que sea pública y luego los voluntarios junto con expertos de la Comisión Andina en casos corrupción van a hacer el análisis de estas sentencias para finalmente elaborar un informe que será elevado a las instancias que correspondan”, asevera.
Añade que este informe llevará no solo la firma de la comisión, sino que espera sea firmado por las universidades y otras instancias de la sociedad civil, las mismas que serán presentadas a las instancias locales que tengan competencia para modificar algunos aspectos del procedimiento, pero también a instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y de ser necesario a instancias internacionales donde la Comisión Andina de Juristas tiene estatus consultivo como la Organización de las Naciones Unidas – ONU y la Organización de Estados Americanos – OEA.
CHICLAYO
Aranda Escalante afirma que se ha escogido a Chiclayo como una de las sedes para realizar este proyecto (la otra es Cusco), ya que es una ciudad emblemática por los graves casos de corrupción en los que se han visto envueltos sus burgomaestres, quienes encabezaron toda una estructura armada para apropiarse del dinero del Estado.
Pero Chiclayo no es solo un lugar emblemático por los casos de corrupción. Aranda Escalante afirma que escogen Chiclayo también porque es una ciudad con colectivos organizados de la sociedad civil, con los que ya han trabajado antes y saben que serán sus aliados a lo largo de estos tres años.
REFORMA DE JUSTICIA
Respecto a la reforma de justicia, considera que son buenas las iniciativas que se tuvieron y fueron aprobados mediante referéndum en el 2018, pero aun así manifiesta que no son reformas de fondo, sino solo aspectos muy puntales que no resuelven en sí el problema.
La jurista revela que a nivel nacional son más de 27 mil los funcionarios públicos que están siendo procesados actualmente en las distintas instancias del Poder Judicial por delitos de corrupción, además de 14 exgobernadores regionales procesados, cifra que representa más de la mitad de gobernadores.
“A pesar de las elevadas cifras, consideramos que este sigue siendo solo un mínimo porcentaje, pues la corrupción institucionalizada hace que haya muchos más funcionarios que cometen este tipo delitos, pero no llegan a ser procesados”, sostiene.
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