El próximo 23 de mayo, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, decidirá si los ex agentes de la Policía Nacional del Perú Edilberto Chancafe Vargas, Edgar Camus Huaripata y José Antonio Hoyos Cubas van a juicio oral por los presuntos delitos contra la libertad en su figura de allanamiento ilegal de domicilio y contra la administración pública en su figura de abuso de autoridad. En el caso también se involucra a un conocido empresario gastronómico.

El 31 de diciembre del año pasado la fiscal Adela Harumi Odiaga Shimotakehara, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, presentó ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, el requerimiento acusatorio contra Chancafe Vargas, Camus Huaripata y Hoyos Cubas, así como contra el empresario Juan Carlos Dongo Ávalo, a quien sindica como presunto responsable del delito contra la administración pública en su figura de denuncia calumniosa en agravio del Estado – Poder Judicial.

Los tres suboficiales fueron separados de la institución tras ser sometidos a un proceso disciplinario ante la Inspectoría de la Policía Nacional, pues se les responsabiliza de haber ejecutado una intervención irregular.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan al 23 de enero del 2016 cuando Dongo Ávalo se apersonó a la Comisaría PNP del Norte a fin de denunciar que el día anterior se dio con la sorpresa que enseres propios de su restaurante (sillas y mesas plásticas, freidoras, congeladoras, conservadoras, licuadoras, hornos a gas, etc.), ubicado en la Avenida Elvira García y García N° 680, Urbanización Los Parques, habrían sido sustraídos. Tal afirmación fue ratificada días después ante el representante del Ministerio Público.

Formulada la denuncia, el 25 de enero, Hoyos Cubas tomó conocimiento que los objetos presuntamente hurtados se encontraban en un inmueble ubicado en la Mz. C, Lote 1, Avenida Túpac Amaru II, sector Chosica del Norte, del distrito de La Victoria. Hoyos Cubas, junto a los agentes Camus Huaripata y Chancafe Vargas laboraban en la comisaría de dicha jurisdicción.

Según estos, procedieron a dar cuenta al comisario de La Victoria, comandante Raúl Tapia Aranda, y a la fiscal provincial de turno en el distrito, Adela Odiaga Shimotakehara.

LA INTERVENCIÓN

Los policías supuestamente recibieron como respuesta de parte de la fiscal que se comuniquen con personal de la Comisaría del Norte, donde Dongo Ávalo había formulado la denuncia, y que se coordine con la fiscalía penal de turno de Chiclayo para proceder a la intervención. Refieren que la fiscal respondió además que no acudiría a la diligencia de intervención del inmueble por no ser de su competencia, aunque Odiaga Shimotakehara ha negado tales expresiones.

INDAGACIONES EN INSPECTORÍA

Al responder a las indagaciones realizadas por Inspectoría, Tapia Aranda señaló que no participó ni dispuso algún tipo de operativo, pero que sí recuerda que le dieron cuenta de haber realizado una intervención policial, disponiendo que se ponga de conocimiento a la autoridad fiscal, “conforme a lo establecido”.

Lo indicado por Tapia Aranda fue refutado por el suboficial Edilberto Chancafe, quien en su declaración ante la Inspectoría Regional Lambayeque refirió que fue comisionado por el comisario para acompañar a sus compañeros Edgar Camus y José Hoyos a una diligencia de verificación de especies “que habían sido hurtadas en jurisdicción de la Comisaría del Norte en agravio del señor Dongo Ávalo”.

TRASLADO DE LOS BIENES

Volviendo a los hechos del 25 de enero del 2016, ante la negativa de la fiscal Odiaga Shimotakehara los agentes dieron cuenta a la fiscalía de turno de Chiclayo, recibiendo la orden telefónica de trasladar los bienes hasta la Comisaría del Norte dada por el fiscal Edwin César Gálvez Vásquez de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, quien ordenó que los bienes sean trasladados a la Comisaría del Norte.

El fiscal, al constatar que Dongo Ávalo seguía casado con Aurora Díaz Ramírez, dispuso que los bienes sean repartidos de manera equitativa entre ambos para su custodia.

DESTITUCIÓN Y DENUNCIA

Lo extraño sucedería después, debido a que los agentes policiales fueron denunciados ante la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú por supuestamente haber esposado al vigilante del inmueble en el que se encontrados los enseres, identificado como José Natividad Coronel Sagástegui, lo cual se constituiría en abuso de autoridad.

Empero, el alférez Manuel Jiménez Villalta, quien el día de la intervención se encontraba realizando labores de patrullaje y se constituyó al lugar de los hechos no ha descrito tal acción contra el vigilante al rendir su manifiesto ante Inspectoría. Es más, tampoco fue llamado por la fiscalía para ofrecer su testimonio.

Jiménez Villalta declaró que llegó al lugar por indicación telefónica del comandante Romel Díaz Paz.

“… Opté por constituirme por el lugar para verificar qué estaba ocurriendo, acto que efectué a bordo de un patrullero de la Comisaría de La Victoria. En el lugar pude verificar que había personal policial de La Victoria que se encontraba interviniendo dicho local, yo estuve en el lugar por un lapso de 15 a 20 minutos aproximadamente y en ese transcurso de tiempo un colega de un patrullero, que no recuerdo quién fue, me pasa al comandante Raúl Tapia Aranda, el mismo que me indicó vía celular, que no haga nada, que él se iba a constituir a dicho lugar…”, declaró a la Inspectoría.

En las fotografías y videos de la intervención no se aprecia Coronel Sagástegui engrilletado.

Pese a ello, la fiscal Odiaga Shimotakehara, quien inicialmente se rehúso a intervenir en la diligencia, ha formulado la acusación contra los ex agentes de la policía.

El 14 de mayo del año pasado, con Resolución N° 328-2018, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina Policial confirmó la Resolución N° 19141-2016 de la Inspectoría de Lambayeque, emitida el 27 de diciembre del 2016, sancionando con el pase a situación de retiro de Chancafe Vargas, Camus Huaritapa y Hoyos Cubas, por comisión de falta grave.

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