La gestión de Juan Zamora Pedemonte como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque acaba de sufrir un duro revés, que responde a la forma en la que el exmagistrado del Poder Judicial administra a la orden profesional. Siete integrantes de su consejo directivo presentaron cartas de renuncia irrevocable, dejándolo prácticamente solo, como ya le ocurrió antes.

El 23 de mayo ingresó a Mesa de Partes del colegio la carta suscrita por el vicedecano José Larios Bernal, quien renunció de manera irrevocable a su cargo, al amparo del Artículo 38, inciso “c” del Estatuto institucional.

Larios Bernal fue sometido a un irregular procedimiento que lo suspendió en el cargo de vicedecano luego de sus declaraciones a Expresión en las que pidió el adelanto de las elecciones y la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas, ante las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la orden.

En su exposición de motivos, José Larios señala que el Consejo Directivo no ha sesionado de manera regular y que las convocatorias realizadas se efectuaron faltando a la formalidad de la institución; a ello suma que hasta el momento no se ha cumplido con la juramentación de los delegados asambleístas, lo que configura la causal de vacancia de estos, conforme indica el estatuto.

“Pese a tener pleno conocimiento de tan clara disposición estatutaria, los continúa convocando, tan solo con el propósito de que le avalen o autoricen dilapidar el fondo previsional y los aportes ordinarios obrantes en las cuentas corrientes de la orden”, indica en su misiva.

Anota que en todas las convocatorias efectuadas en el 2017 y en lo que va de este año la asamblea no ha estado conformada por sus miembros naturales, toda vez que no se convocó al presidente del Comité Electoral, al presidente de la Comisión Revisora de Cuentas y al presidente del Tribunal de Honor, aun cuando el estatuto así lo ordena, por lo que todos los actuados serían nulos.

“Su proceder deja mucho que desear y afecta la imagen que debe mantener el ICAL”, afirma Larios Bernal dirigiéndose a Zamora Pedemonte, precisando que tampoco se implementaron las comisiones consultivas, como tampoco las permanentes y transitorias de conforme al Artículo 61 del Estatuto.

Cuestiona también que no se haya brindado apoyo a las asociaciones de abogados y que se ha negado la participación de estas en la Asamblea de Delegados.

“El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque no ha cumplido en brindar ningún servicio como lo dispone el Artículo 121, tampoco con efectuar el referéndum pese a existir un presupuesto determinado. (…) Ha renunciado a los principios y fines de la orden. La institución ha perdido protagonismo en los problemas sociales regionales y nacionales”, señala.

PERJUICIOS A LA ORDEN

El vicedecano responsabiliza a Zamora Pedemonte de haberse opuesto a que el terreno “El Ciénego”, donde se debe construir el centro de esparcimiento del colegio, sea medido en su totalidad, ante la sospecha de que el área en posesión es menor a la que registra la escritura pública.

“Existe un área que se ha perdido de la cual usted tiene perfecto conocimiento. Inclusive, los expropietarios del terreno conversaron con el decano y posteriormente se posesionaron de parte de la propiedad de la orden. El decano no efectuó ninguna denuncia ni dio a conocer al Consejo Directivo. ¿Por qué razón?”, señala.

Asimismo, cuestiona que el decano haya dispuesto de cuatro mil soles para cancelar deudas de los asambleístas y que haya pagado a Walter Pérez Serrano por “Servicios de evaluación, elaboración del proyecto y presupuesto para la construcción de la estructura e instalación del ascensor en el local principal del ICAL” el 17 de octubre del año pasado y por el mismo concepto también le pagó a Rosa Luna Pinedo el 2 de noviembre, aun cuando la implementación del elevador se había dejado sin efecto el 5 de octubre.

“Los hechos que se exponen pueden ser verificados y comprobados, el decano debe defender los intereses de la institución que representa. Sin embargo, resulta todo lo contrario, solo se encuentra aprovechándose de los recursos previsionales y aportes ordinarios que obran en las cuentas corrientes de los bancos privados”, afirma Larios Bernal.

RENUNCIA DE LA DIRECTORA SECRETARIA

Quien también ha presentado su renuncia es la Directora Secretaria de la orden, Rosa Pizarro Piscoya, quien el 21 de mayo cursó su carta al decano del Colegio de Abogados exponiendo sus razones.

En su escrito, Pizarro Piscoya detalla su disconformidad con la actitud autoritaria con la que se conduce a la institución, citando como ejemplo la celebración del Día del Abogado o del Día de la Madre, así como insistir en la continuidad de la gerente del colegio, Silvia Alfaro, con un sueldo de cuatro mil soles mensuales.

“Teniendo en cuenta que como concejo directivo se nos sindica de manera general como autores de tales desaciertos, insinuando incluso conductas de aprovechamiento de los recursos de la institución, por lo que no teniendo participación ni decisión de lo que se viene ejecutando presento mi renuncia irrevocable a miembro del Consejo Directivo 2017-2018 en mi condición de Secretaria Directiva”, suscribe.

RENUNCIA DEL DIRECTOR ACADÉMICO

También ha renunciado al cargo el Director Académico y de Promoción Cultural, Ángel Tello Rodríguez, con carta presentada la tarde del 21 de mayo, en la que se le indica a Juan Zamora que “ha demostrado en todo este tiempo ser una persona calculadora y extremadamente desconfiada, manipuladora y muchos adjetivos más” que prefiere obviar.

“Han quedado encarpetados gracias a su gestión un sinnúmero de proyectos de capacitación, de actividades culturales, de proyectos para nuestros hijos en vacaciones, para el aprendizaje de actividades musicales, de arte. Gracias a su gestión no se llevaron a cabo convenios y esto a pesar de las reiteradas solicitudes y cartas enviadas a su despacho dando opiniones favorables. Nunca respondió alguna propuesta de capacitación”, denuncia.

Menciona que “las actividades de capacitación realizadas en el año 2017 se hicieron solo con la voluntad de trabajar por nuestros agremiados, pero con una serie de inconvenientes para el pago de pasajes, estadía y alimentación de los ponentes, que muchas veces tuvieron que ser atendidos por mi persona. Luego, para la devolución de los gastos era otra tragedia, pero aun así insistí y se pudo realizar las actividades”, anota.

Tello Rodríguez afirma que su dirección se vio obligada a suspender la realización de eventos académicos por la indiferencia del decanato y que tampoco tuvo respuesta ante las propuestas presentadas dentro del plan de trabajo 2017-2018.

“Por no haber cumplido con los 15 ofrecimientos que hiciéramos en nuestro plan de trabajo, por no haber ejecutado ningún acuerdo del Consejo Directivo, por no informar al Consejo Directivo de las inversiones y gastos que se realizan en el Centro de Esparcimiento, por desconocer el pedido que hicieran las madres directivas, por no responder ninguna de mis cartas relacionadas a las actividades académicas, por favorecer a algunos asambleístas de su preferencia para manipular las votaciones en las sesiones, presento mi renuncia irrevocable pidiendo disculpas a los colegas que me apoyaron por no haber podido cumplir con lo encomendado”, firma Tello Rodríguez.

MÁS RENUNCIAS

Del mismo modo presentó su renuncia por escrito la abogada Zelmy Rosario Camacho, quien se desempeñaba como Directora de Bienestar y Extensión Social. Lo motivos de su declinación – expone – “obedecen a no compartir las decisiones unilaterales” adoptadas por el decano.

Rosario Camacho menciona que desde que se inició la gestión hizo saber su preocupación debido a que el Director de Economía es a la vez suegro de la Tesorera del colegio, situación para la cual pidió una solución sin tener respuesta.

Asimismo, manifiesta su extrañeza por el pedido de vacancia presentado por un integrante de la asamblea en su contra, ante la inasistencia que tuvo a una sesión reciente, pese a que otro de los directivos ha faltado de manera reiterativa e injustificada.

“Opté últimamente por no asistir en resguardo de mi salud emocional y física, al no estar de acuerdo con los pedidos de algunos delegados y con la forma como se desarrollan estas (sesiones), por el comportamiento de algunos asambleístas que no permiten hablar y se imponen con gritos desaforados, a los que la suscrita no se encuentra acostumbrada ni va a permitir la falta de respeto”, expone.

La Directora de Derechos Humanos, Guiliana Castro Pasapera, también ha renunciado al cargo, no sin antes expresar su disconformidad por el incremento de la cuota de fondo mortuorio sin previo informe técnico contable sobre el balance o fondos de la institución.

“Respecto a nuestro plan de trabajo no he obtenido respuesta alguna a pesar que mi dirección cuenta con un presupuesto que pudo haberse ejecutado a favor de nuestros agremiados. Nunca tuve su disposición para realizarlo. (…) Por estas y otras razones que están demás ya mencionar, con el fin de no ser un obstáculo en personal y autoritaria gestión, doy un paso al costado y renuncio”, expresa Castro Pasapera.

Al cierre de este informe se conoció también la renuncia de la directiva Ana Torres Balarezo.

 respuesta de JOSE LARIOS BERNAL el 2020-09-11.

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