El Ministerio Público de Lambayeque ha recibido en los últimos días duros golpes al trabajo que desarrolla en casos emblemáticos que han ocupado titulares y portadas de medios impresos y televisivos no solo de Lambayeque, sino también de la capital de la República.

Hemos descubierto, por ejemplo, que en el caso “Los limpios de la corrupción”, se habrían registrado varios hechos condenables que ameritan una investigación exhaustiva a quienes han tenido a cargo las pesquisas sobre los hechos de corrupción más grande cometidos en los últimos años en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por lo que actualmente hay varios encarcelados, algunos con condenas ratificadas en segunda instancia, pero que aún no están firmes.

No alcanzo a comprender cómo para enviar a uno de los involucrados en este emblemático caso a la cárcel tuvieron que fabricar pruebas y presentárselas al Poder Judicial.

Hay denuncias contra fiscales que ni por asomo creemos habrían incurrido en prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad, rehusamiento y omisión. 

Hoy queda claro que a estos persecutores del delito se les cuestiona no haber realizado debidamente los actos de investigación y haber mentido al señalar que trabajaron con un equipo multidisciplinario, conforme lo precisaron al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Dijeron que habían recibido el soporte de la Contraloría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, un equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Bienes (CONABI) y la Unidad de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior y eso era falso.

Se ha demostrado con documentos que los fiscales Sergio Zapata Orozco y Juan Manuel Carrasco Millones nunca conformaron un equipo interdisciplinario antes de los allanamientos y la solicitud de detención preliminar contra los investigados, pues las referidas entidades fueron llamadas a realizar sus informes posteriormente. En tanto, el Poder Judicial no cruzó información, sino que confió ciegamente en quienes tuvieron a cargo las investigaciones de estos hechos.

Pero no solo los fiscales aludidos y que hoy son investigados por la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público ha cometido errores, también efectivos policiales están en cuestión y saltan a la vista los nombres de oficiales como Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden, quienes suscribieron supuestos informes de inteligencia para la captura de los 22 integrantes de la presunta red criminal. Así está establecido en el Oficio N° 1027-2015 Región Policial de Lambayeque - Oficina de Inteligencia, que precisa que estos dos oficiales si bien forman parte de la entidad policial no conformaban el equipo de inteligencia de la PNP. ¿Qué investigación se ha realizado a la fecha contra estos oficiales? Nada se sabe al respecto.

Pero este tema no queda ahí. Hay otros casos en los que estaría inmerso el fiscal Carrasco Millones. Hace una semana el diario La Industria develó la falta de imparcialidad que estaría mostrando el referido fiscal en el caso “Los Wachiturros”, probando con documentos el vínculo familiar e interés personal que el magistrado tendría en la Empresa Agroindustrial Tumán, donde tiene denunciado al empresario Edwin Oviedo Picchotito, uno de los accionistas mayoritarios.

¿Cuánto daño hacen estos hechos a la lucha contra la corrupción? ¿Cuál es el control que se ejerce frente a la economía procesal que debiera tenerse en cuenta toda vez que se destinan importantes recursos para investigaciones que finalmente no se ajustan a hechos serios y concretos?

El mal proceder de algunos administradores de justicia en el Ministerio Público no debe afectar la imagen de una institución que tiene la misión de prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; representar a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la recta y efectiva administración de justicia.

Por todo ello es urgente que aquellos fiscales que trasgreden la ley recuerden los valores en los que está cimentada la creación del Ministerio Público, como la lealtad, justicia, vocación de servicio, respeto, transparencia, solidaridad y probidad.

Desde nuestro medio hemos decidido poner en vitrina todos los excesos y trasgresiones que se han cometido en los denominados casos emblemáticos porque vulneran abiertamente los principios de legalidad y derechos fundamentales de las personas. Hay quienes dicen que con nuestros informes le hacemos flaco favor a la persecución del delito, pero delito no solo cometen los criminales, sino también los funcionarios que llamados a cumplir con su rol se apartan de este para caer en la ilegalidad.

Dicen que hasta el más vil de los criminales merece un debido proceso y así los creemos. Si hay corruptos y criminales por procesar y sentenciar, que así sea, pero con apego a la norma. Lo que está pasando en el Ministerio Público de Lambayeque hace honor a aquel viejo refrán que dicta: “para mis amigos la manos, para mis enemigos con palo”. 

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