Desde octubre del 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, a través de la Resolución 58/4, que el 9 de diciembre de todos los años se debe conmemorar el Día Internacional Contra la corrupción. El Perú, por su parte, mediante Ley Nº 29976, del 10 de diciembre del 2012, constituyó la llamada Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN, con la intención de confiar las acciones de este tipo a un organismo de responsabilidades concretas, que pudiese alcanzar resultados prácticos y visibles en este combate que ahora se vislumbra como muy estéril, a pesar de las declaraciones rotundas y confiadas que se han dado de una parte y otra de la tribuna, pero sin que la corrupción haya retrocedido un solo centímetro.

Lambayeque, como todas las demás regiones del Perú también tiene, a su vez, una Comisión Regional Anticorrupción, llamada la CAR Lambayeque y que actúa dentro del Sistema Nacional de Comisiones que la mencionada Ley N.º 29976 estableció. Por ahora la Comisión Regional es liderada por el presidente de la Corte Superior de Justicia, Aldo Zapata López, y la integran otros funcionarios públicos de primer nivel.

La comisión cuenta con un Secretario Técnico, que actúa acreditado por una Ordenanza Regional que consolidó esta suerte de colectivo institucional del cual muy poco se conoce. El secretario técnico es Elías Daniel Pinglo Risco, a la vez directivo del Gobierno Regional de Lambayeque y quien comenta con Expresión sus preocupaciones y propuestas para que la comisión “deje de ser un té de tías”, como él mismo lo menciona, y se convierta en una herramienta visible y adecuada para luchar contra la corrupción.

¿Por qué decir que la Comisión Regional Anticorrupción es “un té de tías”?

Con el perdón de las “tías” eso me lo dijo un periodista muy joven, quien en el año 2011, cuando se reconformó la Comisión Anticorrupción de Lambayeque me dijo que, a su parecer y por encima de las personas que la conformaban, para él solamente era una decoración más y que nada se lograría con dicha comisión. A la luz de lo que hemos vivido en Lambayeque desde ese año hasta hoy nos veríamos obligados a darle la razón al amigo de prensa, pero también debemos extraer una lección muy cierta: las declaraciones en papel no sirven de nada para luchar contra la corrupción, porque el fenómeno se ha extendido tanto que inunda nuestro día a día y afecta hasta a la vida de nuestras familias.

O sea, ¿no sirven de nada las comisiones?

Si no arriesgamos en darle recursos a todos los buenos propósitos que tiene el sector público entonces seguiremos desperdiciando tiempo y palabras en prometer lo que sabemos a ciencia cierta que nunca se va a lograr. Los años que tengo en gestión pública me han convencido de que debemos recuperar el practicismo y como dijo el inmortal Vallejo: “Echarnos a andar”. 

Lo que en realidad sucede es que en el gobierno peruano se juega mucho al Gran Bonetón y a la irresponsabilidad. Se ha consolidado un credo cuyo gran decisor es el Ministerio de Economía y Finanzas: si tú quieres proponer una ley y esa ley requiere recursos efectivos, pues tendrás que ponerle al texto de la ley un artículo que diga: “Cada entidad hará esto con sus propios recursos sin exigir nada al Tesoro Público”.  En caso contrario; es decir, si no lo haces, el MEF no deja pasar la Ley y te quedas con las ganas de aprobarla. Sucede entonces que, para conseguir que se suscriba la norma el autor de la iniciativa incorpora aunque sea de mala gana este candado presupuestal y ¡échate a soñar y después a llorar!La norma no servirá más allá que para ser expuesta en congresos internacionales y decir: “Miren el Perú tiene esta Ley bien bonita, pero de nada nos ha servido hasta hoy”.

¿No es un poco duro eso? En el CADE último se reclamaba que el MEF recupere el control económico porque la actuación del Congreso de mayoría fujimorista está promoviendo leyes a las que se tilda de populacheras y que harán un gran forado en los fondos públicos.

Ese es el cuco que los funcionarios del MEF siempre sacan a la luz. Mucho se habla del poder de los tecnócratas, muchos de ellos estudiosos destacados de las universidades europeas o de Norteamérica; pero a la hora de los loros, como se dice en cristiano, los errores que esos técnicos han cometido nos están poniendo al borde del abismo.  El paraíso fiscal prometido ha sido un bluff generado y corrupto por un poderoso caballero que ponía el dinero brasilero y yo me pregunto si ningún tecnócrata del MEF se dio cuenta de cómo se afectaba y comprometía nuestro futuro de los próximos cien años; bueno y si se dieron cuenta los del MEF y nada dijeron pues entonces resultan siendo cómplices por omisión de todo lo que pueda pasar.

¿Cuál sería entonces la ruta para luchar contra la corrupción?

La ruta tiene dos carriles al entender de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque. En la última sesión extraordinaria que se tuvo, en noviembre pasado, sus integrantes plantearon interesantes propuestas, pero también coincidieron en que debemos adoptar acciones concretas. Aunque no es una novedad, vale la pena remarcarlo: los carriles eran sanción efectiva y prevención educativa, pero en este último tema ello no se limitaría únicamente a la formación de los menores en los colegios, sino que se entraría por primera vez a la formación de adultos interesados en participar en la gestión pública, digamos como candidatos a cargos regionales, locales o nacionales en los procesos electorales y también candidatos a directivos por designación. Prevención en mayores es, a criterio de la CAR Lambayeque, una acción urgente porque el tiempo ya nos ganó la batalla y seguimos sin reaccionar ante ello.

¿Sanción efectiva?, ¿acaso los códigos en vigencia no están agravando penas y nada sucede?

Sí, es cierto que las penas se incrementan en los delitos vinculados a corrupción, pero eso no resuelve el problema. La disuasión no tiene fuerza realmente porque ha avanzado tanto la sinvergüencería que ya es casi una tarea nacional y a nadie le llama la atención que los más corruptos terminen siendo declarados inocentes por algunos jueces.

El círculo es vicioso por excelencia: a más corrupción más recursos indebidos acumulados... Esa riqueza sirve para comprar conciencias; de este modo el corrupto sigue libre y también sigue acumulando recursos al extremo que algunos malos operadores de justicia los empiezan a mirar con mucha apetencia. No olvidemos que tuvimos un juez que se hizo famosísimo por su capacidad extorsiva, que huyó bien cargado de dinero seguramente, que alrededor de él hasta hubo un crimen contra su secretaria, que todos hablaban de su abuso de poder, pero todos lo dejamos huir y hasta malos abogados compraban, a través de él, sus decisiones completando el circulo de la vergüenza. Muchos colegas se reputan ser buenos únicamente porque están bien articulados con las mafias internas y así compran también la razón de sus defensas. Ah, y cobran mucho por sus servicios sin que les importe de dónde salgan los recursos para financiarlos.
De eso nadie dice nada.

¿Cómo se debería sancionar? Hay países que hasta decretan muerte para estos casos.

Correcto. En redes sociales circula mucho un video sobre el caso de Singapur que algunas fuentes tratan de desacreditar; pero que sí refleja cosas ciertas de ese país. En primer lugar se debe perder la complicidad del silencio. El mandatario de Singapur Lee Kuan Yew decía: “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares".

También se estableció la pena de muerte en ese país, pero claro que no con el radicalismo que se dice en las redes. Hubo casos concretos en los que se acudió al fusilamiento de delincuentes y extorsionadores; y lo que mejoró notoriamente fueron los ingresos de los servidores públicos, pero al mismo tiempo se estableció un régimen de sanciones que los inhabilitaba de por vida si a pesar de ganar muy buena remuneración se involucraban en actos de corrupción.

Pero acá en el Perú se dice que no podemos optar por la pena de muerte…

Lo que nos sucede aquí es que si no paramos de una forma u otra el partido la corrupción nos ganará por goleada. Es cierto que la población cansada exige pena de muerte como un elemento disuasivo y siempre les sale al frente un teórico que argumenta, sin prueba alguna, que la pena de muerte no ha tenido resultados en ningún sitio. Para mí es una cuestión de criterios. Lo que me ha hecho más gracia es la voz de un congresista, quien dice que no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú porque la administración de justicia es tan mala que podría dar muerte a un inocente. 

Para mí esa afirmación es el disparate más grande que he escuchado, porque refleja la confesión de que no sirve para nada el sistema de justicia y entonces qué podemos esperar de ese sistema todos los peruanos. No tenemos defensa y menos delanteras. ¡Terminaremos en una suerte de Fuente Ovejuna! Y cuando eso suceda no creo que queden esperanzas de remediar nuestros problemas.  Creo que al Perú siempre le ha gustado ponerse pantalones demasiados grandes. Somos el país de los copiones, nos copiamos la constitución de otros países sin pensar en que esos países son distintos a nosotros; nos traemos las leyes más avanzadas y queremos que las personas se acuesten peruanas y amanezcan europeas solamente porque en El Peruano se publicó una ley. ¡Eso es un mito!

¿Entonces reforzando la sanción y empezando la prevención educativa, pero cómo?

La Comisión Regional Anticorrupción, como todas las de su tipo, es una mesa de concertación en donde participan los máximos representantes de los organismos públicos y los representantes más visibles del sector privado. No es para nada una corte ni un tribunal acusatorio. Es una mesa de acuerdos, en donde se ven las caras los cabezas de entidades y se deberían confiar, unos a otros, la necesidad de encuentros de cooperación que contribuyan primero a sancionar a los responsables.  En el sector público se están mejorando los controles, se sanciona ejemplarmente a algunos malos funcionarios, se les inhabilita por seis años y al día siguiente salen las voces: “Pobrecito, mucho le han puesto”, y luego de eso, y para colmo de males, a través del Poder Judicial les conceden amparo por derecho al trabajo y terminan reinstalados mondos y lirondos en el mismo puesto del que administrativamente se les sacó. Solo falta que te saquen la lengua y te hagan muecas. Esto es un circo.

Eso, por ejemplo, no debería suceder si los responsables de las instituciones de justicia conociesen directamente de parte de los alcaldes, gerentes y gobernador los casos exactos para contribuir en un propósito común. La propia policía se queja de que el Ministerio Público libera a los delincuentes que son capturados en flagrancia y es que no falta un letrado que, a cambio de ser bien remunerado, se dedica a combatir precisamente luchando a favor de todos los grandes infractores. 

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