Funcionarios responsables de investigar a los que ejecutaron cuestionados trabajos, dejaron prescribir la acción de sanción administrativa. Sin embargo, Ministerio Público sigue acción legal desde el lado penal.
¿Tarea titánica? … El Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, Amado Eliseo Rodríguez Monteza, fue autorizado por el Gobernador Regional, Humberto Acuña Peralta, para que recupere más de 23 millones de soles que en el año 2012 fueron destinados como inversión en la obra de mejoramiento, ampliación e instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado y pueblos jóvenes del distrito de José Leonardo Ortiz, en el periodo 2012 y 2013.
Sin embargo, en enero del año 2015, la Contraloría emitió un informe de acción de control, donde se señalaban posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas por parte de los funcionarios que resulten involucrados en la ejecución de la mencionada obra.
Pese a la inversión y a que se construyeron tres pozos tubulares que permanecían inoperativos, así como que la población de los mencionados pueblos jóvenes carecían del servicio de agua potable las 24 horas del día, la Contraloría verificó que los leonardinos tenían que madrugar y acondicionar piletas en distintas zonas para abastecerse del vital elemento.
La acción de la Contraloría se amparó en el informe de auditoría del Órgano de Control Institucional –OCI- del Gobierno Regional de Lambayeque, donde se indicaba que los funcionarios Fidel Ortiz, Wiston Segura, Víctor Gonzales, Víctor Burga y Ángel Liza, habrían cometido el delito de omisión al no advertir de las deficiencias que presentaba el expediente técnico de la obra, dando como resultado que se terminara pagando un exceso de 1 millón 187 mil 191 soles, debido a que tuvo una ampliación de 362 días, así como 8 adicionales.
Lo polémico es que habiendo un informe detallado por parte de OCI y de Control Interno, así como una investigación por parte del Ministerio Público, sobre presuntas irregulares cometidas durante la ejecución de la obra de agua y alcantarillado, la gerencia general del Gobierno Regional de Lambayeque no habría desarrollado investigación alguna para sancionar administrativamente y denunciar a los que resulten responsables; más bien, emitió resolución en la que archivaba el proceso administrativo por prescripción de los plazos.
LA NUEVA RESOLUCIÓN
Conforme a la resolución ejecutiva regional N° 3213-2017-GR-GR.LAMB/PR, del 20 de octubre pasado, se sostiene que mediante oficio N° 3961-2016-GR.LAMB/ORAD del 14 de diciembre del 1016, el responsable de la Oficina de Administración, Yosip Ibrahím Mejía Díaz, comunica al gerente general de Epsel, Ing, Néstor Salina Vásquez, desarrollar las acciones orientadas para que el Gobierno Regional de Lambayeque recupere la inversión que había hecho en la obra antes indicada, la que había sido considerada como contribución de carácter reembolsable.
De igual manera, al representante de Epsel se le indica realizar las coordinaciones respectivas con la finalidad de desarrollar acciones que conduzcan a recuperar al Gobierno Regional de Lambayeque el desembolso de dinero que se efectuó en la ejecución de la obra, la que además del cercado de José Leonardo Ortiz, abarcó a los pueblos jóvenes Villa Hermosa, La Explanada, Milagro de Dios, Javier Castro, Santa Lucía, 4 de Julio, Los Claveles, Nazareno Cautivo, Nuevo Horizonte y San Borja.
SIN RESPUESTA
Asimismo, en el informe N° 065-2017-GR.LAMB/ORAD, del 3 de octubre pasado se señala que el jefe de la Oficina Regional de Administración, sustenta que en el informe N° 007-2015-2-5343, Examen Especial al Gobierno Regional Lambayeque, emerge que dado el tiempo transcurrido el jefe del Órgano de Control Institucional, mediante memorando N° 431-2017 –GR.LAMB/OCI, viene solicitando se le informe los resultados obtenidos del recupero de la inversión en la obra, pero no se hace mención que la citada obra tiene cuestionamientos en su ejecución y existe una investigación para determinar a los responsables directos y el grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios investigados.
De igual manera, indica que a la fecha Epsel no ha dado respuesta sobre lo solicitado, considerando que existe un perjuicio económico al Gobierno Regional de Lambayeque ascendente a 23 millones 086 mil 548.92 soles, que van en contra los intereses económicos del gobierno regional de Lambayeque.
EL OCI
Asimismo, mediante informe N° 007-2015-2-5343, examen especial al Gobierno Regional de Lambayeque, en cuanto a la obra “Mejoramiento, Ampliación e Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado y los pueblos jóvenes Villa Hermosa, La Explanada, Milagro de Dios, Javier Castro, Santa Lucía, 4 de Julio, Los Claveles, Nazareno Cautivo, Nuevo Horizonte y San Borja, del distrito de José Leonardo Ortiz, del periodo 2012 - 2013, la Oficina de Control Interno, detectó la falta del dinero, el que debió devolverse dentro del plazo previsto.
De igual manera, se recomendó darle –inicialmente- facultades al gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, para que actúe en defensa de los intereses de los lambayecanos.
Sin embargo, se dispuso que el jefe de la Oficina de Administración, amerite desarrollar acciones conducentes para que la institución recupere la inversión en la obra antes señalada, cuyo monto había sido considerado como contribución de carácter de reemboIsable.
La citada área -ampara en la Ley Vigente- hace conocer que la OCI, en su informe N° 007-2015-2-5343, examen especial al Gobierno Regional de Lambayeque, de acuerdo al Artículo 23, de la Ley N° 26338, Ley general de Servicios de Saneamiento - Derechos de las Entidades Prestadoras, señala que son derechos de las entidades prestadoras, percibir contribuciones con carácter reembolsable, para el financiamiento de la ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura existente o para la responsabilidad de la entidad prestadora.
El reembolso – indica- puede efectuarse con cargo a los recursos destinados a inversión de la entidad prestadora o con cargo a los recursos que ésta reciba como transferencia, en virtud a convenios suscritos para la ejecución de proyectos con otras entidades públicas en el marco de la normatividad vigente.
EN INVESTIGACIÓN
En enero del año 2015, la Contraloría emitió informe de acción de control, donde se señalaban posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas por parte de los funcionarios que resulten involucrados en la ejecución de la mencionada obra.
Pese a la inversión y la construcción de tres pozos tubulares que permanecían inoperativos, la población de los mencionados pueblos jóvenes carecían del servicio de agua potable las 24 horas del día.
La Contraloría verificó in situ que la obra era un “elefante blanco”, y los ciudadanos tenían que madrugar y acondicionar piletas en distintas zonas para abastecerse del vital elemento.
De igual manera, por esta obra - en octubre del 2016- la Fiscalía Anticorrupción formalizó investigación preparatoria contra 5 funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, por el presunto delito de negociación incompatible. La investigación se inició a raíz del informe del Órgano de Control que advertía un perjuicio de casi un millón de soles.
El examen especial arrojó que la mencionada obra adolece de fallas técnicas múltiples en su construcción y funcionamiento, e incluso ocasionó la contaminación del agua utilizable por aguas altamente mineralizadas.
¿RESPONSABILIDAD?
En ese momento fueron comprendidos en investigación los funcionarios Winston Enrique Segura Saavedra -ex gerente regional de Infraestructura; Fidel Ortiz Zapata - gerente regional de Infraestructura; Víctor Hugo Burga Rangel -subgerente de Supervisión y Liquidación; Víctor Javier Gonzáles Bernilla -subgerente de Infraestructura; Ángel Liza Chafloque -Revisor del Expediente Técnico y Vidal Jaime Janampa Quispe -representante legal del Consorcio IOTA, por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible, en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque.
Para esclarecer los hechos, la fiscalía dispuso se reciba el testimonio de Raúl Cieza Vásquez, entonces alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, en cuyo período se ejecutó la obra; así como se solicitó que el gobierno regional proporcione un informe sobre la ejecución presupuestal de la obra, donde se puso en tela de juicio la construcción de pozos tubulares a una profundidad de 40 metros, cuando lo correcto era hasta 31 metros.
ARCHIVAMIENTO ADMINISTRATIVO
A pesar de los cuestionamientos contra quienes serían los directos responsables de las deficiencias que presenta la obra “Mejoramiento, ampliación e instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado del cercado y los pueblos jóvenes de Villa Hermosa, La Explanada, Milagro de Dios, Javier Castro, Santa Lucía, 4 de Junio, Los Claveles, Nazareno Cautivo, Nuevo Horizonte y San Borja, ejecutado por el Gobierno Regional de Lambayeque en el distrito de José Leonardo Ortiz, el gerente general, Francisco Gayoso Zevallos, declaró por prescrito el proceso administrativo sancionador que se realizaba a los funcionarios de confianza antes descritos.
Con Resolución Gerencial General Regional N° 049-2017-GR.LAMB/GGR, del 01 de junio del presente año, Fidel Ortiz Zapata -Gerente de Infraestructura; Wiston Enrique Segura Saavedra -ex Gerente de Infraestructura; Víctor Gonzales Bernilla -Sub Gerente de Supervisión y Liquidación; Víctor Burga Rangel -ex Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, y Ángel Liza Chafloque, no recibirán ningún tipo de sanción administrativa sobre la participación que tuvieron en la construcción de la polémica obra de saneamiento, y por la cual ahora el Gobierno Regional de Lambayeque reclama a Epsel la devolución de 23 millones 086 mil 548.92 soles.
Vale destacar que mediante Informe N° 007-2015-2-5343, el Órgano de Control Institucional -OCI, del Gobierno Regional de Lambayeque, auditó el respectivo proyecto de agua y alcantarillado, encontrando una serie de observaciones y deficiencias en la construcción de la obra.
Sin embargo, el informe de auditoría de OCI señala que Fidel Ortiz, Wiston Segura, Víctor Gonzales, Víctor Burga y Ángel Liza “omitieron en advertir las deficiencias que presentaba el expediente técnico de la obra”. Esto dio como resultado, que se terminara pagando un exceso de 1 millón 187 mil 191 soles, debido a que tuvo una ampliación de 362 días, así como 8 adicionales.
Lo polémico es que habiendo un informe detallado por parte de OCI, sobre las irregulares cometidas en esta obra de agua y alcantarillado, no se entiende cómo es que la gerencia general del Gobierno Regional de Lambayeque no habría investigado y posteriormente sancionado a los funcionarios implicados, motivando a que prescriba el caso.
CONTROL DE ACUSACIÓN
De otro lado, los presuntos actos de corrupción, el cual viene siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, actualmente se encuentra en la etapa de “Control de Acusación” en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, tal como consta el expediente N° 4995 – 2016.
A diferencia del Gobierno Regional de Lambayeque, el Informe N° 007-2015-2-5343 de OCI, ha sido una prueba importante para que el Ministerio Público, inicie y desarrolle investigación con el objetivo de procesar a los responsables de esta cuestionada obra.
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