La renuncia de Pablo de la Flor Belaunde a la dirección ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, sucedida el viernes 27 de octubre, no acalla las demandas de la sociedad civil de Lambayeque, que a través del Comité Cívico pide al gobierno nacional que se reformule el plan de inversiones aprobado para el departamento con un presupuesto de tres mil 115 millones de soles.
En concreto, las organizaciones sociales exigen que en el plan de reconstrucción se incluyan las obras realmente prioritarias para afianzar el desarrollo departamental y que los proyectos de menor impacto, como la construcción de pistas y veredas, se realicen con los presupuestos ordinarios que manejan municipios y gobiernos regionales.
Carlos Burgos Montenegro, decano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, refiere que esta es la principal razón por la que se mantiene en pie la movilización programada para el 13 de noviembre, con la que se busca llamar la atención del gobierno central.
“Lo que empieza mal tiene sus consecuencias y a Pablo de la Flor la soberbia le pasó la factura. No tener la dosis política ni entender que debía hacerle caso a la sociedad civil lo llevó a un proceso sin mayores resultados. Particularmente en Lambayeque hemos venido pidiendo que no se repita la historia de obras que no han logrado sus objetivos, ni de bienestar ni de desarrollo. Un ejemplo es el desembarcadero pesquero de San José, que se inició con el gobierno anterior y que sigue abandonada, con dinero de todos los peruanos, y nadie se hace responsable”, señala.
APERTURA NECESARIA
El representante de la orden profesional sostiene que entre los errores cometidos por Pablo de la Flor está el haber hecho oídos sordos a la opinión técnica de los colegios profesionales, los que desde sus consejos nacionales invocaron a la autoridad de la reconstrucción a tomar en cuenta sus aportes para garantizar la eficiencia técnica y transparencia del proceso.
“Los colegios no somos clubes de amigos, somos instituciones que tenemos una alta responsabilidad de fiscalizar para que las cosas se hagan bien, siendo no solo críticos, sino también dando aportes. Si lo pendiente es un asunto de infraestructura entonces es lógico que se debe convocar al colegio de ingenieros, pero lamentablemente no se entendió así”, manifiesta Burgos Montenegro.
Destaca que el CIP Lambayeque tiene 12 comisiones técnicas que participan de manera activa en la formulación de propuestas viables para la solución de los principales problemas del departamento, potencial que – asegura – debe ser aprovechado por quienes asuman en adelante la conducción del proceso de reconstrucción, incluidos los municipios distritales, provinciales y el gobierno regional.
Refiere que un buen ejemplo de apertura y diálogo es el que está dando el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, que tras haber presentado el Plan de Reflotamiento de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, ha iniciado una serie de visitas a los colegios profesionales con su plana gerencial para conocer sus observaciones y sugerencias, a fin que la gestión del Régimen de Administración Transitoria – RAT, aplicado desde julio pasado en la entidad, sea de mayor eficacia para los objetivos que se persiguen.
El martes, llegó hasta la sede del CIP Lambayeque el nuevo gerente general de EPSEL, Mirko Jurado Dueñas, acompañado de los principales funcionarios de la empresa, para reunirse con los integrantes de la Comisión Técnica de Saneamiento.
“Hay entidades que sí tienen clara la importancia de socializar sus acciones, pero otras no. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios buscó burlarse de la sociedad civil mostrando una falsa apertura para hacerle creer al gobierno central y a la población que se estaba trabajando articuladamente, lo que no era cierto. Esta situación motivó que el Comité Cívico de Lambayeque en una asamblea acuerde convocar a una movilización para el 13 de noviembre y la semana pasada más de cien instituciones y organizaciones de base avalaron esta iniciativa”, asevera.
OPORTUNIDAD DE ORO
Burgos Montenegro sostiene que la ciudadanía debe ser consciente que en el futuro será poco probable que Lambayeque vuelva a recibir un presupuesto extraordinario como el comprometido por el gobierno nacional para la reconstrucción, que asciende a lo equivalente a casi mil millones de dólares, por lo que el dinero necesariamente tiene que invertirse en obras de verdadero impacto para el desarrollo y que garanticen el bienestar colectivo y la seguridad.
“En el plan aprobado en la gestión de Pablo de Flor por la autoridad de la reconstrucción se han considerado más de 900 obras para Lambayeque, entre las que se encuentran algunas con las que no estamos de acuerdo desde el punto de vista técnico, como es el caso de la descolmatación, porque se piensa que estos trabajos deben hacerse porque sí y no porque existe un minucioso análisis de los riesgos y vulnerabilidades que se presentan en los ríos de la región. Hay tramos en los diversos ríos que no requieren obras de este tipo y, sin embargo, se van a ejecutar. Por esta decisión antitécnica es que como colegio de ingenieros hemos renunciado a la veeduría que inicialmente habíamos aceptado con el Ministerio de Agricultura y Riego”, comenta.
El decano de los ingenieros refiere que la posición adoptada por la Mancomunidad de la Macroregión Norotiente, que preside el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, ha sido también determinante para forzar la salida de Pablo de la Flor, al señalar que este nunca había mostrado a su equipo técnico en las vistas realizadas a los departamentos afectados por El Niño Costero y que en todo momento mostró un afán de centralizar la ejecución de los recursos de la reconstrucción en los ministerios, cuya ejecución de gasto está por debajo de los gobiernos regionales.
“Es importante que las autoridades regionales se hayan sumado a esta posición que inicialmente tuvieron las organizaciones de la sociedad civil, más porque estas también conocen la realidad y la problemática de cada departamento. En el caso de Lambayeque, creo que el gobernador Humberto Acuña mal haría si retira su apoyo a la marcha del 13 de noviembre. Él se ha comprometido públicamente a participar, lo dijo cuando dio a conocer el pronunciamiento de la mancomunidad. Debe entenderse que la marcha se concibió desde un inicio no en contra de un funcionario, sino para que se revise el plan de reconstrucción aprobado para Lambayeque. Esa es la razón de fondo y esa demanda se mantiene en pie”, indica.
LA MARCHA
Carlos Burgos recalca que la salida de Pablo de la Flor no implica la suspensión de la marcha del 13 de noviembre. Por el contrario, explica que este hecho debería entenderse como un primer paso para que se concreten las demandas de la sociedad civil respecto a la reconstrucción. Si con la movilización la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el gobierno nacional no toman cartas en el asunto, las medidas de protesta se radicalizarían.
“Se ha acordado en la asamblea del Comité Cívico que si tras la marcha del 13 de noviembre no se atienden los reclamos de Lambayeque se convocará a un paro regional preventivo de 24 horas. Esta es una oportunidad propicia para que el pueblo lambayecano levante su voz y se haga respetar por las autoridades nacionales, quienes deben entender que no deseamos un proceso de reconstrucción de espaldas a nuestras verdaderas oportunidades ni alejado de la realidad que se vive a diario en el departamento. El gobierno central debe tomar cartas en el asuntos y de una vez por todas sentarse a dialogar con las autoridades locales y la sociedad civil. Ningún actor social puede quedar fuera del consenso”, manifiesta.
Según indica, en las otras regiones afectadas por El Niño Costero las organizaciones sociales también han iniciado coordinaciones a fin de implementar en las próximas semanas medidas de protesta para que el gobierno nacional revise lo actuado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se reformulen los planes de inversión ajustándose a las necesidades de cada jurisdicción.
“Queremos que se reformule el plan y en este se incluyan obras emblemáticas que generen bienestar y desarrollo para las regiones. En el caso de Lambayeque se ha dejado de lado al Plan Hidráulico, se están destinando solo mil millones de soles para las obras de prevención donde se incluye al drenaje pluvial para Chiclayo metropolitano y la ejecución del proyecto La Calzada en el valle La Leche y se sabe que dicho presupuesto no es suficiente para dos proyectos que representan una inversión de más de mil 500 millones de soles, sobre las cuales, además, no hay estudios definitivos”, afirma.
Finalmente, el decano del CIP Lambayeque cuestiona severamente a los alcaldes de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, La Victoria, Cayaltí, Oyotún, José Leonardo Ortiz y Zaña, quienes emitieron un pronunciamiento respaldando a Pablo de la Flor como respuesta al comunicado de los gobernadores de la macroregión nororiente en el que se pedía al presidente de la República evaluar la continuidad del funcionario como director ejecutivo de la reconstrucción.
“Fue una muestra de indiferencia y una traición al pueblo, porque sabiendo que la sociedad civil, de la que ellos también forman parte, está disconforme por cómo se ha planificado hasta ahora la reconstrucción decidieron respaldar a quien personificaba ese mal proceso. Son traidores y ahí tienen el resultado de sus actos. Eso les pasará la factura”, enfatiza.
respuesta de Harles milton palacios corres el 2021-05-31.
deberian publicar todos los dctos o archivos de dctos fedateados de las comunidades campesinas co.o planos actas de colindancia y resoluciones supremas
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