El 30 de enero de este año, el responsable de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la comuna provincial de Chiclayo, coronel (r) Amílcar Ramírez Silva, dirigió el Memorándum N° 090-2017-MPCH/GSCyF al administrador del grifo municipal, José Samuel Huertas Casas, con el requerimiento del combustible para las 25 camionetas y siete motocicletas destinadas al servicio de serenazgo para el ejercicio 2017.

De acuerdo al documento, las 25 camionetas que adquirió la gestión del ahora recluido exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, consumen en total 150 galones de petróleo, a razón de seis galones cada una.

Al mes, cada unidad tiene un consumo de 180 galones y al año de dos mil 160 galones, sumando un total la asignación, entre enero y diciembre, de 54 mil galones de combustible – se entiende – para garantizar el patrullaje de la ciudad durante las 24 horas del día.

Para las siete motocicletas (dos de ellas donadas) que administra el serenazgo municipal, se requirió cinco mil 40 galones para el 2017, indicándose que el consumo anual por cada unidad es de 720 galones de gasolina (dos diarios).

Asimismo, se solicitó la asignación de cuatro mil 320 galones de petróleo para las camionetas de placa EGW-597 y EGW-583, destinadas a la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

UNIDADES OPERATIVAS

“Tenemos en estos momento 22 camionetas operativas, tres se encuentran en reparación por cambio de los discos y cosas elementales que se realizan en el taller. Las 22 camionetas han funcionado todo el año. Respecto a motocicletas, tenemos seis operativas, encargadas de realizar patrullaje en los colegios, en el terminal de EPSEL y cerca a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, debido a los problemas de robos de celulares a los alumnos”, explica Amílcar Ramírez.

El funcionario, señala que hasta el año pasado las motocicletas que la comuna tiene destinadas a seguridad ciudadana estaban malogradas. Sin embargo, no precisa cuál es el procedimiento que se tiene respecto al combustible asignado para las unidades que no están en estos momentos operativas y para las cuales se hizo el requerimiento a inicios de año.

En un mes, la comuna debería haber ahorrado 600 galones de combustible. ¿Desde cuándo están paralizadas las unidades? No lo ha precisado.

“El servicio que tenemos nosotros es por 24 horas y además de eso tenemos ocho camionetas trabajando por turno, las 24 horas, en las comisarías. Entonces, tenemos una fuerte demanda de combustible y que se suma a la del camión que se utiliza para la policía municipal”, refiere, añadiendo que este año la comuna ha adquirido dos camiones de baranda para seguridad ciudadana.

“Este año no ha habido reparación de unidades, solo el mantenimiento de las camionetas que se realiza de manera constante. Reparación de motores no, solo cambio de rodajes, amortiguadores, zapatas, terminales, pastillas y otras cosas”, manifiesta.

EL PERSONAL

La comuna de Chiclayo cuenta a la fecha con 86 trabajadores para serenazgo y 45 designados a la policía municipal. El incremento del efectivo es otro problema que atraviesa el municipio, que hasta el momento no ha cumplido con el ofrecimiento del alcalde David Cornejo Chinguel de contratar a 200 agentes más para mejorar el sistema de patrullaje y lucha contra el comercio ambulatorio.

La razón, según explica Amílcar Ramírez, es la falta de liquidez.

“No ha habido contratos de más personal en vista que de que hay embargos sobre las cuentas municipales por el orden de 500 mil soles por adeudos que dejó el anterior gobierno. Esto nos ha limitado incluso en la compra de cámaras de videoviligancia. Nosotros teníamos un proyecto para la adquisición de 25 cámaras, pero no podemos hacerlo debido a que tan pronto ingresan recursos se aplican los embargos y nos dejan en el aire”, detalla.

CÁMARAS MALOGRADAS

De las 20 cámaras que instaló el gobierno de Roberto Torres en diferentes puntos de la ciudad, Ramírez Silva señala que ninguna se encuentra operativa, pues su deterioro fue definitivo durante las lluvias del verano pasado.

Es más, refiere que el problema con las cámaras que adquirió el municipio es que al ser de procedencia china no tienen alternativa de reparación.

“Incluso cuando funcionaban tenían problemas, no había una buena resolución y no ayudaban en mucho al trabajo. Además, son de una marca que no da garantía y que tampoco se encuentra autorizada por el Ministerio del Interior. No sé cómo las habrán adquirido, siempre funcionaron mal”, afirma. 

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