Desde que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció en su mensaje a la nación del 28 de julio la descentralización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, diversas gestiones se iniciaron entre el nivel central y la Gerencia Regional de Trabajo, las que han dado como resultado que Lambayeque se convierta, desde el próximo mes, en el primer departamento en contar con una intendencia del organismo de control, cuyas competencias se centrarán en la inspección a las medianas y grandes empresas.

El 13 de noviembre se inaugurará la intendencia regional de la SUNAFIL, lo que le permitirá a la Gerencia de Trabajo concentrar sus acciones de fiscalización en la microempresa, que se constituye con menos de 10 trabajadores.

“De manera concertada vamos a tratar de hacer mucho más eficiente el servicio de fiscalización laboral que no es ninguna persecución contra las empresas, sino, por el contrario, apunta a crear las condiciones mínimas necesarias para que estas mejoren sus niveles de competitividad y accedan al mercado nacional e internacional con éxito en cuanto a sus planes y políticas de desarrollo”, menciona Guillermo Segura Díaz, gerente sectorial de Trabajo.

En Lambayeque, en los últimos años la gerencia regional ha presentado una serie de deficiencias precisamente en la labor de fiscalización, debilidad que el funcionario reconoce y por la cual se ha adoptado una serie de medidas correctivas, como, por ejemplo, el cese de dos fiscalizadores que la SUNAFIL tenía destacados en el departamento.

CONTROL A LOS INSPECTORES

Según explica Segura Díaz, después de revisar su desempeño y evaluar los procedimientos que estos habían asumido frente a los reclamos y quejas de los trabajadores de diversas empresas, se decidió dar por concluidas sus actividades en Lambayeque.

El año pasado, durante la gestión del exgerente Omar Effio Arroyo se dispuso el archivamiento de dos mil órdenes de fiscalización que los funcionarios mantenían abiertas y habían acumulado entre los años 2008 y 2015. El hecho, tal como lo denunció Expresión en su edición 978, se produjo sin que la Gerencia de Trabajo iniciara el proceso disciplinario contra los inspectores, aun cuando estos habían incumplido el reglamento de trabajo al no dar el trámite correspondiente a las quejas laborales recibidas.

“La descentralización no se lleva a cabo muchas veces por falta de voluntad política y por esa razón en coordinación con la titular de la SUNAFIL, Sylvia Cáceres, hemos trabajado en algunos aspectos, inicialmente referidos a ordenar las cosas dentro de las áreas de fiscalización que tenemos nosotros. Tuvimos que tomar medidas drásticas con dos inspectores de la superintendencia, quienes fueron retornados a Lima dándose por concluida su designación a Lambayeque y sometiéndoles a procesos administrativos, debido al incumplimiento de su responsabilidad y una serie de actos irregulares que deberán ser calificados para conocer si tienen responsabilidad administrativa, civil o penal”, explica el funcionario.

CAMBIOS EN LA GERENCIA

Al cumplir ocho meses desde su designación como gerente regional de Trabajo, Guillermo Segura señala que son diversas las acciones que se han realizado para ordenar el funcionamiento de la dependencia, poniéndose énfasis en la mejora de los servicios de atención al administrado y también en el cumplimiento de las normas laborales.

“Este no es un sector en el que las cosas se arreglan con buenas voluntades. Lo primero que encontramos acá fue falta de autoridad, un problema que tiene el Estado en general. Lo primero que hicimos fue ver cómo estábamos nosotros y lo que se halló fue que había mucho por corregir, que había dejadez, desgano e irresponsabilidad, lo que le hacía mucho daño a la imagen de la institución”, precisa.

Paradójicamente, la Gerencia Regional de Trabajo, que vela por el respeto de los derechos laborales, incumplía con parte de estos en perjuicio de sus propios colaboradores, como el adeudo de vacaciones desde el año 2012, por ejemplo.

“Era el colmo, nosotros fiscalizamos a las empresas y les exigimos el cumplimiento de las normas sociolaborales y que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, se le debía vacaciones al personal desde el 2012 y por ello hemos dispuesto que los servidores vayan al goce de sus vacaciones, conforme lo dispone la ley. Las vacaciones no son ninguna dádiva ni algo intrascendente en la vida de un trabajador, son necesarias para que este alcance un nivel de desarrollo social y familiar adecuado”, asevera.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

Otro aspecto en el que se ha avanzado en los últimos meses es en la eliminación de materiales inutilizables para la función administrativa y que se mantenían por décadas almacenados en diferentes oficinas de la gerencia sectorial.

“Si nos preguntaban si teníamos seguridad y salud en el trabajo teníamos que responder que no, porque casi el 50 % del local institucional estaba lleno de chatarra, con oficinas que no se abrían hace cinco o diez años, con una inmensa cantidad de virus, bacterias y roedores consumiendo cosas que eran absolutamente inservibles y que no habían sido desechadas conforme a las normas internas del gobierno regional. Hemos cargado cinco camiones con chatarra, que incluía muebles, equipos y demás”, comenta.

Añade que aún falta libertad el 20 % de la sede institucional que se mantiene ocupado con documentación que data desde el año 1959, lo que evidencia la irresponsabilidad con la que se ha manejado el cuidado del acervo documentario que debe ser dado en custodia al Archivo Regional de Lambayeque.

“Tenemos un equipo trabajando precisamente en la selección de este material archivístico y en su transferencia al Archivo Regional, espero que en los próximos 30 días se haya concluido con esta labor, lo que permitirá liberar más ambientes de la sede”, precisa.

También se ha regularizado la situación del CAFAE, cuyos representantes no eran renovados desde hace seis años.

“Asimismo estamos poniendo nuestros esfuerzos en mejorar la política inclusiva del Estado, por ello consideramos necesario que la gerencia tenga un baño para las personas con discapacidad física, que los pasadizos cuenten con los caminos adecuados con una cerámicas especiales con tucos para que las personas con discapacidad visual puedan conducirse con mayor seguridad y también es necesaria la elección de los comités de salud y seguridad en el trabajo. Nosotros no los teníamos y lo que apuntamos es que al 31 de diciembre todas las gerencias del gobierno regional cumplan con ello, porque el Estado tiene que ser líder en el cumplimiento de sus propias políticas”, señala el funcionario.

FISCALIZACIÓN A EMPRESAS

Guillermo Segura comenta que en lo que va de su gestión se han desarrollado más de mil acciones de inspección laboral que han permitido determinar, por ejemplo, que en las empresas azucareras se han producido despidos irregulares y se está incumpliendo con el pago de bonificaciones y CTS.

“Hay arbitrariedad y abuso de parte de los empleadores hacia los trabajadores al no respetar no solamente el pago puntual de sus remuneraciones o de las bonificaciones a las que tienen derecho por ley, sino también una situación preocupante por la falta de diálogo y concertación con las organizaciones sindicales. Es necesario que se restablezca el respeto de estas instituciones. Está demostrado que cuando una empresa logra concertar con sus trabajadores el cumplimiento de sus derechos y el nivel de producción se convierten en exitosas”, señala.

Acota que en el sector agrario y en la industria de la construcción se ha encontrado índices de informalidad muy altos, que incluso afectan a menores de edad, quienes trabajan sin la autorización de sus padres y sin tener las mínimas condiciones de seguridad y salud.

“Hemos impuesto cerca de medio millón de soles a algunas empresas por incumplimiento de las normas socio laborales, muchas de ellas están todavía en primera instancia. Sin embargo, lo que sí nos ha preocupado mucho es que las multas que imponía esta gerencia en gestiones anteriores no se hacían efectivas, muchas de ellas con documentos especialmente preparados para que luego sean declaradas nulas y eso está en proceso de investigación. Había aquí una suerte de complicidad con los malos empleadores. Justamente estamos convocando a un concurso para la contratación de un cobrador coactivo y un auxiliar, para que cada multa que sea impuesta sea efectiva, no porque tengamos la función de recabar dinero o tengamos objetivos lucrativos, sino para que los trabajadores sientan que el Estado está cumpliendo con su labor”, enfatiza. 

 respuesta de HIDALGO TORRES TELLO el 2018-11-09.

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