Jóvenes profesionales y estudiantes del distrito de Tumán ha dado nacimiento al Movimiento 29 de Agosto, que reivindica una de las fechas históricas de la lucha iniciada hace más de 200 años por los esclavos de la hacienda, hoy convertida en empresa. Parte de su activismo se centra en la denuncia de lo que consideran condiciones de abuso contra los trabajadores de la agroindustrial, por cuya crisis el gobierno nacional dispuso el establecimiento del estado de emergencia, que – aseguran – lejos de garantizar condiciones de seguridad para la población civil solo beneficia al Grupo Oviedo, actualmente con el control del ingenio.
“Nosotros no tenemos ninguna vinculación política, estamos ligados directamente con la lucha justa del trabajador y por ello decimos claramente: No ha Oviedo ni a ninguna otra mafia que está enquistada en las empresas azucareras. Tumán, los trabajadores y su población se encuentran en medio de una gran disputa de dos mafias que quieren controlar la industria azucarera, cuando en realidad ni una de ellas ha puesto un sol en la empresa y lo único que quieren es apoderarse y llevarse la riqueza del trabajador”, señala Álvaro Castro Vásquez, coordinador de la organización.
RECHAZO A LA EMERGENCIA
El estudiante del último ciclo de la carrera de Economía, de la Universidad de San Martín de Porres, señala que el rechazo de los jóvenes no solo es a la presencia del Grupo Oviedo a través del V Directorio instalado en la azucarera, sino también contra lo que en su opinión es una medida antagónica del Ejecutivo ante la problemática social que se vive en el distrito.
Que la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, haya ampliado la vigencia del Estado de Emergencia en Tumán es, a decir de Castro Vásquez, únicamente beneficioso para el grupo empresarial, toda vez que los integrantes del Ejército del Perú y de la Policía Nacional, destacados a la zona, solo se encargan de resguardar las instalaciones de la fábrica y las oficinas administrativas, así como a los funcionarios de la administración, mas no a la población local.
La semana pasada circularon en las redes sociales fotografías de miembros del Ejército realizando labores de limpieza al interior de la fábrica. Este hecho, afirma, desnaturaliza totalmente el rol que las fuerzas del orden deben jugar en un estado de excepción como el que se vive en Tumán desde el 13 de junio.
Menciona, por ejemplo, que los fines de semana en los parques del distrito grupos de jóvenes liban licor o consumen drogas sin que las fuerzas del orden realicen intervención alguna, pese a que el Estado de emergencia debería garantizar que este tipo de prácticas no se realicen en la vía pública.
“El estado de emergencia no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros somos familiares directos de trabajadores de la empresa y como organización no solo estamos preocupados por los problemas de ellos, sino por todo lo que afecta al distrito. Sin embargo, ahora estamos concentrados en sus reivindicaciones. No podemos ser indiferentes a la problemática y al sentir de los trabajadores”, remarca.
PROBLEMA POLÍTICO
Castro Vásquez argumenta que el Poder Judicial, a través de sus salas superiores, ha dado diversos fallos que se oponen a las acciones emprendidas por el Grupo Oviedo en Tumán, cuestionando la deuda de la empresa D’Líbano y el comportamiento de la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, Karina Fabián Palomino, respecto a la restitución del IV Directorio y la convocatoria a Junta General de Accionistas.
“Este ya no es un problema legal, sino político por la intervención directa de la Presidencia del Consejo de Ministros, por la manera en que se vienen dando todas estas arbitrariedades no solo contra el trabajador, sino también contra el pueblo de Tumán. Es lamentable que a los trabajadores que por derecho les corresponde la gratificación de julio hasta ahora no se les pague. Creemos que este grupo está corrompiendo las más altas esferas del Estado, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y hasta a las Fuerzas Armadas”, denuncia el dirigente del movimiento.
Señala que una solución definitiva al problema de la agroindustrial Tumán es que los trabajadores asuman el control de la empresa para sanear las deudas laborales que esta mantiene y, posterior a ello, se convoque a una Junta General de Accionistas que elija a los órganos del gobierno, con participación plena de todos los actores societarios, para de este modo enrumbar la conducción empresarial.
FALSAS EXPECTATIVAS
Por su parte, Miguel Incio Díaz, bachiller en ingeniería civil, comenta que es preocupante cómo desde la administración de la empresa se están generando expectativas en familias posesionaria de terrenos como los ubicados en Pampa El Toro, a las que se les estarían ofreciendo títulos de propiedad sobre áreas destinadas a espacios públicos, calles y aportes urbanos.
Incio Díaz refiere que este problema se hace mayor por la indiferencia del gobierno municipal que no ha tomado en cuenta la importancia de avanzar en el saneamiento físico legal de los predios del distrito para ofrecer seguridad jurídica a las familias y planificar el desarrollo urbano.
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