El consumo de agua potable en la zona rural presenta uno de los índices más bajos en Lambayeque, incluso dentro de los 26 distritos en los que EPSEL tiene influencia. Por lo general, son las municipalidades las que encargan a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS, el manejo del recurso. Sin embargo, la falta de equipamiento y capacidades de gestión han generado serias complicaciones en el control.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el 62.4 % de hogares rurales tiene acceso a la red pública de saneamiento, pero ninguno de estos recibe agua clorada, situación que tiene implicancias directas sobre la condición de salud de los habitantes, principalmente de las gestantes y los niños menores de cinco años. La falta de acceso al agua potable está asociada a problemas sanitarios como la parasitosis, las enfermedades diarreicas y la desnutrición crónica.

Esto motivó a que la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional de Lambayeque emprenda un programa piloto de asistencia técnica a las JASS, con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios que administran y asegurar que la población asentada en las zonas no urbanizadas accedan al agua potable.

“Estamos articulando con las municipalidades, específicamente con las Áreas Técnicas Municipales – ATM y, por ende, con las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS, para ver la calidad del agua que los pobladores beben. Desde que empezamos a trabajar en esto al principio hubo cierto rechazo, porque la gente estuvo consumiendo por muchos años agua entubada y con el cloro esta adquirió un sabor distinto. También ha estado acostumbrada al agua del pozo o de la acequia y ante ello hemos comenzado a trabajar haciendo incidencia en que los niños tengan mejor calidad de vida”, explica Julio Huerta Ciurlizza, gerente del sector.

LAS JASS

Comenta que se ha logrado avanzar en el mejoramiento del suministro de agua potable en casi el 15 % de los centros poblados en los que operan las JASS, lo que ha significado también un paciente trabajo de promoción de la cultura del agua, capacitación en la operación de los sistemas e integración de los vecinos en el cuidado del recurso.

Los promotores de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento encontraron casos en los que la población utilizaba el agua potable para la elaboración de adobes o la crianza de animales, por ejemplo.

En Lambayeque hay en promedio mil 500 centros poblados, de los cuales aproximadamente el 70 % tiene en funcionamiento una JASS.

Estas se encargan de abastecer del recurso hídrico para consumo humano a casi 400 mil personas, y cobran entre seis y ocho soles por la dotación del servicio a los usuarios.

AGUA CLORADA

Huerta Ciurlizza indica que aun cuando Lambayeque ha sido uno de los departamentos más beneficiados con la asignación de recursos para la ejecución de obras de saneamiento en la zona urbana y rural (mil 125 millones de soles en los últimos diez años), la brecha de accesibilidad todavía es muy amplia, debido a que varios de los proyectos financiados no cumplieron los objetivos, se encuentran paralizados, en arbitraje o judicializados.

“Por ejemplo en Chiclayo, por más que se paralizó la obra de saneamiento, la gente tienen agua, pero en las zonas rurales como la de Olmos, donde ha habido problemas de intervención en los proyectos, la población no tiene el recurso. En estos casos lo que nosotros hacemos es apoyarnos en el sistema que han tenido tradicionalmente, porque la necesidad de agua es latente”, señala.

Otro esfuerzo con un propósito similar es el realizado por la Gerencia Regional de Salud con la distribución de cloro en el distrito de Mórrope, gracias a un convenio suscrito con la comunidad campesina de la zona.

“Nosotros hemos hecho un estudio y con este se determinó que es mejor que el sistema de agua tenga su bomba potabilizadora, para que todas las viviendas automáticamente al conectarse al sistema reciban el agua clorada. Las botellas que distribuía la gerencia de Salud sí ayudaron y eran utilizadas por la gente, pero colocando una bomba dosificadora de cloro en el sistema garantizamos que el agua en general esté en mejores condiciones”, explica.

PROYECTO PILOTO

Gracias al cumplimiento de metas en el Fondo de Desempeño del Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno nacional asignó una partida económica a la gerencia sectorial para continuar con la capacitación y el monitoreo de las JASS.

Dentro del plan, la gerencia ha intervenido en 70 centros poblados de 19 distritos, en las tres provincias, e instalado 70 bombas dosificadoras de cloro que benefician a casi 40 mil personas.

Esto ha significado también un proceso de organización a través del cual los pobladores quedan comprometidos al cuidado de los equipos y a la adquisición del cloro para la potabilización del agua.

“Recibimos aproximadamente un millón de soles por el cumplimiento de metas y con ese dinero no solo hemos comprado las 70 bombas dosificadoras de cloro, sino también realizado el mejoramiento del sistema eléctrico, la instalación del equipo, el mantenimiento y la desinfección del sistema para que se trabaje sin problemas”, menciona.

Dados los resultados, el proyecto fue presentado al concurso nacional de Buenas Prácticas en Gestión Pública que convoca año a año Ciudadanos al Día. La iniciativa ha pasado la primera etapa y ahora se evalúa el cumplimiento de los objetivos y la articulación que se ha puesto en marcha con los sectores Salud y Educación, teniendo en cuenta que el uso del agua potable es un tema transversal y de responsabilidad multisectorial.

CAPACITACIÓN

Los técnicos de la gerencia actualmente visitan colegios para enseñar la importancia del lavado de manos y del cuidado del agua entre los niños, así como difundir el control que debe ejercer Salud a fin de asegurar que el agua que se provee en la zona rural cumpla con los parámetros establecidos por las normas sanitarias.

“Estamos yendo a los 70 centros poblados y viendo el beneficio de mejor calidad del agua, ya ellos cuidan el recurso, se organizan mejor, ya no existe mucha morosidad”, resalta el funcionario.

Para la adquisición de las bombas la gerencia estableció dos criterios: que las JASS se encuentren en condiciones óptimas respecto al manejo de sus recursos y que tenga organización plena y documentos de gestión.

Julio Huerta comenta que se encontró juntas que no cumplían dichos requisitos y en esos casos se brindó asistencia técnica para la mejora de la administración. Hoy, la gerencia apunta a aplicar el mismo proyecto en otros 70 centros poblados para duplicar el número de beneficiarios.

A la par, la dependencia regional ha tomado mayor acercamiento con las municipalidades para que implementen las ATM y se incluya su funcionamiento en los documentos de gestión. De este modo se garantiza el acompañamiento que requieren las JASS para operar con eficiencia los servicios de la población rural.

“Las municipalidades tienen que velar por este sistema de servicio de agua y saneamiento. Sin embargo, las áreas técnicas municipales no estaban siendo organizadas, a veces algunos alcaldes no entendían que la ATM tenía que contar con un profesional exclusivo, algo que poco a poco se ha ido corriendo”, precisa, añadiendo que los funcionarios también trabajan en la capacitación de los pobladores.

EL ALCANTARILLADO

Pero el problema del agua potable no es el único existente en la zona rural. Mucho más agudo es el del alcantarillado.

El funcionario explica que hasta antes de la aprobación del Decreto Legislativo 1280, era posible que el Estado financie proyectos de agua o desagüe de manera independiente, lo que dejaba a muchos sectores sin el segundo servicio.

Ahora la norma exige que el saneamiento básico sea integral y esto permite que se avance en la dotación del acceso al alcantarillado a la población rural, asegurándose además que el sistema considere instalaciones domiciliarias para garantizar el cumplimiento sanitario.

Anota que de acuerdo a la norma solo es posible la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando la población beneficiaria supera los dos mil habitantes. Si el número es mejor se trabaja con otros sistemas complementarios como los biodigestores instalados en Pátapo.

En la actualidad, el Gobierno Regional de Lambayeque trabaja, en función de un convenio suscrito, un proyecto para la instalación de biodigestores en Chóchope.

“El gobierno regional no puede intervenir directamente en obras de saneamiento debido a que estas son de competencia municipal, solo se puede trabajar previa la suscripción de un convenio. En estos momentos tenemos convenios vigentes con Monsefú, Salas, Motupe, Chóchope y Lambayeque”, desataca. 

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