El decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales, anunció que el Tribunal de Ética, recientemente reconformado, ha iniciado la revisión de las quejas y denuncias presentadas contra algunos integrantes de la orden involucrados en presuntos actos de corrupción, con el objetivo de determinar si corresponde o no la aplicación de sanciones que podrían incluso llegar a la inhabilitación para el ejercicio profesional. Tres de ellos son actualmente investigados por el caso “Limpios de la corrupción”.

Se trata de Jorge Inchaústegui Samamé, ex gerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien se encuentra bajo mandato de prisión preventiva desde enero del 2015; Carlos Mendoza Oliden, quien también ocupó la Gerencia de Urbanismo en la comuna local y actualmente tiene comparecencia restringida, y José Baca Távara, ex gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, recluido desde enero del 2015 como parte del proceso de investigación seguido a la organización que habría liderado el exalcalde Roberto Torres Gonzales.

El decano explica que los arquitectos tienen responsabilidades desde el ejercicio profesional para con la sociedad y el prestigio de la orden, por lo que no se requeriría de sentencias judiciales para acreditar algún tipo de inconducta contemplada en el Código de Ética y que pueda recibir sanción de parte del comité especial que se encarga de dichos procedimientos.

Comenta, que en los últimos años ningún arquitecto que ha ocupado cargos en la administración pública y que ha sido objeto de denuncias e investigaciones por los órganos de control o el Ministerio Público ha recibido sanción de la orden profesional.

Refiere que recién hace tres meses se ha reformulado la composición del Comité de Ética del CAP Lambayeque, cuya presidencia recae en el arquitecto Enrique Rodríguez Mosqueira.

INACCIÓN

¿No funcionaba antes el comité? “Sí funcionaba, pero oh sorpresa, en el caso más connotado que es el de “Los limpios de la corrupción” no hay ningún amonestado para comenzar. Sin embargo, yo sí he sido amonestado”, responde Antonio Uriarte.

Indica que el comité que antes presidía el arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque, en la actualidad se encuentra revisando los casos de Incháustegui Samamé, Mendoza Oliden y Baca Távara, quienes se encuentran en calidad de investigados.

“El arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque no hizo nada y no dejó las cosas claras, los arquitectos que delinquen o hacen mal uso de la profesión deberían ser sancionados y eso no se ha hecho, en cambio a mí y a otro arquitecto se nos amonestó por cosas sencillas, sanciones que han sido apeladas al comité nacional. Lo que se ha visto es incongruencia y esperamos que esto pueda rectificarse”, señala.

Antonio Uriarte anota que el nuevo comité deberá evaluar apoyándose en su independencia y autonomía, y remarca que su decisión deberá centrarse en la conducta ética de los investigados al margen de las sanciones penales que estos puedan recibir por los ilícitos que habrían cometido durante su paso por la administración pública.

“Creo que si está suerte de permisibilidad se ha presentado es por dejadez, porque no ha habido un interés firme de defender el prestigio del colegio. Si hubo intereses económicos internos definitivamente lo desconozco. Lo que está claro es que estás tres personas han hecho quedar mal al colegio y más porque no han recibido la sanción que les corresponde, pero esa es una opinión muy personal, es el comité quien debe pronunciarse”, señala.

COMISIONES TÉCNICAS

Por otro lado, el decano indica que también se ha iniciado un mayor control sobre los arquitectos designados para participar en las comisiones técnicas que se encargan de la revisión de proyectos de construcción en las municipalidades del departamento.

El colegio designa todos los años a un representante en los municipios, siendo Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Lambayeque y Ferreñafe los distritos con mayor dinámica constructiva, en los que los arquitectos tienen presencia permanente.

Sin embargo, conforme la orden ha denunciado en reiteradas veces los municipios autorizan construcciones que incumplen los reglamentos, atentan contra el ornato y generan vulnerabilidad, amparándose en los dictámenes que emiten las comisiones en las que participan sus representantes.

CONTROLES DÉBILES

A decir de Antonio Uriarte, los filtros para la aprobación de proyectos y emisión de licencias no accionan de manera eficiente.

El decano señala que existen responsabilidades compartidas y en esto se involucra al proyectista, que puede o no elaborar una propuesta de construcción correcta. Luego está el revisor, que debe exigir el cumplimiento de la norma y observar el proyecto de ser necesario. Posteriormente está el funcionario municipal que emite la licencia y, finalmente, el inspector o supervisor.

“Por lo general, en un 80 % de proyectos, durante la etapa  de ejecución, no se cumple lo que se ha aprobado, y es ahí donde el supervisor debería paralizar la obra y no entregar la conformidad, como actualmente sucede. El proyectista puede cumplir con la norma y obtener la licencia, pero el ejecutor o el propietario alterar el proyecto. Lo que estamos disponiendo como colegio es que se inicie la fiscalización de los proyectos aprobados y ejecutados. Si hay irregularidades, los casos deberán pasar directamente a ética”, precisa.

Añade que se han presentado casos de municipalidades que emiten licencias de construcción sin previa revisión de los equipos técnicos en los que participan los representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros.

Frente a ello, la orden ha dispuesto la realización de visitas a los diferentes alcaldes distritales para hacerles conocer las implicancias de este procedimiento irregular, que incluso puede acarrear sanciones de tipo penal.

Asimismo, se ha dispuesto la instalación de una oficina de enlace en el colegio, para que los arquitectos revisores reciban los proyectos y puedan emitir su opinión técnica sin necesidad de desplazarse hasta la zona de ejecución.

PLAN METROPOLITANO

En relación a la formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano, necesario para la ordenamiento de Chiclayo y sus distritos circundantes, Antonio Uriarte comenta que a raíz del convenio suscrito entre la comuna provincial y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración del documento, con un financiamiento de 520 mil soles, el Colegio de Arquitectos estableció un acercamiento con las autoridades ediles para poner a su disposición la asistencia técnica.

Resultado de ese acercamiento, el colegio alcanzó una terna de tres arquitectos para que sean considerados en el equipo técnico y puedan liderar el proceso de manera adecuada. Asimismo, ha ofrecido uno de los pisos de su sede institucional para que el grupo de expertos desarrollen sus actividades.

“Eso es lo que hemos podido conseguir, pero todavía no se materializa, en eso hay que ser claros.  Ya hemos tenido las conversaciones, pero está que se dilata el tiempo y esperemos que el día lunes se pueda concretar el acuerdo”, menciona.

El colegio ha propuesto a los arquitectos Marco Panta Merino, Ramón Siancas Layo y Carlos Palomino Medina, cuya postulación ha sido aceptada. Sin embargo, es el Ministerio de Vivienda el va a evaluar cuál de los tres tiene el perfil adecuado para asumir el liderazgo del equipo.

DOCUMENTO ACTUALIZADO

Uriarte Gonzales enfatiza en que la concepción del Plan de Desarrollo Metropolitano debe ser distinta a la que se manejaba antes de la emergencia presentada por El Niño Costero, considerando las áreas de vulnerabilidad y gestión de riesgos necesarias para proyectar la expansión de Chiclayo conurbano.

Refiere que al inicio de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel el equipo que lideró Rodolfo Arbulú Chereque trabajó sobre la base del Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015, aprobado recién en enero del 2016, cuyo contenido ya está desactualizado.

“Definitivamente los criterios que se manejaban ya no se ajustan a la realidad post emergencia y ahora se tiene que incluir con mayor énfasis la gestión de riesgos y reducción de vulnerabilidades con una visión de 10 o 15 años”, señala.

Actualmente el Colegio de Arquitectos de Lambayeque trabaja con 12 comisiones técnicas, entre ellas la de medio ambiente, normas, universidades, asuntos gremiales, y deportes, en las que participan 60 agremiados.

 respuesta de 748739 el 2024-06-06.

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