No solo estamos a víspera de iniciar un nuevo año esperanzador y con retos para nuestras vidas, sino también un nuevo año judicial y con nuevas autoridades, las que el uno de diciembre fueron elegidas en Sala Plena, y que por cierto a los lambayecanos nos llena de alegría y orgullo saber que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tíneo, así como el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata López, y el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juan Rodolfo Zamora Barboza, son ex alumnos de nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG.
Sin embargo, los nuevos titulares del Poder Judicial tanto nacional como regionales, tienen a partir del primer día hábil del 2017 un objetivo general dentro de su plan de trabajo, que no es más que el de orientar y brindar al ciudadano un servicio de justicia predictible, eficaz y oportuno, además de fortalecer las reformas procesales tanto penal, civil, laboral y administrativa, con la única finalidad de dar seguridad jurídica.
Me gustó escuchar al doctor Duberlí Rodríguez Tíneo, mi amigo, y lo digo con mucha humildad y respeto, en una entrevista a un medio de comunicación nacional, hablar que dentro de su plan de trabajo, para su período administrativo 2017-2018, se considera que en estos tiempos se hace necesario contar con un Poder Judicial a la altura de los retos actuales, con objetivos generales y específicos, y con ejes de gestión futuristas, así como de fortalecimiento y promoción de los procesos de reforma procesal en todo el país, en bien de la seguridad y tranquilidad pública, así como jurídica de cada uno de los ciudadanos y de los empresarios inversionistas.
También se hace necesario de la celeridad procesal en los procesos previsionales, constitucionales, civiles, de familia y sobre todo, en los penales. Además, es necesaria la transparencia y probidad judicial, así como impulsar la aprobación del Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial y la creación e implementación de Juzgados Ambientales, optimizar el acceso a la justicia y la intervención efectiva del Poder Judicial en la definición de la política criminal del Estado.
En otras palabras, existe la necesidad urgente de modificar algunas normas administrativas de justicia para hacerla acorde a la realidad del país y de una sociedad en constante cambio. Para ello es necesario realizar una verdadera reforma del sistema de justicia, liderar ese proceso, así como coordinar con las instituciones del sistema para acercar la justicia al pueblo, la que cada está más lejos, y una prueba de ello es el hacinamiento o sobrepoblación penal que existen en las cárceles del Perú.
Urge la necesidad de tener jueces independientes, imparciales, sin temores a lo mediático por parte de los medios de comunicación, seguros en que son justos administrando justicia y fortaleciendo la justicia penal contra el crimen organizado, así como reforzar la justicia de paz no letrada y la justicia comunal y rondera.
También se hace necesario un adecuado sistema de control judicial; es decir, potenciar los mecanismos de control interno y sanción de los hechos de corrupción, reformar el sistema de defensa judicial del Estado, fiscalizar la corrupción judicial mediante las facultades de Derecho de las universidades del país.
En este caso me permito hacer una excepción, pues toda la corrupción e ineficiencia no se la podemos atribuir al Poder Judicial, sino que gran parte de esta es producto del trabajo deficiente de la Policía Nacional y de los mismos fiscales del Ministerio Público, así como las procuradurías del Estado, que ante un mal trabajo de investigación dejan luces para que los abogados de defensa puedan encontrar una salida a favor de alguien que es investigado o procesado por algún delito.
Otra preocupación que existe entre los litigantes es que ir en demanda o en denuncia, tiene un costo preocupante, más aún cuando los jueces dejan de lado el principio de celeridad procesal; es decir, no cumplen con resolver dentro de los plazos que estipula la Ley, y se allanan a la famosa carga procesal, lo que a la larga significa un mayor gasto para el litigante.
El inciso 16 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú señala claramente que son principios y derechos de la función jurisdiccional “la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos, y para todos, en los casos que la Ley señala”.
Sin embargo, un reciente informe realizado por un equipo de las Naciones Unidades para américa, ha advertido que en el Perú un proceso judicial cuesta 70 por ciento más que en otros países del primer mundo. Es decir, una persona que exige o reclama un derecho o invoca la protección jurisdiccional para encontrar justicia, tiene que cumplir con los costos que no son más que las famosas tasas judiciales. En otras palabras, pagamos un importe hasta para que nos notifiquen la admisibilidad, observación y hasta rechazo de nuestra propia demanda o denuncia.
Asimismo, para poder ejecutar una sentencia, los litigantes tienen que hacer diez acciones más que en el promedio de los sistemas judiciales de los países del primer mundo, lo que evidencia que nuestro presidente nacional del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, así como el presidente de la Corte de Justicia lambayecana, Aldo Zapata López, y de la liberteña, Juan Rodolfo Zamora Barboza, están recibiendo un sistema judicial burocrático y lento, que desde el primer día de trabajo tienen que hacer caminar a ritmo de desarrollo y de los principios de igualdad y legalidad.
Desde Mi Expresión soy de la idea que esta nueva administración del Poder Judicial que se avecina tanto a nivel nacional como regional, tenga como propósito ganar un mayor espacio e integrar a la ciudadanía en lo referentes a la literatura jurídica – al conocimiento de las leyes- ampliando su difusión hacia diversos sectores públicos y privados y de la opinión pública, a través del conocimiento que se les pueda brindar con el único objetivo de lograr un mejor nivel de información y comunicación con la sociedad.
