La Contraloría General de la República ha emitido su informe sobre la cantidad de obras paralizadas que hay en el país y los millones de soles de inversión que se encuentran estancados, con la postergación de la mejora en la calidad de vida de la gente que, como es lógico, eso supone.

Lambayeque registra en total 54 obras paralizadas, para las cuales se asignó un presupuesto total de 320 millones 559 mil 205 soles. De ese monto, hay por ejecutar 175 millones 665 mil 795 soles.

Algunos dirán que nuestra situación no es grave en la zona norte si se considera que en Piura hay 138 obras paralizadas y 83 en La Libertad, pero ¿acaso eso sirve de consuelo sabiendo la enorme necesidad de la población?

Algunos de esos proyectos sobre de vital importancia como la renovación de los emisores de Chiclayo, presupuestado en 89 millones de soles y que está parada desde noviembre del 2016 por errores en la formulación del expediente, o la obra de renovación de las redes de agua y alcantarillado en el casco central de Chiclayo, que tuvo un presupuesto de 28 millones y que se encuentra paralizada desde el 2014.

¿Qué motiva la paralización de los trabajos en las obras públicas? Sin duda la principal traba se encuentra en los expedientes técnicos mal formulados y como segundo punto están las controversias generadas en las unidades ejecutoras, los contratistas y la supervisión por adicionales de obra no reconocidos.

Lógicamente también hay paralizaciones por abandono de obras por parte de los adjudicatarios, arbitrajes y judicialización de los proyectos.

Todos estos aspectos pasan una factura mucho más onerosa que los presupuestos inicialmente asignados al mejoramiento de servicios como agua, desagüe, pistas y veredas, que son por lo general las intervenciones con mayor incidencia en la larga lista expuesta por la Contraloría.

El problema implica, según los expertos, cuestiones de fondo que no se limitan únicamente a la formulación de expedientes técnicos deficientes, que son copia y pega de los que se ejecutan en otras partes del país y que se repartan cual figuritas de álbum escolar en municipalidades, gobiernos regionales y dependencias del gobierno nacional.

Hay problemas y muy serios en los procesos de selección. La evaluación de las ofertas sigue siendo deficiente y varias veces irregular, permitiendo que se direccionen obras y se adjudique a postores que no tienen experiencia válida o no cuentan con el equipo técnico exigible para asegurar una buena ejecución.

Entonces, el asunto va más allá y centra en otro de los aspectos flojos que tiene la administración pública: la Ley de Contrataciones del Estado, las decisiones del organismo supervisor y del propio Tribunal de Contrataciones.

La paralización de una obra pública no solo representa el encarecimiento de la misma en el tiempo, sino también la postergación del justo anhelo de las familias a gozar de mejores condiciones para vivir. Eso ha pasado con las cientos de familias de los pueblos jóvenes carretera a Pomalca que han visto frustrado su anhelo de gozar con agua y potable. Samán, uno de esos pueblos, ha esperado más de 100 años por el servicio.

Lo mismo pasa con familias de José Leonardo Ortiz, San José, Ciudad de Dios o Tomis Stack, solo por citar algunos de los casos más escandalosos de paralización y retardo en la ejecución de trabajos.

Esta situación, que también se reviste de impunidad, pues la acción de los entes de control es lenta y a veces ausente, exige con urgencia política nacional que apunte al mejoramiento de la obra pública, para que esta sea no solo eficiente y transparente, sino también ejecutada en los plazos previstas y con las garantías suficientes.

La implementación de las Juntas de Resolución de Disputas para evitar que una obra vaya a arbitraje es un buen paso, pero se necesita más.

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Directora / Fundadora.