El 22 de marzo, los expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su consternación por la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto presidencial y poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori. Afirmando que esto representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno.

"Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas", dijeron los expertos, señalando que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.

La decisión del Tribunal Constitucional es del 17 de marzo y los argumentos que la sustentan recién se hicieron públicos el 28 de marzo. "A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Alberto Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias", dijeron.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros. Su condena, tras un proceso judicial que cumplió con las normas nacionales e internacionales de un juicio justo, ha sido elogiada internacionalmente y considerada un importante logro en la lucha contra la impunidad.

"La decisión del Tribunal Constitucional de liberar al señor Fujimori y de restablecer un indulto presidencial que le había sido concedido en 2017 parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad", señalaron los expertos.

El indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se había justificado por razones humanitarias debido a la avanzada edad de Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó "serias preocupaciones" sobre el cumplimiento de los requisitos legales en la concesión del indulto presidencial. En 2018, la Corte Suprema de Perú revocó el indulto, lo que provocó su regreso a prisión. En 2021, el Fujimori presentó un recurso de habeas corpus para anular la sentencia de la Corte Suprema de 2018 que revocó el indulto.

Los expertos recordaron su comunicado de 2018 sobre la cuestión del indulto a Fujimori, donde subrayaron los requisitos concretos para la concesión de indultos por razones humanitarias que deben ser cuidadosamente observados para evitar la arbitrariedad.

"Solo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos. Sin embargo, tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad”, señalaron.

"En estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud a través de prestaciones médicas ofrecidas en las prisiones, o facilitando el traslado a centros médicos especializados".

Fujimori disfruta de unas condiciones de detención adecuadas en la prisión de Barbadillo.

Los versados añadieron que la puesta en libertad anticipada de personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales es contraria a los derechos humanos. "La comunidad internacional reconoce la necesidad de restringir el uso de los beneficios procesales que favorecen a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, para que esto no tenga el efecto de hacer ilusoria la justicia penal y minar la confianza de las víctimas y de la sociedad en el Estado de Derecho y en las instituciones de gobierno", señalaron.

No está claro cómo afectará la decisión del Tribunal Constitucional a las acusaciones y juicios pendientes contra Fujimori, incluidos los relativos a la matanza de Pativilca de 1992 y a las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres, en su mayoría indígenas.

Al cierre de edición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, requirió al Estado Peruano que se abstenga de ejecutar liberación del expresidente. Ello hasta que esta decida sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por los deudos de las víctimas. Este pronunciamiento se conoce mientras se esperaba la excarcelación de Fujimori del penal de Barbadillo, en la Diroes, luego de la publicación del fallo en mayoría del TC.

De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intimó  al Estado Peruano que se inhiba de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por los Casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Señala el documento: “Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”.

La nota del tribunal supranacional ha sido comunicada al Estado Peruano y a los representantes de las víctimas. Esta Resolución deberá ser notificada a la Corte, la misma será comunicada al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial.

El fallo del TC, de 102 páginas, aprobado por mayoría y publicado el lunes 28 de marzo, restituye el indulto humanitario y gracia presidencial que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori Fujimori en el 2017.

“Nos ha llegado una nota a los representantes de las víctimas. La Corte señala que en este período de sesiones va a decidir sobre las medidas provisionales que se han presentado”, indicó Diana Coz, una de las abogadas de los familiares del Caso Barrios Altos. En diálogo con El Comercio, señaló que solicitaron que se deje sin efecto el fallo del TC.

Horas antes de conocerse esta decisión de la Corte Interamericana, Keiko Fujimori, hija del expresidente, había declarado que esperaba que este martes se autorizara la excarcelación de su padre.

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