Quien quiera que sea asesor del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, lo está llevando por un camino cada vez más sinuoso o, en todo caso, los pasos de la autoridad municipal son cada vez más torpes.

La facilidad con la que se gana líos legales es francamente sorprendente y a estas alturas del partido se podría decir que ha caído en problemas gratuitos, quizá por un mal consejo. Sin embargo, nunca puede quedar fuera la variable de su personalidad, cargada de autosuficiencia para todo.

A Marcos Gasco no le gusta que lo fiscalicen. Eso está claro. Sabido es que en las sesiones de concejo no ha perdido oportunidad de llamar obstruccionistas y hasta desleales a los regidores que han pedido más de una vez que rinda cuentas o, al menos, hable con claridad sobre aspectos espinosos relacionados a su gestión.

Le molesta verse en apuros y cuando lo está tampoco duda en amenazar. La semana pasada lo hizo contra los regidores a quienes prácticamente coaccionó para que voten en contra de la recomendación planteada en la sesión de concejo por el regidor Orlando Puell Varas, referida a la reducción de sueldos de sus funcionarios.

Dijo, sin medias tintas, que quienes votasen a favor podrían verse involucrados en las acciones que él tomaría. ¿Cuáles? Promover su vacancia, por ejemplo.

Lo cierto es que con el pasar de los días, Marco Gasco pierde fuerza en el concejo municipal. Su antes incondicionales Pedro Ubillús y Randy Vegas van votando en contra de sus propósitos en más de una ocasión y la minoría fiscalizadora que antes era de solo tres (Jony Piana, Percy Espinoza y Orlando Puell), ha llegado a sumar siete votos. El día en que se pedía aprobar la recomendación sobre los sueldos de los funcionarios de confianza, Gasco tuvo que dirimir.

Dice el viejo refrán que la letra con sangre entra. Para el caso del burgomaestre de Chiclayo el refrán serían: “La ley con denuncia entra”, porque ha hecho falta que los regidores lo denuncien ante el Ministerio Público para que se ponga las pilas y pueda responder a un medido de información, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que los concejales de minoría plantearon el mes pasado.

La historia es la siguiente: El 20 de abril, siete regidores de la comuna de Chiclayo solicitaron al alcalde que entregue documentación relacionada a los contratos de cuatro personas como locadores de servicios de la municipalidad provincial, quienes percibieron sueldos de más de ocho mil soles cada uno y, entre otras cosas, tenían como característica común haber trabajado en el restaurante de su propiedad (Ventarrón), que operaba en Lima.

Los beneficiados con las contrataciones han sido identificados como Fabián Chuquipoma Vásquez, Iván Mondragón Jordán, Edwin Delgado y Leonor Guevara Sánchez.

El documento de solicitud ingresó por mesa de partes virtual y fue derivado al despacho de Alcaldía el 23 de abril. Entre el 24 y el 26 estuvo rotando en la Coordinación de Alcaldía, a cargo de Darío Ramos Amau, quien lo derivó a la Gerencia Municipal y esta, a su vez, a la Gerencia de Secretaría General que lo envió a la Subgerencia de Logística, para ser atendido el 4 de mayo, por la tarde.

Así, entre peloteo y peloteo, se vencieron los plazos que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el 4 de mayo en la mañana los regidores Percy Espinoza, Jony Piana, Andrés Puell, Karina Villegas, Pamela Alva, Pedro Ubillús y Randy Vegas, denunciaron a la autoridad municipal y al actual gerente general de la comuna, Eleazar Torres Ybáñez, por el delito de abuso de autoridad en su modalidad en omisión al acto debido.

Es decir, en el municipio esperaron que los regidores acudan al Ministerio Público para recién mover la solicitud y darle trámite el mismo día de la denuncia por la tarde.

¿A ese ritmo piensa terminar Marcos Gasco su gestión en los 20 meses que le quedan como alcalde de Chiclayo? Si es así, entonces convendría una avalancha de denuncias sobre los innumerables temas que el alcalde rehúye a explicar para que él y sus funcionarios se inyecten una dosis de celeridad y puedan actuar oportunamente. En tanto, ha quedado claro que en la comuna “la ley con denuncia entra”.

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Directora-fundadora.