Martín Vizcarra -expresidente, exgobernador regional de Moquegua y actual candidato al Congreso de Somos Perú- podría afrontar lo que queda de la campaña en prisión, si así lo decide la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción.

La magistrada evalúa el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, contra el exmandatario. Al cierre de edición la audiencia que ve el caso se había suspendido por el tiempo y se retomará el jueves por la mañana cuando estemos en circulación.

Se sabe que desde octubre de 2020, Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos que habría recibido de parte de las constructoras Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) para la licitación del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo, respectivamente, cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).

La investigación fue formalizada el pasado viernes 12 y junto con la decisión de continuar con el caso, el fiscal presentó el pedido de prisión preventiva. Juárez busca asegurar la presencia de Vizcarra en el país mientras continúen las investigaciones.

Como recordamos el fiscal Germán Juárez abrió una investigación preliminar a Martín Vizcarra en octubre del año pasado. La apertura de la pesquisa se dio a raíz de las declaraciones brindadas por el aspirante a colaborador eficaz N°10-2018, quien brindó documentación al fiscal para respaldar su versión sobre el pago irregular de S/1′000.000 de Obrainsa a Vizcarra.

Al abrir la investigación ya contaba con otros testimonios como los de las secretarias de dicha empresa, que confirmaron lo dicho por el aspirante a colaborador.

El mismo testigo indicó que el desembolso de Obrainsa se dio en el 2013 y 2014, y fue a cambio de la adjudicación de la obra Lomas de Ilo.

“Vizcarra le requirió un pago a Tejeda por el apoyo otorgado (…) al haberles manifestado el monto máximo a ofertar. (…) El porcentaje del 2% solicitado equivalía a s/ 1′016.212,76”, dijo.

Añadió que en una reunión entre Vizcarra y Tejeda, este último entregó “los S/ 400.000 en efectivo dentro de un sobre manila” al entonces presidente regional.

El dinero habría sido cobrado a través de un cheque del BBVA por el conserje de Obrainsa, Tobías Puerta Gutiérrez.

En la investigación también han sido incluidos otros testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces, quienes han declarado que las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), e Incot pagaron S/1′300.000 a Martín Vizcarra, a cambio de la buena pro para la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Según uno de los aspirantes a colaborador, en noviembre de 2013, se presentaron dos propuestas para la construcción del hospital: Consorcio Moquegua I, conformada por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Mantenimiento y Proyectos Generales SAC y Kukova, por S/146′510.359 y Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA e Incot, por un total de S/126′506.231.

Presentadas las ofertas, Unops convocó a los representantes del Consorcio Hospitalario Moquegua para indicar que revisarán su oferta.

De acuerdo al testimonio, el consorcio presentó una nueva oferta menor. Una emisaria de Vizcarra se comunicó con Rafael El consorcio presentó una oferta menor. De acuerdo al aspirante a colaborador, un emisario de Vizcarra se comunicó con Rafael Granados de ICCGSA y le dijo que tenía un mensaje de él, quien solicitaba S/1′300.000 para proceder con la aprobación de la oferta.

Otro aspirante a colaborador declaró que en CADE 2013, Granados se encontró con una persona que había sido ministro de Pedro Pablo Kuczynski y le manifestó que Vizcarra “le había encargado que dijera que faltaba algo más para proceder con la buena pro del hospital”.

El exministro recalcó que “lo que pedía Vizcarra era algo para él y que era de S/ 1′300.000 adicionales al descuento”.

Un tercer aspirante a colaborador confirmó “el acuerdo ilícito” entre Granados de ICCGSA y Vizcarra por el hospital. Dijo que los pagos se hicieron de seis a ocho oportunidades. En dos ocasiones el dinero fue entregado directamente a Martín Vizcarra, según el aspirante a colaborador.

Como un nuevo elemento en la investigación, el fiscal Germán Juárez incluyó los reportes de la empresa Telefónica que registran el tráfico de llamadas entre Martín Vizcarra y los empresarios Elard Paul Tejeda de Obrainsa, José Castillo Dibós y Rafael Granados de ICCGSA, y del exministro José Manuel Hernández.

Cabe señalar que tanto Tejeda como Castillo Dibós, Granados y Hernández, decidieron levantar la reserva de su identidad como aspirantes a colaboradores eficaces.

Entre el 5 y 6 de noviembre de 2013, se registraron llamadas entre los números de Martín Vizcarra y Elard Tejeda, quien declaró al fiscal Juárez que recibió una llamada de Vizcarra, y le indicó que lo visitaría en su oficina.

Según dijo, Vizcarra le entregó información “privilegiada” para que el consorcio conformado por las empresas Obrainsa y Astaldi se adjudique la obra Lomas de Ilo. Declaró que “el porcentaje del 2% solicitado por Vizcarra equivalía a S/1′016.212,76”.

Tejeda indicó que para el primer pago de S/400.000 gestionó un préstamo de Obrainsa. Vizcarra lo llamó los días 24, 27 y 30 de enero de 2014. El dinero fue retirado del Banco Continental el 27 de enero.

Existe otro reporte de llamadas entre el exmandatario y Tejeda en la primera semana de abril de 2014. El segundo pago de S/600.000 fue el 4 de abril.

De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el fiscal Germán Juárez estima una prognosis de pena de 34 años de prisión preventiva por los tres delitos por lo que viene siendo investigado: colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita.

En su pedido también considera que Vizcarra no cuenta con arraigo en el país por lo que habría elementos para el peligro de fuga. Señala que el investigado tiene las condiciones económicas para abandonar el país.

Juárez recordó que Vizcarra, durante su gestión como presidente regional, trajo a Perú a funcionarios bolivianos entre los que se encuentra el actual presidente de ese país Luis Arce. Agregó que podría rehuir a la justicia haciendo uso de dichos vínculos.

Luego de conocer que el fiscal Juárez solicitó prisión preventiva en su contra, Vizcarra dijo que no existen argumentos válidos para pedir dicha medida.

“Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la Fiscalía, los pasaportes los tiene la Fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso”, señaló.

“Estoy seguro que el propio fiscal, que constantemente ha adelantado opinión, es el que más sabe que no hay argumentos. Los único que quiere es usar este pedido para afectar nuestra candidatura, para que sea titulares en medios de comunicación. Y esto, porque creemos en la justicia, no va a prosperar, pero quiere generar un deterioro en nuestra candidatura”, agregó.

A su turno, el abogado a cargo de su defensa, Fernando Ugaz, consideró que no existe peligro procesal en el caso del exmandatario y por lo tanto, el pedido no debería prosperar.