Siempre se ha dicho que un buen maestro no necesariamente será un buen gerente de Educación o que ser un excelente médico no es garantía de un eficiente gestor en Salud.

Como en todo, la gestión pública implica de conocimiento normativo y funcional, pero además de una alta dosis de cabeza fría y responsabilidad para tomar las decisiones más acertadas, no solo en cautela de los recursos del Estado, sino también en prevención de cualquier problema legal futuro.

Si algo le falta a la administración pública son profesionales revestidos de plena autonomía para decir “No” cuando deben hacerlo, sin caer en las presiones que desde el ámbito político o gremial siempre existen.

Dicho esto, resulta penoso ver que la trayectoria de conocidos profesionales de nuestro medio, quienes han ocupado cargos de confianza en el Hospital Regional de Lambayeque, se vea manchada por una incorrecta aplicación de las normas.

El Órgano de Control Institucional – OCI, del Gobierno Regional de Lambayeque, ha emitido el Informe de Control Posterior 001-2021-2-5343, relacionado a la “Adquisición de vales y tarjetas de consumo – Canas Navideñas”, en los años 2015, 2016 y 2018, en el Hospital Regional de Lambayeque.

Lo que arroja como resultado el documento de auditoría es que en el 2015 se aprobaron y otorgaron beneficios extraordinarios al personal del nosocomio con presupuesto destinado a brindar servicios de salud, “incumpliendo lo señalado en la normativa vigente”.

En opinión de la Contraloría, este hecho generó un perjuicio económico de un millón de soles, afectando un presupuesto asignado para la atención médica especializada.

Con ello se afectó, además, los intereses de la entidad y la legalidad con la que deben regirse las actividades de la gestión pública.

Asimismo, en el 2016, por las mismas causales, se generó un perjuicio económico de un millón 78 mil 14.60 soles, “afectando el presupuesto de programas, la libertad de concurrencia y la legalidad en la gestión pública”.

En tanto, en el 2018 se aprobaron y otorgaron beneficios extraordinarios al personal del hospital sin contar con facultades de representación, ocasionando un perjuicio ascendente a un millón 119 mil 874.35 soles.

Para el ente de control, estos hechos representan responsabilidad penal y administrativa en los exdirectores del hospital Enrique Altamirano Mego y Moisés Rosario Borrego, ambos designados por el exgobernador Humberto Acuña Peralta.

En la misma situación están los exfuncionarios Susana Cruz Rodríguez, Javier García Alayo, Felipe Alvarado Paredes, Carla Chafloque Farfán y Carolina Ramos Delgado.

Del mismo modo, Luis Rivas Adanaque, Ángel Aguinaga Fernández, James Cubas Castillo, Carlos Díaz Chávez, Nilton Chepe Rivera, Luis Mires Gonzales y María Gonzales Vigo.

Contraloría pide al responsable del Gobierno Regional de Lambayeque que se ponga de conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales para que proceda a iniciar las acciones legales respecto a los funcionarios señalados.

Asimismo, que el Hospital Regional de Lambayeque inicie las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad, pero además que se elabore una directiva interna, que de manera específica y detallada señale los procedimientos de control, custodia y responsabilidades de los funcionarios que se encargan en el archivo de comprobantes de pago en el acervo documentario, puesto que se detectó la pérdida de documentación.

Otra demanda de la Contraloría es que el jefe de la Oficina de Administración, en coordinación con el jefe de Oficina de Planeamiento, implemente las acciones pertinentes para cautelar que la contratación de bienes y servicios, se realicen en estricto cumplimiento de las normativas vigentes, a efectos que permitan preservar la correcta utilización de los recursos destinados a los servicios de salud; aplicando los correctivos inmediatos de persistir las deficiencias.