Hace poco el constitucionalista, docente universitario y expresidente del Tribunal Constitucional, Cesar Landa Arroyo, escribió que en el actual contexto político del Perú y con los diversos casos de corrupción que se han evidenciado en los últimos años es de vital importancia analizar una de las instituciones clásicas del derecho parlamentario, como es el caso de la inmunidad de los congresistas de la república, en el marco de la lucha nacional contra la corrupción.

Esgrimió también que, recientemente, el uso abusivo de esta institución por diversos congresistas ha demostrado nefastas consecuencias, pues ya no es utilizada como una garantía frente a las presiones políticas externas -que podrían buscar intimidar a los congresistas en el ejercicio de sus funciones- sino, que, por el contrario, su empleo se ha desvirtuado y, en los últimos tiempos, ha constituido un mecanismo por el cual se pretende evadir la justicia y perpetrar la impunidad.

También fue directo al señalar que en los últimos años siete pedidos de desafuero de parlamentarios fueron rechazados por el Congreso, gracias al “blindaje” de la mayoría parlamentaria, pese al material probatorio existente. Asimismo, dijo que “en tres casos específicos, se evidenció la manipulación y retrasos que ocasionó dicha mayoría en el procesamiento penal y/o captura de sus congresistas o afines”. Es aquí cuando recordamos el caso de Benicio Ríos, quien fue sentenciado por el delito de colusión; el caso del fallecido Moisés Mamani, quien era investigado por tocamientos indebidos; y finalmente, Edwin Donayre, quien fue sentenciado por peculado y que  estuvo buen tiempo prófugo de la justicia.

En nuestro caso, al referirnos sobre la inmunidad parlamentaria debemos señalar que - de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política del Perú - la prerrogativa de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria comprende la ausencia de responsabilidad por opinión y voto, así como la imposibilidad de procesamiento y arresto de los congresistas durante el transcurso de su mandato hasta un mes después de cesar en el cargo. Ahora bien, cabe señalar que una de las excepciones a dicha inmunidad es el caso del delito flagrante, en el que, incluso en el supuesto de ser detenido, el parlamentario deberá ser puesto a disposición del Congreso para la autorización de su arresto.

Es en este contexto que la bancada de Somos Perú está exigiendo que se incluya en la agenda del pleno del Congreso el proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria y que todavía está pendiente de ser aprobado en una segunda votación para que pueda entrar en vigencia como reforma constitucional.

El congresista Guillermo Aliaga, a través de su cuenta de Twitter, escribió “Desde la bancada de Somos Perú exigimos que ingrese a la agenda el proyecto de ley de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Hoy la bancada se declara en sesión permanente y no vamos a descansar hasta que se ingrese este proyecto de ley y se ponga fecha de debate”. El legislador se refirió así a la iniciativa que fue aprobada en primera votación al final de la anterior legislatura, el 5 de julio, en el que se planteó también eliminar el antejuicio  para ministros de Estado, la supresión de la inmunidad del defensor del Pueblo y de los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros altos funcionarios.

Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere ser aprobada en dos legislaturas diferentes para que pueda entrar en vigencia. La actual legislatura tiene como fecha límite el 18 de diciembre.

Conocemos que el Parlamento ha programado desde el 14 al 18 de diciembre una semana de representación, en la cual no se desarrollarán sesiones en el hemiciclo, porque los congresistas se encontrarán de viaje en sus respectivas regiones.

Cabe recordar que, adicional al proyecto de eliminación de inmunidad parlamentaria aprobado el 5 de julio y que requiere una segunda votación, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado a inicios de diciembre otro proyecto diferente para eliminar este privilegio.

El dictamen que fue aprobado señala que se debe modificar el artículo 93 de la Constitución para que la Corte Suprema del Poder Judicial sea la encargada de procesar por delitos comunes a congresistas que hayan sido imputados durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, indican que cualquier juez penal ordinario asumirá el proceso en caso de comisión de delitos, previos a que un congresista asuma su mandato.

Creo que para cumplir con la ciudadanía y mejorar la alicaída imagen que hoy en día tiene el Congreso, este proyecto de ley que forma parte de las reformas políticas propuestas durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra debe aprobarse. La aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria sería un buen gesto político del actual Congreso que ha cometido una serie de errores en su actuación ante el país.

Una mirada actual de esta institución como parte del estatuto congresal revela que ha dejado de constituir una garantía de su independencia para ser utilizada como un privilegio innecesario en búsqueda de impunidad frente a hechos ilícitos; por lo que su eliminación se presenta como una cuestión de estricta urgencia, a fin de combatir el alto nivel de corrupción que se ha evidenciado en distintos congresistas y que se refleja en la baja aprobación popular que actualmente goza el parlamento. Así como sienta posición sobre este hecho el constitucionalista Landa, muchos otros hombres y mujeres del derecho en el Perú también están de acuerdo en la eliminación de la Inmunidad Parlamentaria en el Congreso de nuestro país.