No puedo negar que sentí una enorme satisfacción al saber que Alejandro Toledo Manrique había sido detenido en los Estados Unidos y con ello se iniciaba el camino de la extradición, el mismo que será largo, pero sobre el que existe convicción plena de saber que el gobernante retornará al país para enfrentar a la justicia.

No existen calificativos para Toledo Manrique. Verlo en los últimos dos años pasear orondo por las calles de Estados Unidos, vociferando mentiras con su raspado modo de hablar, proclamando inocencia pese a las pruebas en su contra y denunciando una persecución política inexistente, resultaba ofensivo para una nación que vio en él una esperanza a fines de los 90.

El autoproclamado Pachacútec nos embaucó a todos. Fue capaz de aglutinar en torno a su figura a todas las fuerzas democráticas que buscaban el fin de la autocracia que encarnaba Alberto Fujimori.

Los peruanos recordamos a Toledo en las calles y plazas señalar con el dedo acusador a Fujimori de corrupto, calificación a la que en diez años de gobierno ciertamente le hizo justicia. También lo recordamos llamar por igual a Alan García, que optó por la huida y la prescripción después de su primer mandato y luego por la coraza, el intento de asilo y finalmente el suicidio tras su segundo gobierno antes que responder, como debía, en los tribunales.

Todos eran corruptos para él y todos nos creímos el cuento de que el presidente que nos volvió a la democracia, que juró en Machu Picchu, que dijo haber esperado 500 años para llegar a palacio al compararse con un inca, ese “cholo sano y sagrado”, estaba limpio. Nos equivocamos.

Dos mandatos de prisión preventiva pesan sobre él: uno por el caso Interoceánica del Sur y el otro por el caso “Ecoteva”. Ambos se unen. Con las coimas cobradas a Odebrecht por la carretera Toledo compró casas y pagó hipotecas blanqueando el dinero a través de la empresa registrada a nombre de su suegra, utilizando como puente a las empresas de su amigo Maiman, hoy uno de sus principales acusadores.

El caso es tan claro que no cabe duda de que la justicia norteamericana terminará aceptando los términos de la extradición y devolviéndonos a Toledo. El plazo previsto es un año.

Con él, serían tres los expresidentes recluidos: Fujimori por corrupción y violación a los derechos humanos; Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario por sus asesorías a Odebrecht siendo ministro, y Toledo por la Interoceánica y Evoteca. A ellos su sumaría Ollanta Humala que ya pisó prisión como parte de las investigaciones a los aportes de la brasilera a su campaña y que empezará a ser juzgado en unos meses, y el propio Alan García, que acabando con su vida se libró de la detención preliminar, pero no de la sospecha.

En menos de cinco meses empezará en el Perú el año preelectoral y en un panorama como el descrito no está demás preguntarse si de aquí al 2021 los peruanos estaremos en capacidad de elegir bien para ahorrarnos el amargo trance de ver a un nuevo gobernante imputado o detenido.

Los plazos son cortos y no tardaremos mucho para ver a personajes de toda índole, procedencia y catadura en el partidor electoral, deseosos de asumir no cualquier período, sino el primero del bicentenario de la República.

El caso Toledo es una lección dura para los peruanos, porque agrupó a nuestras ilusiones, muchos creímos en su causa y defendimos su elección como mandatario, sino en las calles tras el fraude del 2000, en las urnas en las votaciones del 2001.

Sin duda, lo que le pasa hoy al expresidente es solo pizca del contundente juicio histórico que su nombre deberá recibir en adelante. Toledo es un ejemplo de que en política no hay mesías, no hay salvadores, no hay iluminados. Hay hombres comunes que pueden errar y deben pagar por ello.