Certero, preciso y analítico, el  antropólogo Pedro Alva Mariñas señaló en Expresión, el 17 de octubre del 2014, que la corrupción no se acababa con la caída del encarcelado exalcalde Roberto Torres Gonzales.

Hubo que pasar cuatro años para que la aseveración del analista sea corroborada. Él advirtió que lo que sucede con Chiclayo y otras ciudades del país es producto de la debilidad  del sistema de control del Estado y la limitada vigilancia de la sociedad civil organizada.

No deja de tener razón Alva Mariñas, pues lo ocurrido hace 15 días en la Municipalidad Provincial de Chiclayo así lo evidencia. En los diferentes entes municipales del país, así como en los gobiernos regionales del Perú hay raquitismo en el sistema de control del Estado y la limitada vigilancia de la sociedad civil organizada se convierte en patente de corso para los corruptos.

Chiclayo ha estado nuevamente en la noticia nacional al informar sobre la detención de su primer vecino, quien en elecciones del 2014 fue elegido alcalde de esta ciudad con el 22 % de los votos. Eso se veía venir en el desarrollo de su gestión. Cornejo nunca tuvo un Plan de Gobierno, nunca supo qué hacer para resolver la problemática conocida de la provincia y se pasó pidiendo en su primer año de gestión tregua y más tregua.

Desde el inicio, la administración Cornejo empezó mal. Juró de manera irregular ante el gobernador regional Humberto Acuña Peralta y no ante el primer regidor, como lo exige la norma. Luego regularizó el procedimiento en una sesión privada del concejo provincial.

También quiso ser presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE, sin lograr el objetivo.

Nombró como jefa del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo a Rosario Julca Encomendero, quien en entrevista con Expresión pidió respeto a la autonomía institucional y el cese de la intromisión política en el manejo de la entidad. David Cornejo la echó del cargo acusándola de desleal, en tanto mantuvo en el cargo y luego respaldó la continuidad de Henry Chiclayo Vega como funcionario municipal, pese a su irregular rendición de cuentas de cuando se desempeñó como gerente de Imagen Institucional del municipio.

Tras idas y vueltas, en mayo del 2016 Cornejo Chinguel renunció a Alianza Para el Progreso y enfiló sus baterías contra sus antiguos aliados. Ese mismo año empezó a tener problemas como autoridad. En agosto, la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF el congelamiento de las cuentas del municipio al detectar hasta siete hechos irregulares en procesos de adjudicación y adquisiciones para programas sociales. Para salir del impase, el alcalde buscó como aliados a los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Héctor Becerril Rodríguez.

Se revelaron también hechos irregulares que comprometían a varios funcionarios, entre ellos la hermana de su coordinadora de alcaldía, Susana Culqui Pacaya, lo que desencadenó la renuncia masiva de gerentes y subgerentes, entre ellos el propio gerente general de la comuna y su abogado personal Ruperto Castellanos Custodio.

Semanas después Expresión dio cuenta de los sospechosos gastos de la caja chica y las polémicas compras que con recursos de la municipalidad se realizaban a nombre del despacho de alcaldía, motivando la intervención del propio procurador municipal pidiendo una investigación al Ministerio Público. La respuesta de Cornejo fue despedir al procurador.

Llegaría el Fenómeno El Niño del verano del 2017 y su negligente manejo de la emergencia; su cerrada oposición a la intervención del OTASS en EPSEL a fin de no perder el manejo del Directorio y, por ende, de la empresa del agua; las sentencias por incumplimiento de la ordenanza municipal que disponía la restructuración administrativa del CGT, los procesos de selección anulados una y otra vez por el OCSE y las deficiencias en la ejecución de obras como las pavimentaciones de las calles Cajamarca, Tumbes y Arequipa.

A todo ello se sumó la negativa de cumplir con la Ley Orgánica de Municipalidades al no encargar la alcaldía, durante sus ausencias, al primer regidor; los incumplimientos del convenio del Proyecto Chiclayo Limpio con la cooperación suiza; las deficiencias para garantizar servicios como el de limpieza pública y los adeudos generados con los trabajadores y obreros de la comuna.

Así llegó a la madrugada del 29 de noviembre de este año, día en que fue capturado como presunto líder de una organización criminal al interior del municipio, imputándosele el delito contra la administración pública en su figura de corrupción de funcionarios, colusión y cohecho, abuso de autoridad en agravio del Estado, contra el patrimonio en su figura de extorsión en agravio de empresas de transporte y contra la tranquilidad pública en su figura de organización criminal.

Al cierre de esta edición, la fiscalía que lo investiga ha requerido el mandato de prisión preventiva por 36 meses en su contra.

Sin duda, el caso de Cornejo Chinguel, como lo es también el de Roberto Torres Gonzales, deben servir de espejo para el próximo burgomaestre de la provincia, Marcos Gasco Arrobas, cuyo comportamiento, desde el 1 de enero del 2019, debe ser de minuciosa atención entre los ciudadanos.

Garantía de transparencia será la capacidad de apertura, diálogo y consenso que este muestre una vez sentado en el sillón municipal, pero además las capacidades profesionales y éticas del equipo que lo acompañe, cuyos integrantes aún se resiste a revelar. Esperemos que sea porque desea generar una sana expectativa y no porque no los tiene.