La semana que pasó, en nuestra edición 1041, publicamos un tema referido a lo que el coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, dijo en una actividad académica realizada en el Colegio de Abogados.
El fiscal, fiel a su estilo frontal, hizo varias afirmaciones que vale la pena remarcar, más porque en los últimos años su palabra se ha mantenido en el espectro mediático al que escaló rápidamente cuando, siendo adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, ofreció una serie de declaraciones a los medios locales y nacionales sobre el caso “Limpios de la corrupción”. Incluso ofreció entrevistas al lado del controvertido Fernando O’phelan Pérez, el director de la organización llamada Pro Justicia, quien lo presentaba como un ejemplo a seguir.
Carrasco Millones dijo que si existen retrasos en el trabajo del Ministerio Público no es por culpa o ineptitud de los fiscales, sino por responsabilidad de los jueces que no atienden con celeridad los requerimientos presentados.
Afirmó además que solo los fiscales que archivan todos sus casos son los que no reciben denuncias o quejas en su contra y que esto les permitirá acceder a la ratificación automática de acuerdo a las modificatorias aplicadas al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Como era de esperarse, las críticas del fiscal también apuntaron a los jueces supremos de la República que en octubre pasado decidieron, a través de un acuerdo plenario, fijar directrices para la aplicación del Decreto Legislativo 1307, referido a la adecuación de las investigaciones complejas a la tipicidad de criminalidad organizada.
Debatibles, las expresiones de Juan Manuel Carrasco no dejan de llamar la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que el trabajo fiscal sigue siendo, en muchos casos, débil o deficiente. Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió en la investigación del caso denominado “Los wachiturros”, que precisamente se encuentra en la fiscalía que él dirige.
En ese caso, la fiscalía incluyó al empresario Edwin Oviedo Picchotito como líder de la supuesta organización criminal y pese al tiempo transcurrido desde que el escándalo estalló el fiscal a cargo no señaló al órgano jurisdiccional cuáles eran las imputaciones concretas por las que se involucraba a Oviedo. El asunto llegó hasta la Corte Suprema de la República que terminó admitiendo la tutela de derechos a favor del empresario. ¿De quién fue la responsabilidad en ese caso? ¿Del Ministerio Público o del Poder Judicial?
Otro ejemplo es el caso “Hermandad del norte”, también a cargo de la FECOR dirigida por Carrasco Millones. Resulta sorprendente que en un año de investigación la fiscalía no haya añadido en su requerimiento de prisión preventiva contra el empresario Carlos Roncal Miñano, sindicado de ser el instigador del asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, nuevos elementos de convicción a los que presentó cuando solicitó su detención preliminar, en noviembre del 2016.
Es más, se ha probado que uno de los nueve elementos de convicción presentados a la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, para que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Roncal Miñano, es falso, al señalar hechos presuntamente contenidos en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz cuando, de acuerdo a la revisión de la carpeta, la realidad es otra.
Incluso, otros elementos presentados contra el empresario se caen por sí solos con la sola revisión de la documentación existente en la carpeta de investigación. Sobre esto vale nuevamente preguntarse de quién es la responsabilidad, ¿del juez o del fiscal?
Por consideraciones de este tipo no comparto lo esgrimido por el fiscal Carrasco Millones, pues no creo que solo los fiscales que hacen su trabajo – como él dice – resulten quejados o denunciados. También lo son aquellos que violentan el debido proceso y los principios constitucionales a los que todo ciudadano, incluso el más vil de los criminales, tiene derecho. Y decir esto no significa en ningún modo hacer una defensa cerrada de quien, según la justicia, puede ser responsable de un delito, sino de exigir que el Ministerio Público, conforme manda el marco constitucional y su propia ley orgánica, sea el primer defensor de la legalidad y legalidad implica desarrollar procedimientos eficientes, transparentes y correctos.
Quiero creer que Carrasco Millones, con sus afirmaciones, ha intentado hacer una diferenciación entre los fiscales que investigan con apego a la ley y los que ceden a presiones económicas, políticas o mediáticas para no hacerlo. Quiero creer que Carrasco Millones no ha olvidado que así como hay fiscales que investigan bien y respetando los principios y la legalidad, también hay quienes vulneran derechos y cometen abuso de poder desde su posición dentro de la magistratura. Cegarse ante estos últimos es una mala señal.
