Con mucha pena he sido informada de la vejación que presenta el local del ex restaurant Ochocalo, proyecto de propuesta gastronómica, artística y cultural que buscaba revalorar la cocina tradicional lambayecana, en un escenario que ponía en valor el patrimonio histórico de nuestro departamento, reconocido por toda la comunidad y que fue administrado por el reconocido hombre de la cultura Carlos Mendoza Canto.

El inmueble, propiedad de la dama chiclayana Liznarda Cruzado, fue puesto en alquiler al cierre de las actividades de lo que en su momento fue Ochocalo, siendo arrendado por Carlos Enrique Torres Almeyda, quien conduciría en este local la peña “Pal Carajo”, reduciéndolo en la actualidad a un espacio donde se evidencia el negocio de discoteca y eventos atentatorios contra las buenas costumbres.

El contrato ha sido incumplido en todas sus cláusulas, como el de haber atentado contra la infraestructura, pues se ha demolido una pared y parte del escenario sin la autorización respectiva de la dueña y también se ha incumplido por varios meses con el pago del alquiler.

En la línea de lo grave de este caso es que la peña “Pal Carajo”, conforme la declaración de la propietaria, no cuenta con las autorizaciones respectivas para su funcionamiento, por lo que debería ser intervenida de inmediato por las autoridades respectivas, a fin que se realicen las acciones legales y sanciones que correspondan.

Asimismo, el inquilino, además de deteriorar la infraestructura y no pagar el alquiler, no honra con el pago de los servicios de agua, luz, arbitrios, situación que ha conllevado a que la propietaria Liznarda Cruzado ingrese a la Central de Riesgos. 

La dueña del  ex Ochocalo firmó el contrato un 7 de noviembre del 2016. Torres Almeyda, en su calidad de inquilino, solo honró los pagos de diciembre y enero, en febrero incumplió y en ese momento la propietaria lo invitó a conciliación el pago respectivo, avenencia a la que no acudió en dos oportunidades.

En abril de este año Cruzado decidió iniciar un proceso judicial contra Torres Almeyda para el desalojo respectivo y en junio descubrió que además de las  deudas acumuladas el inquilino había dejado de pagar los servicios. La deuda total asciende actualmente a 10 mil soles.

De acuerdo al contrato, el arrendatario quedaba en la obligación de cumplir con dichos pagos.

Lizandra Cruzado deja sentado que su local está siendo utilizado para fines ajenos al contrato que suscribió con Torres Almeyda, y que conforme ha manipulado y averiado la infraestructura no es ninguna garantía para quienes acuden al negocio de peña o discoteca, tal como ahora lo usa el inquilino moroso.

A la fecha, Carlos Torres Almeyda debe siete meses de alquiler, el salón principal ha sido modificado con el retiro de una pared y el recorte de un área importante de la zona de escenario que originalmente, como consta en los planos de construcción, tenía conexiones eléctricas y, al pie de él, un pozo tierra, desconociéndose  la situación en la que han quedado estas instalaciones, que exponen al peligro a quienes acuden a las actividades que desarrolla el inquilino.

La propietaria reitera que el local fue para funcionamiento exclusivo de la peña "Pal Carajo" y de manera ilegal desde fines de julio se está usando para discoteca las noches de los fines de semana, uso que no figura en el contrato. Asimismo la propietaria ha sido notificada que el inquilino se ha negado a recibir a los inspectores de Defensa Civil en dos ocasiones, alegando tener documentos pero no mostró ni licencia, ni ningún documento que sustenten los permisos para el funcionamiento de los negocios que regenta.

Esto es corroborado con el Informe 17-06-2017-ITSE-CDCYGRD/MPCH de inspectores del área de Defensa Civil, que le hiciera llegar a la propietaria, el arquitecto José Juan Bezzolo Sokolich, Jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de la municipalidad de Chiclayo. En respuesta, Cruzado ha informado por escrito por escrito a las autoridades, incluyendo a la propia alcaldía, que deslinda de responsabilidades ante cualquier eventualidad material o personal que ocurriese en el local de su propiedad.