El reconocido abogado y analista internacional, Eddie Cóndor Chuquiruna, director de la Fundación Buen Gobierno y representante de la Comisión Andina de Juristas en Bolivia, comparte con Expresión sus opiniones sobre la crisis que vive Venezuela y el duro golpe que representan para la democracia los escándalos de corrupción que involucran a los gobiernos latinoamericanos.
Cóndor Chuquiruna, quien ha participado como invitado de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas y las conferencias ministeriales sobre la democracia realizadas por la Organización de Estados Americanos – OEA, explica que el anuncio hecho por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, de retirar a su país del organismo continental al denunciar la Carta Constitutiva de la OEA, tendrá efectos recién en los próximos dos años.
En tal sentido, la medida no evita que la OEA aplique la Carta Democrática invocada a raíz del fallo del Tribunal Supremo de Justicia que disolvió la Asamblea Nacional en el país bolivariano, decisión sobre la que posteriormente retrocedió.
“Se activó ese proceso con la presentación de la nota de denuncia de la Carta de la OEA por el gobierno de Venezuela ante el Secretario General Luis Almagro, y mientras este dure subsisten todas las obligaciones que se derivan de la pertenencia al Sistema Interamericano. Ello significa que no se sustrae de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y, en tanto la Carta Constitutiva de la OEA contiene normas de protección de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución venezolana, tampoco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El retiro de Venezuela de la OEA agudiza su crisis política y termina de desnudar el perfil de su Gobierno”, afirma el analista, quien recientemente participó del Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarca que los compromisos de Venezuela siguen vigentes para con el sistema interamericano.
LA CARTA DEMOCRÁTICA
El 3 de abril pasado el Consejo Permanente de la OEA activó la aplicación de la Carta Democrática, cuyo procedimiento – indica – no podrá interrumpirse pese a la decisión del gobierno de Maduro.
El Consejo Permanente de la OEA resolvió urgir al gobierno venezolano a garantizar la separación de poderes y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, a mantenerse dispuesto a apoyar medidas que permitan el retorno del orden democrático, a seguir ocupándose de la situación de Venezuela para emprender, si fuere necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, incluyendo la convocatoria de un reunión de nivel ministerial, cuya realización se aprobó el 27 de abril.
Eddie Cóndor añade que otro asunto delicado es la deuda que Venezuela mantiene pendiente con la OEA, ascendente a 10 millones y medio de dólares.
“En la medida que la Carta ya se viene aplicando a la situación de Venezuela, esta buscará afianzar, siempre por la vía diplomática, una salida democrática a la crisis política que vive desde hace años el país. No olvidemos que la Carta Democrática, de septiembre de 2001, establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de defenderla; pero además reconoce que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho de los países miembros de la OEA, teniendo entre sus elementos esenciales, entre otros, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos.
Estos elementos en Venezuela, en la evaluación de la mayoría de los Estados miembros de la OEA, se estarían violando por el gobierno. En esa medida, en orden a lo que establece la misma Carta Democrática, en su artículo 20, cuando el Tribunal Supremo de Justicia resolvió una vez más restarle competencias al Congreso, en este último caso la inmunidad parlamentaria, alteró el orden constitucional y afectó gravemente su orden democrático, situación que motivó que el Consejo Permanente adopte la resolución del 3 de abril”, explica el jurista.
SILENCIO POR CONVENIENCIA
Cóndor Chuquiruna precisa que las internaciones entre Estados se basan fundamentalmente en intereses económicos. En esa medida, el silencio que han guardado los países ante la crisis venezolana hasta hace unos meses, se debía – señala - a conveniencia o por cálculo de futuros beneficios; considerando, entre otros ámbitos, la riqueza petrolera del país bolivariano.
En todo caso – anota - es el chileno José Miguel Insulza, ex Secretario General de la OEA, quién debe explicar al mundo porqué durante sus dos periodos (diez años) de gestión no utilizó ni promovió la utilización de los mecanismos que la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana reconocen para ayudar a resolver la situación venezolana.
“Lo que hoy vive el pueblo de Venezuela es el resultado de un largo proceso de progresivo y creciente deterioro de las condiciones esenciales de la democracia representativa, que diversos organizamos nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron, caracterizado, además, por la persecución política de los principales líderes opositores, la injerencia del Tribunal Supremo de Justicia quien desde hace meses ha declarado la inconstitucionalidad de casi todas las leyes y actuaciones del Poder Legislativo. Cuenta además las detenciones arbitrarias y juzgamiento sin las garantías de debido proceso, en un contexto en el que el Poder Judicial no goza de independencia”, analiza.
El experto recomienda revisar los informes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
ODEBRECHT Y LA CORRUPCIÓN
Por otro lado, Eddie Cóndor, colaborador de la Coalición Penal Internacional, sostiene que los casos de corrupción denunciados desde el 2015 a nivel de América Latina y que comprometen a muchos gobiernos y empresas transnacionales, representan “un golpe brutal” para la democracia en el continente. En la lista no solo numera al caso Odebrecht, sino también a otros como la operación Lava Jato, Petrobras, Dólar Futuro, Panama Papers, Petroaudios, Pdvsa, Fondo Indígena y CAMC.
“La democracia, esa que conocemos con sus luces y sombras, se encuentra amenazada. Ya no es solamente la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre temas fundamentales que afectan sus vidas, el terrorismo, el narcotráfico, los proyectos políticos personales de aquellas figuras mesiánicas que se arrogan el papel de salvadores de la patria, sino la corrupción una amenaza latente que conspira contra la democracia”, señala, agregando que sería una buena señal del Perú para el mundo que la próxima Cumbre de las Américas, a desarrollarse en Lima el 2018, tenga como eje central de trabajo la lucha contra la corrupción.
PRUEBAS DE FUEGO
Anota que las investigaciones y juzgamiento de los casos de corrupción son pruebas de fuego “para todos”. “En principio para los gobernados, por el perfil de gobernantes que elegimos, y para las distintas instituciones democráticas que hacen a nuestros Estados. No olvidemos que tenemos los gobernantes y las instituciones que queremos”.
“En esa perspectiva son los sistemas de Justicia, que comprenden a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, entre otros, los que no deben optar por la mordaza o la pasividad, y basar sus decisiones en coherencia con su función de hacer justicia y con la colaboración del periodismo: que trabajan por la verdad y el control al poder”, precisa.
Finalmente, sobre el Perú, sostiene que la no elección de Keiko Fujimori en la última contienda presidencial fue una buena señal de madurez política del país, y que ahora el mayor reto para el gobierno nacional es dar gobernabilidad democrática y eso pasa por mantener firme el timón y “no someterse a los designios e intereses ocultos de los fujimontesinistas”.
“Le conviene a nuestro Perú que la relación Congreso y Ejecutivo mejore. Esa relación antagónica que mantienen, fundamentalmente por el perfil autoritario e intransigente de los fujimontesinistas, debería ser superada a través de acciones concretas de gobierno coordinado y de diálogo basado en intereses colectivos y no de grupos de poder, como siempre ha sido la lógica de los autócratas que nos tiranizaron en la década del 90”, asevera.
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