Cuatro de los cinco congresistas que representaron a Lambayeque en el Congreso entre el 2016 y septiembre del 2019 tienen acusaciones constitucionales por presuntos actos de corrupción. Esta realidad, lleva a Jorge Chávez Pita, consultor especialista en Contrataciones del Estado, a afirmar que no se puede confiar en los próximos legisladores, sobre todo para enfrentar a tan severo problema de la administración pública.
Los exparlamentarios involucrados en sonados casos de corrupción son: Javier Velásquez Quesquén, del Partido Aprista Peruano; Héctor Becerril Rodríguez y Marvin Palma Mendoza, de Fuerza Popular, y Clemente Flores Vílchez, de Peruanos Por el Kambio – PPK, hoy Contigo.
“La mayoría de congresistas elegidos por el pueblo lambayecano han estado de espaldas a la ciudadanía, porque siempre han estado involucrados en una serie de situaciones irregulares y ahí tenemos las evidencias: metidos en casos con el exalcalde Roberto Torres o con el exalcalde David Cornejo”, afirma Chávez Pita, impulsor de varias investigaciones en el Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos locales al detectar actos de corrupción, varias de las cuales han motivado sentencias contra autoridades, funcionarios y proveedores.
COMPLICIDAD PARLAMENTARIA
Chávez Pita afirma que los congresistas de la región “han hecho lobbies, han impulsado situaciones irregulares y hoy son procesados con justa razón”.
“Es una situación inevitable de tener en cuenta cada vez que nos toca elegir a los congresistas: nos ofrecen luchar contra la corrupción y terminan siendo los primeros operadores. Particularmente yo no espero nada de los próximos congresistas, lo que podría esperar es más de lo mismo, porque en realidad no se ha visto candidatos con un perfil adecuado para ser verdaderos fiscalizadores. Para fiscalizar y detectar el acto corrupto hay que tener mucha paciencia y dedicación, y los congresistas no tienen esa capacidad”, manifiesta.
El consultor en Contrataciones del Estado refiere que “lamentablemente en la elección congresal no se ha visto candidatos que puedan garantizar una acción diligente, que de alguna manera corte los nexos de la corrupción, que en Lambayeque son muy altos”.
Señala que la sociedad civil y los entendidos en la lucha contra la corrupción tienen el deber de involucrarse más en esta tarea, a fin de “acabar con esta lacra que tanto daño nos ha hecho y tiene a la región en una situación postergada, deprimente e indigna para la condición humana.
“He enfrentado a los congresistas cara a cara cuando han venido a hacer su labor de representación, entre comillas, y les he encarado las situaciones con pruebas y documentos contundentes. La corrupción no se enfrenta con tibiezas y eso deben tener claro los próximos congresistas”, enfatiza.
NUEVA LEY
Jorge Chávez refiere que en el país es urgente que la nueva representación congresal impulse la reforma total del sistema de contrataciones, debido a que el actual presenta muchas deficiencias y permite actos de corrupción, al igual que los pronunciamientos ambiguos del Tribunal de Contrataciones del Estado.
“Siempre vengo sosteniendo que la Ley de Contrataciones del Estado, a parte que ya está desfasada, tiene serias incongruencias y vicios, sobre todo jurisprudenciales que se dan a través del Tribunal de Contrataciones del Estado. En ese sentido es que planteo que la ley debe ser reformulada totalmente, porque genera vicios y también caminos sistemáticos para que la corrupción impere como se viene dando y ha crecido en esta época de pandemia”, afirma.
Sin embargo, asegura que a los políticos no les interesa modificar el marco normativo que tiene que ver con las contrataciones del Estado, pues aprovechan de sus deficiencias para beneficiarse.
“Ya lo vemos, tenemos a presidentes, gobernadores y alcaldes que andan con serios problemas con la justicia, y son los menos preocupados en abordar cómo ponerle candados a la corrupción. Durante la pandemia es muy importante la lucha contra la corrupción, porque si no se le enfrenta a esta no se podrá avanzar. Quizá logremos frenar el avance de los contagios y el número de fallecidos, pero mientras la corrupción siga creciendo no podremos solucionar los problemas sociales y económicos que hoy enfrentamos como país. Vamos a entrar a una situación que nos va a bloquear todo crecimiento, sobre todo económico, y ahí es donde se necesita enfocar el tema. Los servidores y funcionarios públicos, muchos de los cuales son operadores de la corrupción, tienen que ser evaluados en su totalidad”, señala.
Anota que existen asesores externos que pululan en los gobiernos locales y regionales para operar en sistemas corruptos y que en el último año se ha evidenciado un crecimiento sostenido de los actos de corrupción.
“Se han cogido dinero de las canastas y están cercenando partidas para obras, no hay una situación que nos permita decir que vamos a mejorar, porque a los políticos no les conviene modificar y mejorar la Ley de Contrataciones del Estado. Yo reviso la norma a diario, al igual que la jurisprudencia que emite el Tribunal de Contrataciones del Estado y ahí se puede ver con claridad la resistencia que existe para enderezar el camino e ir cortando la corrupción que tanto daño nos hace como sociedad. Hay intereses particulares para no reformular las normas de contratación”, enfatiza.
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