El domingo 14 de febrero, el Ministerio Público anunció el inicio de las diligencias preliminares contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, tras haber recibido de forma irregular, en octubre del año pasado, la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio chino Sinopharm, con el cual a la postre se cerró un contrato por 38 millones de dosis.
La semana pasada, a través de una denuncia periodística, se alertó sobre el hecho de que el exmandatario y su esposa Maribel Díaz Cabello se vacunaron contra el COVID-19 antes del proceso regular de inmunización. Inmediatamente, Vizcarra Cornejo afirmó que había recibido la vacuna como parte de los 12 mil voluntarios que participaron en la fase 3 de los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú. Sin embargo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH, que lidera este proceso investigativo, desmintió dicha afirmación.
Poco después se supo que en septiembre del año pasado, cuando Vizcarra Cornejo aún era presidente, Sinopharm ofreció tres mil 200 dosis adicionales a las 12 mil de los ensayos clínicos. Con este lote de ‘cortesía’ es que se habrían vacunado Vizcarra Cornejo y otros altos funcionarios, entre los que destaca la excanciller Elizabeth Astete y la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti.
Hipótesis fiscal
Al respecto, Carlos Mesía Ramírez, congresista de Fuerza Popular y exmagistrado del Tribunal Constitucional, manifestó que el Ministerio Público debería sostener como hipótesis que Martín Vizcarra habría retrasado al máximo la compra de las vacunas para generar así una escasez artificial, de modo tal que cuando intentase adquirirlas en el mercado internacional ya todos los laboratorios tengan comprometida su producción y al gobierno peruano no le quede otra alternativa que comprárselas a Sinopharm.
“Se ha creado artificiosamente la escasez para permitirle al Estado comprar a cualquier precio. Hemos terminado comprando una vacuna, que es la peor de todas, a 75 dólares, bajo el argumento de que nos hemos quedado rezagados en la cola, cuando ya había una colusión, un soborno, un acuerdo de voluntades entre funcionarios del Estado y los chinos para crear una falsa escasez, a fin de vender una vacuna que debería valer tres o cuatro dólares a 75”, indicó.
Añadió que esta escasez también le hubiera servido al gobierno de Vizcarra para justificar el alto costo de las vacunas ante una eventual intervención de la Contraloría.
Cabe resaltar que la información oficial es que las vacunas finalmente han costado 26 dólares, cada dosis.
Cortesía
Señaló que el Ministerio Público debe valorar la posibilidad de que para octubre, mes en el que se le administraron a Martín Vizcarra las dos dosis (los días 2 y 23), posiblemente Sinopharm ya había terminado de desarrollar su vacuna y solo faltaba que obtuviese la licencia sanitaria por parte de la dependencia pertinente en China.
“Lo que a él (Martín Vizcarra) se le puso es una vacuna, una muestra gratis, de esas que los médicos entregan por cortesía cuando te quieren vender un medicamento. Le dieron la vacuna para que la pruebe y vea que es buena para después comprarla”, destacó.
Al respecto, según el comunicado emitido por la Universidad Cayetano Heredia, estas tres mil 200 dosis tenían como destino el equipo de investigación y personal relacionado al estudio, y de su aplicación no se iban a recolectar datos con propósito de análisis, pues no formaban parte de la actividad de investigación, a diferencia de las 12 mil de los ensayos clínicos que fueron administradas a los voluntarios.
“A estos funcionarios que se han vacunado les dijeron que la vacuna que se les inoculó ya estaba al 100 %, lo único que faltaba era un trámite administrativo, burocrático, para que la dependencia pertinente en China les dé el registro sanitario. Pruébala, te la damos, pero haces el contrato con nosotros, debieron decirles”, mencionó.
De igual forma, precisó que la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, habría incurrido en otra falta al recibir la vacuna contra el COVID-19 el 22 de enero, pues para esa fecha las dosis de Sinopharm no contaban aún con la licencia sanitaria en el Perú. Lo mismo aplica para la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien se vacunó el 12 de enero, y para Martín Vizcarra, si se comprueba que no formó parte de los voluntarios de los ensayos clínicos.
“Eso quiere decir que las exministras se han puesto una vacuna que corresponde al lote de tres mil 200 adicionales que dieron los chinos, porque las vacunas formalmente licenciadas llegaron en febrero. El presidente, las exministras y los altos funcionarios se inmunizaron, dejado a un lado a los médicos, enfermeros, policías, al personal de primera línea”, resaltó.
Cuestionamientos
Añadió que, aún cuando el ex jefe de Estado hubiese participado como voluntario de los ensayos clínicos, también existe un problema de carácter ético, pues si hubiese tenido una reacción adversa, esto habría puesto en riesgo su continuidad en el gobierno.
Asimismo, cuestionó que en su defensa del lunes 15 de febrero el expresidente haya mostrado como prueba una supuesta cartilla de vacunación como voluntario, ya que esta no tendría el código de barras que identifica a todos los que participaron de los ensayos clínicos.
“En el caso de la cartilla de Vizcarra no está el código de barras que contiene el nombre del paciente, el lote de la vacuna, el frasco, el insumo, cuándo llegó, la identificación completa del paciente. Allí hay un problema que suscita mi duda. Entre un presidente que mintió sistemáticamente y una universidad como la Cayetano Heredia, que no está dispuesta a tirar por la borda todo su prestigio, prefiero creerle a esta última antes que a Vizcarra”, aseveró.
Juicio político
Por otro lado, Mesía Ramírez explicó que la Constitución contempla tres figuras procesales que se aplican a altos funcionarios (presidente y ministros) en sus artículos 99 y 100. La primera es el antejuicio político, que es una prerrogativa de la cual gozan los citados funcionarios para que no puedan ser procesados por delitos cometidos en el ejercicio de la función, sin previo consentimiento del Congreso.
Explicó que la segunda son los procesos que se siguen por infracciones a la Constitución, como en las que el Congreso consideró que había incurrido Martín Vizcarra al cerrar el parlamento, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional lo avaló.
Señaló que la tercera es el juicio político, el cual no está ceñido a la comisión de un delito, sino a cuestiones estrictamente políticas, por las cuales el funcionario puede ser sancionado, ya que se vuelve indigno del cargo. Este sería el camino ideal que debería tomar el Congreso para poder inhabilitar a Vizcarra Cornejo por diez años.
"El juicio político es la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por diez años. No es por delitos, para eso está el antejuicio, eso se verá luego en el proceso judicial correspondiente. El juicio es por causas políticas que convierten a la persona en indigna del cargo", indicó.
Añadió que en un estado constitucional el principio de publicidad de los actos de los funcionarios estatales una base fundamental de la democracia, por lo cual un presidente no puede ocultar su participación del ensayo experimental de una vacuna. Por ese solo hecho – aseveró – se haría indigno del cargo y el Congreso podría inhabilitarlo por diez años.
Finalmente, aseguró que la bancada de Fuerza Popular no comparte la posición de la legisladora Martha Chávez, quien pidió que se restituya la mesa directiva del Congreso elegida en marzo del año pasado y que Manuel Merino de Lama se encargue nuevamente del despacho presidencial.
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