Abogado de profesión, esta será la primera vez que Walter Torres Vera postula a un cargo de elección popular, aunque su nombre no ha sido ajeno a la política. Fue gerente general de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz en el 2016 y su esposa, María Gallardo Becerra, es congresista en funciones. Hoy, el candidato al Congreso con el número uno por Podemos Perú quiere llegar al parlamento para proponer una reforma constitucional, a fin de que se destine el 6 % del PBI al sector salud.
“Esta pandemia ha desnudado duramente cómo está nuestro sistema de salud. Lo primero que tenemos que hacer llegando al parlamento es proponer una reforma constitucional para que se destine el 6 % del PBI a la salud. Así vamos a tener mejores centros de primera atención. La gente falleció porque fue al centro de salud y no los atendieron, entonces tuvieron que ir a un hospital y allí se han contagiado y fallecido”, mencionó.
Añadió que propondrá la creación de un fondo epidemiológico para que el país esté preparado ante una futura emergencia sanitaria como esta, además de reforzar el mecanismo de Obras por Impuestos, de modo tal que las empresas lo orienten en inversiones en salud.
“Necesitamos reforzar nuestro primer nivel de atención. Las postas que existen en los pueblos jóvenes no están equipadas, no tienen tecnología, medicina, ni personal. Hay una ley que se llama Obra por Impuestos. Las grandes empresas a las que les duele pagar impuestos, que hagan obra, que construyan hospitales, centros de salud, que compensen el pago de los impuestos que deben hacer”, mencionó.
Tribunal Constitucional
Asimismo, manifestó que revisará la sentencia del Tribunal Constitucional – TC, que declaró inconstitucional la ley que permite los ascensos automáticos en el personal del sector salud, a fin de subsanar las falencias observadas por el máximo intérprete de la carta magna y volver a proponerla ante el Congreso.
“El nombramiento del personal de salud se vuelve primordial, se tiene que romper la brecha que existe, necesitamos personal de salud, pero se les contrata por un mes, pasado el mes el personal no sabe si se va a quedar o no. Nos vamos a un centro de salud, a una posta y no hay quién nos atienda. Se tiene que dar estabilidad laboral a nuestro personal de salud que está en la primera línea de combate contra la pandemia y todos los problemas de salud de los lambayecanos”, mencionó.
De igual forma, afirmó que revisará la sentencia del TC que declaró inconstitucional la ley que autorizaba el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional – ONP. Además, hizo hincapié en que agilizará la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, toda vez que su mandato ya venció.
“A estas personas todos los meses les han venido descontando el 13 % de sus haberes para destinarlos a un fondo, que es el de la ONP, con la finalidad de que, llegados a cierta edad, puedan tener una jubilación digna, pero qué pasa cuando esto no se va a lograr, porque lamentablemente la estabilidad laboral en el Perú no existe y son despedidos. ¿Este fondo a dónde se va? (…) Vamos a revisar la ley de devolución a los aportantes, pero no para que quede tal como se le ha dado, sino para que se les devuelva el 100 % de sus aportes. (…) Esa es la posición de Podemos Perú”, aseveró.
Corrupción
Por otro lado, Torres Vera señaló que propondrá una iniciativa legislativa para que el contralor general no sea elegido a propuesta del presidente de la república ni que los cargos de los contralores regionales sean puestos de confianza. De igual forma, postulará una reforma constitucional para que la Contraloría tenga facultad sancionadora.
“La corrupción nos azota como país y los más terrible es que el TC, ese que les niega sus derechos a los hermanos de la ONP, le haya quitado las facultades a la Contraloría. Esto es grave y merece ya un pronunciamiento y una reforma constitucional. Necesitamos un órgano de control con facultades coercitivas, contraloras, con control concurrente”, indicó.
Asimismo, destacó que Podemos Perú propondrá la creación de las Contralorías Públicas Regionales con facultades coercitivas, a través de un concurso público de mérito, a fin de que desaparezcan los órganos de control interno de las municipalidades y sea una sola institución la que controle la actividad en todas las actividades del Estado.
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