Tras su elección como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – CSJL, para el período 2021-2022, el magistrado Juan Riquelme Guillermo Piscoya se ha puesto inmediatamente a trabajar en propuestas para mejorar la administración de justicia en el departamento. Pese al contexto de la pandemia, la meta es fortalecer a los órganos jurisdiccionales para impulsar las reformas judiciales pendientes.
“La pandemia trajo muchas limitaciones que generaron un estancamiento en la resolución de los casos de distintas especialidades, pero vamos a tener que enfrentarlas a través de los mecanismos y medios que nos permitan superar este problema. Estoy haciendo una evaluación en los distintos órganos jurisdiccionales en materia penal, civil y laboral para conocer la problemática e inmediatamente tomar algunas acciones en coordinación con los máximos órganos de gobierno de nuestra suprema corte para así atender las necesidades de administración de justicia de la población. Mi principal interés es darle un mayor desarrollo e impulso a la reforma procesal civil y laboral en nuestro distrito judicial”, afirmó.
Apuntó que ya está analizando algunos cuadros estadísticos para evaluar el cumplimento de las metas en los diferentes órganos jurisdiccionales. Para ello, sostendrá una reunión con los jueces de las distintas especialidades y los trabajadores, a fin de determinar dónde están las limitaciones y superarlas.
Trabajo remoto
Guillermo Piscoya precisó que si bien el trabajo remoto es prioridad ahora en la CJSL, poco a poco se debe volver a la modalidad presencial, bajo el estricto respeto a los protocolos de seguridad y salud, pues hay algunos actos procesales que requieren la presencia física de las personas, a fin de asegurar una mayor garantía de sus derechos, tanto para los imputados como los agraviados.
“El trabajo remoto tiene algunas limitaciones que no pueden ser justificación para no atender las causas dentro de los plazos procesales que establece la ley. Vamos a utilizar todos los mecanismos. Tenemos un reglamento de audiencias virtuales que nos permite establecer determinados procedimientos. Una preocupación fundamental de mi parte tiene que ver con la agenda programática de las audiencias virtuales en las distintas especialidades. Habría que ajustar los tiempos y la programación dentro del horario de trabajo para superar esta carga procesal que tenemos pendiente, respetando el derecho de los trabajadores”, mencionó.
Sobre la posibilidad de suspender las vacaciones judiciales ante la carga procesal, indicó que eso dependerá de las disposiciones que emita el Consejo Directivo del Poder Judicial, pues solo se ha hecho una vez durante la gestión de Duberlí Rodríguez Tineo. Apuntó que ahora la prioridad está en asegurar que los órganos jurisdiccionales que trabajen durante el período de emergencia lo hagan eficientemente y al ritmo adecuado para ponerse al día de la carga procesal.
Corrupción
Guillermo Piscoya resaltó que hace cuatro años fue convocado a formar parte del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuya experiencia adquirida la pondrá en práctica durante el ejercicio de sus funciones como presidente de la CSJL. En razón a ello, indicó que trabajará por fortalecer a todos los órganos jurisdiccionales y capacitar a los jueces que vean los casos de corrupción, ya que requieren de una gran especialización.
“Mi despacho estará siempre abierto para recibir cualquier tipo de información, denuncia, irregularidad, sobre delitos que pudieran ocurrir. Seremos inflexibles y tomaremos las medidas del caso para actuar contra quienes denigran el sistema de administración de justicia, aunque tengo la confianza de que en la CSJL no se presenten estas situaciones”, advirtió.
Comentó que los delitos más vistos en el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios son los de colusión y cohecho.
Indicó que en el Perú existen dos tipos de criminalidad: la convencional, que abarca delitos como robos, lesiones y homicidios, los cuales a nivel procesal pueden resolverse fácilmente; y la organizada, que se relaciona con los delitos de corrupción, sobre los cuales la fiscalía tiene serias limitaciones para la persecución del delito.
“En el sistema de administración de justicia hay imputados que son diferentes, “de lujo”, como les diría uno de los grandes tratadistas del Derecho. En la criminalidad organizada estas personas tienen mucho poder económico y político, pero a los magistrados no nos ha temblado la mano y hemos tomado decisiones ajustadas a la ley”, aseguró.
Del mismo modo, aseguró que su administración al frente de la CSJL será la primera en dar el ejemplo y transparentar la información de su gasto público, a fin de que ningún servidor pueda apropiarse de dinero que le corresponde a todos los peruanos.
Prisiones preventivas
En tanto, resaltó que si bien es legítimo que el Ministerio Público solicite una prisión preventiva, los fiscales también deben esforzarse en cumplir con los plazos establecidos por ley para presentar acusaciones o solicitar el sobreseimiento de la causa, cuando no haya una evidencia sólida que les permita llevar el caso a juicio.
“Lo importante es no perjudicar los procesos. No creo que se esté utilizando a la prisión preventiva como una pena anticipada, pero los órganos jurisdiccionales con toda autonomía e independencia tendrán que evaluar esa situación como corresponde. Estoy seguro que ya lo hacen de esa manera. Al final, toda decisión que se ajuste a la Constitución Política y la ley tendrá todo mi respaldo”, afirmó.
Añadió que durante lo que va de la emergencia sanitaria se ha velado por hacer prevalecer el derecho a la salud de los imputados, a través de penas como la detención domiciliaria, que no afectan el proceso y le brindan al Ministerio Público la oportunidad de continuar con la investigación y demostrar la eventual responsabilidad del imputado en la comisión de un delito.
“¿De qué nos sirve una persona privada de su libertad a quien no le vamos a garantizar su derecho a la salud y que puede hasta perder la vida? Eso incluso nos limitaría el derecho a la verdad, porque nos quitaría la posibilidad de conocer si esa persona era responsable o no”, comentó.
Azucareras
Por otro lado, señaló que convocará a todos los magistrados en materia civil y administrativa para darle celeridad al tema legal de las empresas azucareras y sus procesos se resuelvan dentro de los plazos establecidos, en el marco del respeto a la Constitución y la ley.
“Llamo a mis colegas que tienen a cargo estos casos para que me informen por escrito cuál es la problemática que les impide resolver céleremente los procesos y así nosotros poder adoptar medidas para solucionarlos, porque es un tema álgido en el departamento. Si algún magistrado está vulnerando a alguna de las partes dentro del proceso, se tomarán las acciones disciplinarias del caso”, aseveró.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la población de trabajar por el bienestar de la corte. “Todo lo que he podido lograr estos años fue gracias a la educación que me dio el Estado, a través de las instituciones públicas. Tengo que velar por ellas, porque son las que favorecen a la comunidad”, sentenció.
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