Semana movida. Los exfuncionarios de Odebrecht iniciaron sus declaraciones ante los fiscales peruanos que investigan el caso “Lava Jato”, en tanto el congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez está prácticamente acorralado por las revelaciones hechas por la empresaria que negoció la licitación de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos de Chiclayo. El panorama político contrasta con la declaratoria de emergencia por las lluvias.

Para analizar estos casos, Expresión conversó con el abogado Pedro Torres Fernández, presidente del colectivo ciudadano “Chiclayano Despierta”, quien considera que nuevas páginas y revelaciones se abrirán respecto a los casos de corrupción en el país.

¿El acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio Público y Odebrecht es beneficioso para el país?

Llegamos a una etapa en la que vamos a conocer quiénes fingieron ser los mejores políticos para el país.Pese a que la expectativa en lo económico no es lo más interesante, creo que el beneficio tiene que ver con desmontar todo lo que existe como aparato de corrupción instalado dentro de los partidos políticos, dentro del Poder Ejecutivo y con la ramificaciones que tenía en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el CNM.

Desmontar todo eso es el precio que debemos pagar en lo que se deja de cobrar como reparación civil, pese a que la reparación civil que se ha pactado tampoco es pequeña, porque escuchaba y la gente criticaba el por qué en Estados Unidos habían acordado el pago de dos mil 600 millones de dólares y por qué aquí llegábamos a 610 millones de soles, más 150, más la deuda tributaria y recientemente leí un artículo que aseguraba que la suma inicialmente pactada de dos mil 600 en Estados Unidos se fue reduciendo hasta quedar en 96 millones de dólares.

Se dice que el acuerdo económico con el Perú es una de las cifras más reales logradas en América Latina, considerando que los actos de corrupción de Odebrecht se registraron en varios países.

Es un tema que dentro de lo jurídico es interesante porque es la primera vez que un acuerdo de colaboración eficaz no se realiza con una persona natural, sino con una persona jurídica y es la persona jurídica la que debe poner a disposición toda la evidencia que tiene y responder sobre todo lo que tiene y dar además lugar a desarrollar nuevas investigaciones en la medida que lo que se vaya conociendo.

Esto es importante porque al fin vamos a conocer que van a morir organizaciones políticas y políticos que siempre le mintieron al Perú. Va a significar el cambio en el elenco estable de la política nacional, porque se tendrá que dar un cambio generacional que es obligatorio, porque las mismas personas han estado acostumbradas a rotar y pasear de partido en partido y otros que repiten y repiten siendo congresistas o ministros o funcionarios de Estado, pero que solamente han empleado esos cargos para entorpecer y negociar cosas en perjuicio del país.

Ello evidencia que es una práctica de muchos años. No es un sistema reciente o exclusivo de una sola persona, sino que trasciende a varios gobiernos y varios partidos políticos.

¿Será el inicio de una nueva etapa para el Perú?

Creo que sí. Es algo que no se hizo a fines del 90 con la corrupción del gobierno fujimorista. Ese tema no avanzó porque no había evidencia, pero se usó el mecanismo de la delación premiada. Todos recordamos a Matilde Pinchi Pinchi, quien fue la que dijo y sacó y si no hubo más castigo es porque la evidencia desapareció.

Pese a ello, tenemos preso a Montesinos, quien maquinaba todo el aparato estatal, además de generales de las fuerzas armadas y varios ministros de Estado. Eso sirvió para limpiar un poco, pero hay prácticas que fueron recogidas por personas en las que el país confió en algún momento, como Toledo.

Estamos por buen camino. El país no puede paralizarse y esos temas nos han distraído mucho y han paralizado el aparato productivo y desarrollo del Perú.

A pesar que las cifras a nivel noreconómico dicen que la cosa no está mal, gran parte de eso es impulsado por la minería y otras actividades más. Pero Lambayeque es una región que no posee canon minero. Vivimos del comercio, la agricultura, la industria y el turismo y esos temas sí se han enfriado.

Algo que ha remecido a Lambayeque es que su parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular, es señalado por temas de corrupción vinculados a una obra de casi 11 millones de soles como fue la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos…

Todos sabemos que Becerril no es el tipo más simpático, pero pese a ello ganó en una contienda electoral y se convirtió en representante por el departamento de Lambayeque.

Es una persona que no tiene arraigo en Lambayeque. Es una persona con la que muchos hemos discrepado por su elección como congresista de Lambayeque cuando él es de Amazonas, pero lo que se ha contado desnuda el negocio de obras a cambio de diezmos y se va confirmando todo lo que la prensa venía recogiendo en las últimas semanas respecto al manejo de cómo se había negociado la planta de tratamiento, quién había negociado las partidas para que sean desembolsadas y todo lo demás.

El testimonio de Luis Carlos Cabrejos, de Boris Bartra, de Antonio Becerril, todo encaja y todo apunta en la misma dirección y pese a eso tenemos a Héctor Becerril negando lo evidente.

Por eso Nuevo Perú anunció que va a denunciar el congresista Héctor Becerril por infracción constitucional.

Dentro de todo esto yo pregunto qué tienen que decir al respecto Clemente Flores, Javier Velázquez, Marvin Palma y Milagros Takayama. Los cuatro son congresistas de Lambayeque y ninguno de ellos ha dicho algo y es penoso porque deberían haber salido todos y haber sentado una posición firme, porque más allá de las diferencias políticas que pueden existir se supone que son representantes de nuestra región y lo que debe primar es la defensa de los intereses de la región.

Vemos a un congresista acusado de manera directa y con pruebas de cuándo, cuánto, dónde, cómo se inicia la compra, todas las operaciones y porqué salen a nombre de la empresa constructora y no a nombre de Héctor Becerril, que es algo que no ha explicado hasta ahora.

Él sale a decir que tiene el contrato con el arquitecto desde el año 2013 y es un contrato notarial, pero no explica por qué los materiales salen a nombre de la empresa de Carmen Gonzáles y no a nombre de su arquitecto y no lo dice porque no tiene cómo probarlo.

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