“Las necesidades son reales”, señala el gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Juan Saavedra Jiménez, en atención a los reclamos de los pobladores de la “Capital del Limón” para que el gobierno nacional ejecute las obras de desarrollo que esperan hace décadas. El sentir de los olamos es que el Estado priorizó la habilitación de la nueva ciudad, próxima a las 38 mil hectáreas beneficiadas con la irrigación, antes de resolver las carencias de infraestructura que tienen.
En su protesta, los vecinos han responsabilizado al PEOT de la desatención que sufre la ciudad frente a la millonaria inversión que ejecuta el Estado en la nueva habilitación urbana, por haber sido este el promotor de las obras que permitirán – en un futuro próximo – contar con la primera ciudad planificada del país.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que en Olmos se necesita un hospital, un instituto, mejorar las pistas, las veredas y más, pero también hay que preguntarse cuáles son las competencias. Ante todos estos reclamos hay competencias que se deben diferenciar. Por ejemplo, la construcción de un hospital no le corresponde al PEOT ni al gobierno regional, sino a la municipalidad distrital y al Ministerio de Salud”, remarca el funcionario.
Al instalarse la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno nacional y el denominado colectivo de ciudadanos de Olmos, a fin de buscar salidas concretas a las demandas del distrito, hubo quienes han señalado al PEOT como “ente corrupto” por supuestamente haber participado en la formulación del expediente técnico de la nueva ciudad, afirmación que Saavedra Jiménez rechaza por faltar a la verdad.
En principio – explica – “el PEOT trabajó el ordenamiento territorial del distrito y lo presentó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y este lo hizo suyo”, desarrollando en adelante todos los procesos referidos a la nueva ciudad, incluido el expediente técnico.
“Nosotros no somos ni supervisores ni coordinadores en el tema de la nueva ciudad. Podría decir que somos mirones ocasionales, nada más. Hemos recibido varios pedidos de información sobre la nueva ciudad y en todos he lamentado responder que nosotros no contamos con el expediente técnico, que es el Ministerio de Vivienda quien debe informar al respecto”, señala.
Lo cierto es que el convenio para la habilitación urbana que se erige cerca del Valle Nuevo de Olmos fue suscrito entre el Ministerio de Vivienda, la municipalidad del distrito y el Gobierno Regional de Lambayeque. En este caso la participación del PEOT es nula.
LA NUEVA CIUDAD
La idea de habilitar una nueva ciudad cerca de las 38 mil hectáreas irrigadas por el Proyecto Olmos nació hace algunos años, cuando los técnicos del PEOT, basándose en los antecedentes de otros proyectos de irrigación como Chavimochic y Jequetepeque – Zaña, entendieron que la mano de obra local resultaría insuficiente para atender las necesidades de las empresas instaladas en la zona.
Al darse la llegada de nuevos trabajadores, procedentes de otras zonas, estos tienden a alojarse en lugares próximos a los centros de producción, generando diversos impactos, tanto en el ordenamiento urbano, el medioambiente y en la economía local, toda vez que la dispersión y el desorden encarecen la habilitación de servicios básicos y merman el presupuesto municipal. Ese fenómeno es el que se buscó evitar en Olmos y es esa la razón por la que se concibió habilitar una zona de crecimiento urbano entre las 38 mil hectáreas y lo que será la futura segunda etapa de la irrigación.
“El exministro de Vivienda Milton Von Hesse señaló que la habilitación de la Nueva Ciudad de Olmos sería un adelanto de las inversiones que dicho portafolio puede desarrollar para saneamiento rural hasta en 20 años, financiando el agua, desagüe y las vías de acceso. ¿Cómo se recupera ese dinero? Con la venta de los macrolotes para la construcción de vivienda, terrenos que son de propiedad del PEOT. Quiere decir, que con el dinero de la venta de los terrenos el Ministerio de Vivienda financiará proyectos de saneamiento rural en el resto del distrito. La ventaja de esto es que se está adelantando una inversión que en otros casos puede durar hasta 20 años”, detalla Saavedra Jiménez.
A esa inversión adelantada, que bordearía los 200 millones de soles, se sumarán los proyectos que de manera independiente el municipio distrital deberá gestionar ante el gobierno nacional.
El funcionario remarca que en los últimos siete años el Ministerio de Vivienda ha invertido 140 millones de soles en Olmos, financiando, por ejemplo, las obras de saneamiento rural y de saneamiento básico en el casco central, cuya ejecución ha resultado deficiente por causas no imputables al PEOT, al proyecto de la nueva ciudad o al gobierno regional.
“Con su oposición a la habilitación de la nueva ciudad el colectivo está atentando con la fuente que generará los recursos para el saneamiento rural del resto del distrito. Lo que deben entender también es que la nueva ciudad es para las personas que están trabajando en el Valle Nuevo. Hay actualmente siete mil personas que tienen que desplazarse desde diversos puntos del distrito para llegar a su centro de labores, viajando hasta 60 kilómetros. La solución para ellos es vivir cerca a los sitios de producción” asevera.
LAS ACCIONES DEL PEOT
Como se ha indicado, el PEOT elaboró el ordenamiento territorial de Olmos y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formuló el Plan de Desarrollo Urbano, documento en el que se considera que la locomotora de la capital del distrito son las cinco mil 500 hectáreas del Valle Viejo.
En este sector, Juan Saavedra reconoce que el Estado tiene una deuda pendiente con el pueblo de Olmos porque las obras de infraestructura menor de riego para el Valle Viejo deben ser asumidas por el Ministerio de Agricultura, pero que ante la falta de voluntad de este el PEOT formuló el estudio de preinversión y está próximo a concluir la factibilidad del proyecto, asumiendo el íntegro de los costos que ambos estudios representan.
“Las obras del Valle Viejo no son competencia directa nuestra, sin embargo estamos tratando de ser actores directos, gestores y facilitadores en todo lo concerniente al desarrollo del distrito de Olmos. La prioridad para nosotros es el Valle Viejo, porque los empresarios del Valle Nuevo caminan solos, están obligados a ser excelentes y a invertir porque tienen candados muy fuertes en los contratos. Por ejemplo, usen o no el agua tienen que pagarla y tienen que prever la reducción hidrológica, razón por la que desde un inicio han perforado sus pozos y no como se está diciendo en Olmos que lo han hecho porque la Presa Limón está colmatada. Se está desinformando mucho al respecto”, indica.
Saavedra Jiménez refiere que la inestabilidad política del país ha jugado en contra de la gestión de proyectos para Olmos distrito y para el Valle Viejo y cita como ejemplos los cambios ministeriales que no han permitido concretar las coordinaciones que se tenían con el gobierno nacional.
“El PEOT está muy interesado, pese a que no es su competencia, en que se privilegie al distrito de Olmos actual y al Valle Viejo. Esa es la prioridad para nosotros”, enfatiza.
OTRO RAZONAMIENTO
Quienes se oponen a la inversión estatal en la habilitación de la Nueva Ciudad de Olmos refieren que si esta albergará a los trabajadores del Valle Nuevo debe ser el sector privado el que se encargue de habilitar los servicios básicos y construir las vías, veredas y viviendas.
Frente a ese razonamiento, el gerente general del PEOT señala que es utópico creer que una situación de esa naturaleza podría darse teniendo nuevamente como antecedente lo sucedido en otros proyectos de irrigación, donde las empresas se han conformado con que los trabajadores se asienten de manera informal en determinados espacios sin contar con los servicios suficientes.
“En los casos en los que han construido viviendas la estrategia que las empresas utilizan es la de creación de campamentos y en estos existe una gran segregación social. Solo los funcionarios y profesionales tienen las comodidades cubiertas, mientras que el resto de trabajadores no y ese tipo de exclusión es la que se puede evitar construyendo una habilitación urbana donde todos gocen de los mismos servicios y accedan a viviendas dignas”, manifiesta.
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