El jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, concedió una entrevista exclusiva a Expresión a propósito de su reciente visita a la sede del Ministerio Público en Lambayeque, a la que llegó acompañado de un equipo de fiscalización para conocer cómo se desarrolla el trabajo institucional.

En septiembre del 2016 Rodríguez Monteza asumió la titularidad de la Fiscalía Suprema de Control Interno, desde la cual vela por el correcto desempeño funcional de los fiscales y por el respeto a los principios que estos deben garantizar en sus investigaciones.

A la fecha, ha propuesto una serie de modificatorias a los dispositivos que norman el control fiscal a fin de hacerlo más eficiente y que la ciudadanía perciba que el control entre los integrantes del Ministerio Público es verdaderamente una garantía para la correcta administración de justicia.

En buena parte de la ciudadanía existen dudas sobre el trabajo del Control Interno por cuanto en el Ministerio Público son los fiscales quienes investigan y sancionan a otros fiscales. ¿Qué cambios se han dado desde que asumió esta fiscalía suprema para generar mayor confianza sobre el trabajo que cumplen?

La Fiscalía Suprema de Control actúa en el aspecto correctivo, preventivo y en última instancia como órgano sancionador. Dentro de estas tres funciones hemos logrado, en primer lugar, acercarnos a todas las instancias fiscales generando confianza y, a la vez, acercarnos a la población para generar lo mismo. La confianza es el objetivo primordial, sin ella nada de lo que se quiere hacer para mejorar la institución se puede lograr.

La puesta en vigencia de nuevos dispositivos como la Ley Contra el Crimen Organizado o el Decreto Legislativo 1307 demanda de los fiscales una actuación mucho más diligente e imparcial, aspectos que a veces no son garantizados. ¿Las quejas contra los fiscales se han incrementado considerando que ahora se exige un trabajo mucho más minucioso de parte de estos?

A nivel de control se han detectado cuatro razones que pueden estar motivando en actuaciones incorrectas en la labor de los magistrados. La Fiscalía Suprema de Control y las oficinas que nos representan en los distritos fiscales tenemos dos funciones: la parte de la infracción administrativa contra fiscales y la parte penal por la comisión de delitos de función en fiscales y magistrados del Poder Judicial.

¿Cuáles son esas razones?

Una de ellas es la incapacidad. Es decir, hay magistrados que no tienen las competencias para asumir determinadas funciones. Eso no significa que sean malos profesionales, pero hay funciones que por su especificidad y su naturaleza demandan algunas competencias. Este es el factor de menor trascendencia, porque se corrige con preparación. Es algo superable.

El segundo factor es el desinterés y la desidia. Hay magistrados que no les importa si hacen o no hacen. Esta falencia también es corregible a través de medidas correctivas, con sanción o labor preventiva particular. La desidia a veces obedece a una cuestión cultural. Los magistrados se toman el tiempo que creen necesario sin ver que los casos tienen que ser atendidos oportunamente o aplican la famosa frase de: “Siempre se ha hecho así”.

La tercera falencia es la tendencia mediática. Muchos magistrados trascienden el límite o la línea de la prohibición de informar sobre hechos que están en investigación, lo que se conoce como la reserva.

¿Hay fiscales que vulneran la reserva de sus propias investigaciones?

Sí, hay fiscales que lo hacen y lo curioso es que no los quejan porque muchas veces estos excesos son promovidos por la propia prensa. A la prensa le interesa que el fiscal hable porque eso genera titulares, pero las partes tampoco quejan y eso se toma como una situación que vulnera las investigaciones.

¿Lo sucedido con el allanamiento a la vivienda de Jaime Yoshiyama en el marco de investigaciones a Fuerza Popular, es un ejemplo de ello? En este caso la propia fiscalía repartió los videos a los medios de comunicación.

Hemos pedido que se investigue eso. Me imagino que ya están pidiendo los informes.

En Lambayeque hay quejas contra algunos magistrados que filtraron audios de interceptaciones telefónicas a los medios de comunicación, concretamente en el caso “Limpios de la corrupción”.

Ya lo vamos a ver, seguro que sí.

¿Cuál es la cuarta causa?

Esa es la más grave, ya son los intereses que traspasan lo incompetente, lo irresponsable o lo vanidoso. Cuando ya hay otro tipo de intereses que por lo general se convierten en delitos de corrupción. Hemos separado a cuatro fiscales en Tumbes y en otras varias zonas.

Hay un quinto factor y este lo hemos advertido a raíz de una literatura procedente de Buenos Aires. Este es el encubrimiento, el afán de querer dilatar innecesariamente las cosas o taparlas.

Frente a estos factores tenemos que actuar de manera objetiva, no por lo que pensamos o creemos, sino en función de una prueba que acredite la comisión de una infracción o de un delito.

¿Los órganos de control del Ministerio Público deben tener a un representante de la sociedad civil como sucede en las cortes de justicia?

Sí, eso está en la ley.

¿Y existen?

No, pero está en la ley. No ha habido un proceso que conlleve a que esto se concrete y tiene que ver con el aspecto presupuestario.

¿Eso quiere decir que el Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad es quien a su vez la incumple?

Desde esa perspectiva podría decirse que sí, pero es que no se han hecho las gestiones para hacerlo.

¿Y quién tiene que hacerlas, el Fiscal de la Nación o usted como Fiscal Supremo de Control Interno?

Yo tengo que promoverlo. Todos los fiscales que estamos en control tenemos que promoverlo. Los colegios de abogados y las universidades ya han presentado sus reclamos.

El primer escollo que se dio, cuando se quiso implementar, es que los representantes querían percibir igual que un magistrado titular; es decir, el sueldo y el gasto operativo, pero ellos no ejercen función fiscal.

En el Poder Judicial se acordó que solo sea el sueldo. La función de la sociedad civil es la de un veedor, supervisa los procesos disciplinarios. En el caso de nosotros no interviene en las investigaciones penales, solo en las de procedimiento disciplinario y emite opinión al final. No vota.

Ya se presentó el pedido de su implementación, se ha enviado para su presupuesto pero se ha observado. Estamos a la espera de que se subsane y se tome la iniciativa de implementarlo.

La participación de la sociedad civil es necesaria para combatir dos serios problemas que tiene el control interno: la percepción de que existe del espíritu de cuerpo entre los fiscales y evitar que las investigaciones prescriban. Para Expresión resulta lamentable haber recibido una resolución firmada por usted en la que precisa que la actual presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque dilató una investigación cuando era jefa de control interno. Si hubiera un representante de la sociedad civil este podría alertar sobre casos como este.

El interés es de la sociedad civil. Vivimos en una etapa de democratización y participación de la sociedad en todos los estamentos. Para muchos esto quizá no sería útil porque sería una intromisión de alguien que no es parte de la institución para ver si el comportamiento del fiscal es bueno o malo. Si es útil o no eso no importa, aquí lo que importa es que está en la ley y tenemos que cumplirla.

¿Usted lo considera necesario?

Para mí es necesaria la participación de la sociedad dentro o fuera. La sociedad civil debe participar en la función de fiscalización y control.

Entonces, ¿cómo hacerle entender a los fiscales que la sociedad, sin ser parte de un proceso particular, puede ayudar a la fiscalización? El fiscal Juan Carrasco Millones, que es al que quejó la directora de Expresión, señala que nos inmiscuimos en un proceso en el que no somos parte y se atreve a insinuar que existen intereses subalternos en un rol que como sociedad civil nos asiste.

A nosotros nos interesa que la sociedad nos ayude al control. Existen dos formas de actuación para el control interno, una es de parte, cuando quien queja es el interesado parte de un proceso, y la otra es de oficio, donde no importa de dónde venga la denuncia si se trata de una afectación pública.

¿Qué reflexión le deja que una queja no se haya resuelto porque al no dársele el trámite correspondiente termina prescribiendo?

Lo que se debe saber es que la nueva ley nos acorta los plazos. Hasta octubre del 2016, nosotros por ley y nuestro reglamento teníamos cuatro años para que las causas no prescriban, entonces el procedimiento tendía a hacerse con plazos largos. Pero entró en vigencia la Ley de la Carrera Fiscal y esta dice que ya no son cuatro, sino dos años.

Por mandato de la Constitución, cuando en un procedimiento penal y disciplinario una norma es más beneficiosa que la anterior se aplica de manera anterior.

¿Cuántos casos de control han prescrito?

Muchos casos.

¿Cuántos casos maneja control interno a nivel nacional?

Un promedio de tres mil casos al año.

Aproximadamente, ¿cuántos han prescrito?

Entre el 10 y el 15 %. Cuando se dio la nueva ley nos tomó en una situación de confianza. Control está pasando por un proceso de reforma para ser más eficiente y eficaz en toda su estructura y también nos hemos sincerado en nuestras necesidades.

Estamos ahorita repotenciando y reformando Control Interno del Ministerio Público. Cuando entramos encontramos casos del 2011.

Hemos presentado una propuesta de reglamento para regular la prescripción, debido a que existen algunos vacíos a diferencia de lo que rige al Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, donde se señala que una vez apelada la causa, en segunda instancia, la prescripción ya no corre. La fiscalía no tiene esa norma, hemos sacado recién un acuerdo para regular eso y estamos elaborando una propuesta legislativa para que se promulgue la ley.

¿Cuántos fiscales tiene dedicados al Control Interno a nivel nacional?

Aproximadamente 128. Esto es insuficiente porque con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal se incrementó el número de fiscalías, pero no el de fiscales dedicados al control.

¿En el Ministerio Público aplica aquello de “otorongo no come otorongo”?

No, que yo sepa no. Sin el ánimo de ufanarnos si se constatan los pedidos de destitución que presentamos nosotros en comparación a los de la OCMA, el 90 % son aceptados. 

 respuesta de rosa flores cachay el 2018-03-31.

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