Hace seis años se aprobó el Plan Bicentenario: “El Perú hacia el 2021”, documento que recoge una serie de políticas de Estado, aprobadas por el Acuerdo Nacional y concordantes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo cumplimiento e implementación, sin embargo, no ha resultado del todo efectiva, postergándose los caros anhelos de garantizar el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país.

Javier Abugattás Fatule, presidente del Consejo Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, considera que la falta de compromiso entre los actores de gobierno, en sus tres niveles, y de la sociedad en su conjunto, han jugado en contra de los objetivos que en los últimos años han debido encaminarse en relación a lo fijado en el Plan Bicentenario, originando, por ejemplo, que la inversión de los recursos públicos se oriente a otros fines y no a reducir las brechas de accesibilidad, servicios de calidad e infraestructura que se mantienen en el Perú.

El funcionario, quien participó del vigésimo octavo Encuentro Empresarial del Norte, organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, en Trujillo, conversó con Expresión y dio alcances de lo que se está haciendo ahora desde el CEPLAN para que las políticas del Acuerdo Nacional sean verdaderamente efectivas para la construcción de una sociedad con bienestar.

¿Por qué el Plan Bicentenario no se ha constituido en una herramienta efectiva para proyectar el desarrollo y las inversiones del Estado a nivel nacional? ¿Qué ha faltado?

Tenemos el plan vigente al 2021, pero claramente no ha tenido correlato en que eso sirva para mejorar la calidad de las políticas públicas y de los planes de todos los niveles, porque se supone que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 es una expresión de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, pero de ahí debería expresarse en cada plan de desarrollo concertado de cada departamento y provincia y servir de impulso para la asignación de recursos públicos. Esa no ha sido la realidad en los últimos años y creo que hemos perdido la oportunidad de usar los recursos crecientes que tuvimos en la última década para cerrar las brechas de infraestructura y de calidad de servicios en el país.

No ha habido una correcta orientación de las políticas públicas, que se expresen en planes que no se queden en el escritorio y por eso los sistemas que estamos probando parten de la operación diaria en el territorio, no de un plan aislado.

¿Esto obedece a falta de consenso entre los actores políticos y sociales o existen otros factores que han determinado el incumplimiento del Plan Bicentenario?

Falta consenso político para dar continuidad a los planes y a las políticas públicas, por eso hemos entrado en este nuevo ciclo. Hemos presentado lo que se empezó a hacer en septiembre del año pasado. Primero hemos vuelto a mostrar tendencias generales mundiales, escenarios, prospectiva de contexto y después hemos empezado a preguntar a cada sector por una actualización de políticas nacionales sectoriales que orienten el resto.

Ese nuevo ciclo va a llevar a actualizar políticas de Estado, lo que sí tenemos que hacer desde el Sistema Nacional de Planeamiento es que nuestras referencias deben ser políticas de Estado, que van más allá de un gobierno.

¿Cuáles deben ser los puntos más urgentes o prioritarios para cualquier estamento de gobierno desde el nacional hasta el distrital a partir de este nuevo ciclo, como usted lo llama?

Lo primero es la vida de la gente. El centro es la vida de la gente y esta la hemos expresado en una pre imagen simplificada que hemos llevado al Acuerdo Nacional, donde están sociedad, Estado y partidos políticos, para que lo dialoguen y busquemos un acuerdo sobre eso.

Empieza diciendo, por ejemplo, que nadie, que ningún ser humano pierda su potencial por daños que sí pueden ser evitados, como la anemia. En el Perú tenemos un millón de niños con anemia.

Lo que debemos saber es que cada segundo se arman 700 nuevas conexiones en el cerebro y si el niño está anémico la conexión se armará mal y cuando el niño crezca no tendrá su sistema nervioso, su cerebro y sus capacidades funcionarán con deficiencia. Eso es perder potencial.

Este tema tiene que ver con salud, infraestructura, agua, accesibilidad, con todas las funciones del Estado. Lo que hemos propuesta al Acuerdo Nacional es para todas las funciones del Estado en todo el territorio, con aplicaciones muy específicas para cada provincia del país y ese es el esfuerzo: mirar el territorio.

¿Qué otras prioridades se tienen en este esquema?

La primera prioridad entonces es que nadie pierda su potencial, lo que significa cualquier cosa sea violencia externa: como que te den un tiro o un accidente de tránsito o estos temas feroces como la anemia. La segunda es prevenir riesgos, principalmente riesgos de desastres y adaptarnos al cambio climático, que nos está ocurriendo y que no lo estamos enfrentando a tiempo.

La tercera es generar mejoras de producción y productividad, de tal manera que mejore el empleo y tengamos empleo de calidad. La cuarta es que tengamos una sociedad y un estado que vivan pacíficamente y que tengan gobernanza y eso significaría que las normas se cumplan, que uno vaya a un juzgado y sea atendido y le resuelvan sus demandas y que el que incumpla una ley sufra las consecuencias.

La quinta es que eso mismo ocurra en diálogo con el resto de países del mundo y ese es el acuerdo de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Esas cinco prioridades después se expresan en cientos de indicadores que pueden ser discutidos.

El inicio de este esquema es que haya un conocimiento previo de la realidad del territorio, desde lo más pequeño a lo más grande…

Exacto. Para trabajar en eso la propuesta es que debemos empezar por conocer la realidad, porque lo que pasa es que no conocemos la realidad del territorio. En cada comunidad deberíamos tener conocimiento y apoyar ese pleno desarrollo. Yo diría, empezando por las zonas más alejadas y las zonas de frontera.

El país a nivel de la región tiene un serio atraso en competitividad e institucionalidad, hay regiones, como Lambayeque, que se encuentran muy afectadas por la corrupción y en los últimos puestos de institucionalidad a nivel nacional. ¿Qué hacer para que estos problemas no calen o mermen el desarrollo que se espera para los próximos años con la planificación?

Esto que estamos haciendo creo que es la ruta correcta. Lo primero es reconocer que tenemos problemas y tenemos problemas muy serios de institucionalidad, corrupción y varios más. Lo segundo es que tenemos que ponernos de acuerdo para saber hacia dónde queremos ir y esa la imagen al 2030 que estamos llevando a un espacio donde teóricamente están representados la sociedad, el Estado y los partidos políticos como es el Acuerdo Nacional, para elevar eso a políticas de Estado, no de gobierno.

El otro extremo es el que he mencionado: cada una de las dos mil 500 entidades públicas tiene que actualizar sus políticas y sus planes alineándose hacia estos objetivos mayores al 2030, al 2050. Con la información que hemos publicado en la página del CEPLAN y del Ministerio de Economía y Finanzas podemos hacer seguimiento para detectar tempranamente el mal uso de recursos públicos y corregir. Hay que eliminar ese mal uso de los recursos públicos.

Tres de las regiones más importantes del país: Piura, Lambayeque y La Libertad fueron las más afectadas por El Niño Costero del este año y el proceso de reconstrucción supone un amplio trabajo de planificación de las inversiones. ¿Es posible confiar en que al finalizar este el escenario de bienestar y calidad de vida para las familias de estos departamentos será mucho más cercano a la visión que se tiene en el Plan Bicentenario?

Con la reconstrucción hay la urgencia de devolver los niveles de servicio, entonces por eso hay etapas de rehabilitación rápida que tratan de devolver el mínimo de vida y de operación. La verdadera reconstrucción para mejor, conforme es la posición desde el Sistema Nacional de Planeamiento, empieza por conocer la realidad y las cuencas.

Para el caso de Piura, si no se conoce la realidad de la cuenca, o de Trujillo, si no se conoce el conjunto de quebradas y no se hacen los diseños pensando en la mejor solución para eso, no vamos a resolver el problema o la vulnerabilidad. Entonces, hay que atender las urgencias sí y para eso necesitamos a las universidades y los centros de investigación de la mano con los gobiernos regionales y provinciales, discutiendo ese conocimiento de la realidad. Para este caso práctico significa el conocimiento de las cuencas donde ha habido vulnerabilidades, para resolver el total del problema y no solamente reconstruir un pedazo.

Es cierto que esto puede tomar más tiempo, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Los colegios de ingenieros son los primeros que deberían participar y ayudarnos a definir cómo hacer las cosas. 

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