Al recuperar su libertad, luego de permanecer dos años y ocho meses bajo mandato de prisión preventiva, el exgerente de Urbanismo de la comuna de Chiclayo Jorge Incháustegui Samamé habla con Expresión y en su primera entrevista ofrecida a un medio de comunicación, desde que fue incluido en la presunta red “Los limpios de la corrupción”, califica de indolente al Ministerio Público, considerándolo además poco eficaz en las investigaciones realizadas hasta ahora en el sonado caso de corrupción.
Al promediar las 4:30 de la tarde del sábado último, Jorge Incháustegui se reencontró con sus familiares. En enero del 2015 la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, dispuso que sea recluido por 18 meses en el ex penal de Picsi, período que luego se prolongó a solicitud del despacho del fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, que en septiembre del 2014 inició las investigaciones contra el exalcalde Roberto Torres Gonzales, sus familiares, autoridades y funcionarios municipales, así como sus más cercanos colaboradores.
Sobre Jorge Incháustegui se realizaron dos imputaciones concretas: lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Durante la investigación, en su caso se han evidenciado claras debilidades en el trabajo fiscal, como no haber corroborado uno de los hechos que supuestamente lo vinculaban a “Los limpios de la corrupción”.
LA PRUEBA FALSA
Según el Ministerio Público, en su acusación por el delito de asociación ilícita, Jorge Incháustegui ingresó a la organización el 3 de diciembre del 2010, cuando supuestamente, en coordinación con Roberto Torres Gonzales, empezó a expedir licencias de construcción contrarias a lo establecido en la normatividad vigente.
La tesis de la fiscalía se sustentó en que presuntamente el exfuncionario dio trámite a un expediente presentado en dicha fecha por Patricia Montoya Ramos, familiar del exregidor Roland Alarcón Ubillús, sin que esta hiciera efectivo el pago correspondiente para la emisión de un certificado de finalización de obra.
Sin embargo, han trascurrido casi tres años y luego de las indagaciones realizadas por Expresión se ha confirmado que la administrada sí ejecutó el pago, conforme se indica en el Recibo N° 000002705229, de fecha 21 de diciembre del 2010, tal como obra en el registro del ahora Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Si bien dicho hallazgo se constituye en un nuevo elemento que favorece a la postura de defensa de Jorge Incháustegui, el 12 octubre pasado el juez del Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró su absolución en el delito de asociación ilícita para delinquir, rechazando los fundamentos del Ministerio Público.
Durante el proceso, uno de sus principales acusadores fue el también arquitecto Javier Llorach Paredes, quien le imputaba supuestas irregularidades en la emisión de licencias de construcción cuando se desempeñó como gerente de Urbanismo.
“Siento decepción de que una persona que acreditadamente faltó a las normas urbanas y a la que yo como funcionario sancioné severamente, porque lo merecía, resulte siendo mi acusador. Un infractor buscó meter preso al funcionario que lo sancionó. Es lamentable que el Ministerio Público lo haya permitido y ni siquiera se preocupe por saber si era cierto que esta persona había construido sin licencia, convirtiéndolo en su principal testigo. El Ministerio Público pudo investigar y saber si era cierto o no lo que él decía. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años para nosotros demostrar lo contrario en el juicio”, manifiesta.
Incháustegui Samamé ha recobrado su libertad no solo por la sentencia absolutoria en el caso de asociación ilícita, sino también porque el plazo de prisión preventiva por la presunción de lavado de activos venció la semana pasada. Por este delito, la fiscalía no ha formulado la acusación en su contra al no tener – hasta el momento – el peritaje necesario que evidencie el supuesto desbalance patrimonial.
TRABAJO DÉBIL
“He pasado momento muy difíciles, he pasado casi tres años privado de mi libertad y considero que debería haber menos indolencia de parte de las autoridades del Ministerio Público para tomar decisiones tan drásticas como privar de su libertad a una persona. Nosotros hemos tenido la mayor disposición, todo este tiempo para aclarar los temas de fondo y explicar de que no había tales irregularidades y que a pesar que el Ministerio Público ha contado con colaboradores eficaces, arrepentidos entre comillas, nunca ninguno me sindicó de haber cometido alguna conducta que amerite una prisión preventiva y menos tan prolongada”, afirma.
Emocionado, el exfuncionario de la comuna agradece a su familia y a sus más cercanos amigos por el apoyo que durante este tiempo le han dado a fin de hacer mucho más llevadera la carcelería, período que también le ha servido para buscar los medios de prueba suficiente que le permitan, en principio, salir librado de la acusación por asociación ilícita, cuyo fallo absolutorio fue apelado por el Ministerio Público.
“Voy a seguir luchando para limpiar mi nombre por el enorme daño que le han hecho a mi familia y a mi empresa, que con tanto esfuerzo saqué adelante, y mi profesión. Reconstruir el aspecto laboral y profesional es un tema que tengo pendiente y en el que debo empezar sin demoras”, asevera.
Confía en que la investigación pendiente por lavado de activos concluirá también con su absolución, debido a que – tal como explica – existen hecho que el Ministerio Público postula en su tesis para acreditar la configuración del delito que se encuentran relacionados al caso de asociación ilícita, donde la fiscalía no pudo acreditar ante el Poder Judicial que sus presunciones eran reales.
“El Ministerio Público ha señalado que yo lavaba plata de la supuesta organización criminal y eso el juez, al dictaminar mi inocencia ha corroborado que los bienes adquiridos en la sociedad conyugal que mantengo con mi esposa proceden de una fuente lícita. Por otro lado, el Ministerio Público no ha podido corroborar aunque sea un presunto delito. Ha tenido colaboradores o ayudantes, como quieran llamarlos, y ninguno de ellos ha señalado que yo me comporté de manera ilegal o que recibí algún beneficio de determinada empresa. Asimismo, en la carpeta fiscal no existe ninguna licencia de construcción que haya sido cuestionada”, manifiesta.
FUNCIONARIO DE TORRES
Incháustegui Samamé, quien es trabajador de carrera de la municipalidad de Chiclayo, afirmar no sentirse arrepentido de haber aceptado cargos de confianza durante el gobierno de Roberto Torres. Inicialmente se desempeñó como jefe del ex Servicio de Administración Tributaria, luego como gerente de Urbanismo y finalmente como jefe del proyecto Chiclayo Limpio.
“Se ha creado todo un tema de organización criminal como si hubiera sido una gestión totalmente mafiosa y se omite que se hicieron cosas buenas. Es innegable que en la primera gestión de Roberto Torres el pueblo lo religió porque se hicieron obras importantes. Todo no ha sido malo, tampoco diré que todo fue bueno. Detrás de la gestión estuvimos profesionales que hicimos nuestro mejor esfuerzo y se lograron cosas, muchas cosas. En el segundo período, que es donde se suscitaron los hechos que ahora se investigan, yo ya no formé parte del entorno de confianza, estuve a cargo de Chiclayo Limpio y los frutos se están viendo hasta ahora. Ese proyecto tenía autonomía en sus decisiones y no hubo ninguna irregularidad ahí. ¿Cómo me voy a arrepentir de todo lo que hice? Hicimos cosas buenas y yo soy parte de eso”, enfatiza.
Añade que si bien hubo conductas irregulares entre los funcionarios de la administración de Torres Gonzales estas debieron individualizarse desde un inicio y no generalizarlas.
“Si se revisa el postulado de organización criminal que inicialmente presentó el Ministerio Público se verá que todo lo que se dijo al comienzo no fue tal y ahora los hechos han variado totalmente y se ha ido a un polo opuesto”, señala Incháustegui Samamé.
INVESTIGACIÓN A MEDIAS
Absteniéndose de calificar a los fiscales que lo investigan hasta ahora, cuestiona los procedimientos que se han seguido para definir las presuntas irregularidades imputadas ante el Poder Judicial y que sirvieron de base para que se declaren fundados los requerimientos de prisión preventiva.
“Si el supuesto inicial decía que la organización criminal operaba al interior de la municipalidad, también decía que estaba conformada por fiscales y jueces y de eso hasta ahora no se sabe nada. Si era cierta la teoría, por qué no se ha investigado a todos, y si no era verdad por qué hay gente que sigue presa bajo esa teoría. Aquí hay cosas incongruentes y creo que es necesario que alguien pueda investigarlas, para eso hay jueces y fiscales superiores que deberían tomar cartas en el asunto, por qué tanto afán de perjudicar a algunos y no tocar ni con el pétalo de una rosa a otros. Algo sucede. No diré de quién es la culpa, pero que por favor se tome nota”, cuestiona el exfuncionario.
Añade que otro hecho cuestionable en la investigación que se le sigue por lavado de activos es que el Poder Judicial se ha negado a aceptar el peritaje de parte presentado para sustentar sus bienes e ingresos, ante la imposibilidad de la fiscalía de elaborar un estudio contable de ese tipo.
“¿Por qué desvirtuar un peritaje por el hecho que sea de parte si los peritos son profesionales seleccionados por las autoridades judiciales, son peritos acreditados y que son responsables civil y penalmente de lo que suscriben? Si hay peritos acreditados y estos elaboran un peritaje de parte para que luego sea descartado, ¿entonces para qué están?”, precisa.
BIENES INCAUTADOS
Incháustegui Samamé, quien cumpliría 25 años como trabajador de planta del municipio de Chiclayo, fue separado de la institución “por faltar a trabajar”, aun sabiendo la autoridad administrativa que pesaba sobre él una medida restrictiva dispuesta por el Poder Judicial.
“Tengo bienes incautados hasta el momento, sin ninguna motivación aparente. He presentado una denuncia porque se han argumentado hechos falsos para ello. La oficina que tengo en la calle Alfonso Ugarte está cerrada, no puedo ingresar. No solo me la incautaron trabándola en Registro Públicos, sino también físicamente. Mi camioneta está parada hace tres años y no sé cómo se va a hacer para que me la devuelvan”, comenta Jorge Incháustegui.
A la lista de propiedades incautadas se suman dos departamentos de un edificio que construyó – conforme se acreditó ante el Poder Judicial – con un préstamo gestionado ante el Banco de Crédito del Perú en un terreno heredado por su esposa.
respuesta de Enrique Mangana López el 2022-09-10.
No me consta que le hayan agradecido su participación en un Cursillo de Misionología. Bueno su participación fue excepcional tanto en el aspecto humano como en el aspecto religioso. Como la belleza no tiene fecha de caducidad, espero que nuestro agradecimiento tampoco, Atentamente, E. Mangana López, C. M. Desde el Colegio Manuel Pardo de Chiclayo
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