La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha publicado el libro “La sentencia del Baguazo y sus aportes a la justicia intercultural”, un voluminoso texto en el que se analiza la importancia del fallo que la Corte Superior de Amazonas emitió a favor de los presuntos autores de los crímenes sucedidos en la protesta indígena del 5 de junio del 2009, en la que perdieron la vida 33 personas, entre ellas 23 policías, según la Defensoría del Pueblo. De acuerdo al análisis de expertos y juristas, la decisión del Poder Judicial no crea un halo de impunidad, sino más bien apunta a la ubicación y sanción de los verdaderos autores materiales de los asesinatos, tarea que el Estado todavía tiene pendiente.
Las protestas de las comunidades indígenas se dieron en rechazo a una serie de decretos dado por el gobierno nacional, durante el segundo mandato de Alan García Pérez, que alentaban la inversión privada y explotación maderera, petrolera y minera territorios considerados de propiedad comunal y que, en opinión de los líderes awajún, huambisas y de otros grupos étnicos, atentaban contra su derecho a la vida y a la preservación del entorno natural que habitan por generaciones.
La negativa del gobierno de retroceder en la vigencia de las normas o buscar mecanismo de entendimiento y equilibrio con las comunidades originarias, prolongó por más de 55 días el bloqueo de diversos tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry, medida que concluyó con el violento desalojo de la denominada Curva del Diablo, donde se produjeron parte de las muertes.
“Hay que tener presente los antecedentes históricos de los pueblos indígenas, históricamente sus derechos fueron pisoteados e incluso el presidente los llamó ciudadanos de segunda clase. El gobierno insistía en que los decretos debían aprobarse sí o sí y no se consideraba en ningún momento la realidad de estos pueblos, que no fueron sometidos ni en el incanato ni en la colonia, y que siempre han permanecido como celosos guardianes de la naturaleza, y que además están protegidos por los convenios internacionales que el país ha suscrito, entre ellos el 169 de la OIT. En su momento fueron 11 decretos, pero el 1090 era el más lesivo contra el mundo amazónico, y la voz de las comunidades nunca fue escuchada pese a que durante dos años gestionaron su participación en la formulación de las normas”, explica Norbel Mondragón Herrera, presidente de la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ.
LA SENTENCIA
Mondragón Herrera, reconocido promotor de los Derechos Humanos, asumió la defensa legal de varios de los líderes nativos acusados por el Ministerio Público, entre ellos Santiago Manuin Valera. Durante dos años junto a otros abogados litigó en la Corte Superior de Amazonas hasta lograr la sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua, presidida por el juez Gonzalo Zabarburú Saavedra.
El proceso se desarrolló bajo los efectos del Código de Procedimientos Penales y concluyó tras siete años de investigación.
“Los magistrados llegaron a establecer que los 53 procesados, acusados por delitos como motín, disturbios, homicidio y otros ilícitos, sumando un total de ocho tipos penales, con condenas de seis años hasta pedidos de cadena perpetua, eran inocentes. No se demostró ningún elemento vinculante que acredite su responsabilidad en los hechos sucedidos el 5 de junio del 2009”, señala.
EXCESOS DEL DESALOJO
El abogado menciona que durante el desalojo de la Curva del Diablo se produjeron diversos excesos por parte de la policía, como el acudir a la diligencia sin presencia de fiscal, lo que desde el origen deslegitimaba el operativo.
Refiere que en la madrugada del 5 de junio los nativos se disponían a desbloquear la carretera y retornar a sus comunidades tras permanecer casi dos meses en la protesta.
“En este caso hay más responsabilidad política que legal, porque se desplegó al personal de policía cuando los nativos estaban retirándose, sin presencia del fiscal y con el objetivo de repelar a diestra y siniestra a los manifestantes. Se ha probado en el juicio que los nativos nunca utilizaron armas de fuego, porque a todos se les hizo la pericia de absorción atómica para ver si tenían restos de pólvora, bario, antimonio y plomo. En el caso de los 53 el resultado fue negativo. Los especialistas antropólogos que estudian el desenvolvimiento de los indígenas demostraron que ellos utilizaron lanzas como armas de guerra y, sin embargo, todos los caídos, los heridos o los muertos, tenían impactos de armas de fuego”, refiere Norbel Mondragón.
Remarca que sí hay responsables de las muertes, pero estos no eran los procesados en el juicio que demoró dos años, y es entonces donde se erige la tarea pendiente del Estado de llegar a la verdad y sancionar a los ejecutores de nativos y policías.
“La justicia concluye que los 53 procesados que estuvieron en el banquillo de los acusados, que acudieron a 62 audiencias, durante dos años y medio, no eran los responsables. Lo que no implica que las muertes deben quedar impunes. Los nativos ejercían su derecho a la protesta y a la defensa del medio ambiente”, enfatiza.
IGNORANCIA DEL ESTADO
Para Norbel Mondragón, el Estado demostró con el Baguazo la incapacidad que aún presenta para tratar y resolver conflictos con las comunidades nativas, deficiencia sobre la cual a partir de la sentencia de la Corte de Amazonas se empieza a reflexionar y que es precisamente materia de análisis en el libro recientemente publicado.
“La sentencia del Baguazo ayuda a reflexionar mucho hoy en día esta situación. Los peruanos tenemos el derecho de reclamar para ser escuchados de manera pacífica y en este caso particular los jueces aplicaron una serie de criterios de ponderación que son importantes de tener en cuenta. Ellos reconocen que los nativos no tenían otra manera de reclamar, no tenían acceso a los medios de comunicación y tampoco recursos para ir al Congreso o ante el Ejecutivo. En consecuencia no estaban en igualdad de condiciones para protestar, por lo que su única salida era el bloqueo de vías y la paralización en defensa de un territorio que cuidan hace generaciones”, explica.
PARA REFLEXIONAR
Anota que conforme señaló el informe en minoría del congresista Guido Lombardi, existe una alta responsabilidad política sobre el expresidente Alan García Pérez, el ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas Bustamanete y la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz Fernández, actual segunda vicepresidenta de la república.
“Todo esto tuvo una enorme repercusión nacional e internacional, son hechos que no se pueden volver a repetir y que necesariamente tienen que esclarecerse, como el caso del aún desaparecido mayor Bazán. Se tiene que investigar porque esta historia no ha terminado, debemos saber qué es lo que ocurrió verdaderamente. El informe de la coordinadora y la sentencia en sí son un importante aporte a la justicia intercultural, porque se trata de uno de los primeros casos a nivel nacional en el que la mayoría de las audiencias se realizaron justamente en lengua awajún y huambisa, respetando la interculturalidad del país. Se trata entonces de una sentencia histórica”, destaca.
El fallo de la Corte de Amazonas consta de 392 páginas, y aunque existe un recurso de nulidad que deberá ser revisado por la Corte Suprema de la República, el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos se ha manifestado solo a favor de un nuevo juzgamiento contra tres de los 53 procesados. Ellos son: Feliciano Cahuasa Rosalín, Ronald Requejo Jime y Dani López Cahui por el delito de tenencia ilegal de armas.
“La sentencia del Baguazo nos motiva a reflexionar sobre las enormes brechas que aún tenemos en el país y la necesidad de que el Estado preste atención a las comunidades nativas. Son ellos quienes defendieron nuestra frontera en la guerra contra el Ecuador, y no es justo que el país les pague de ese modo. Los pueblos indígenas están protegidos por los convenios y declaraciones internacionales, y ese respeto es el que todos debemos defender”, anota Mondragón Herrera.
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Horas después de sucedidos los hechos del 5 de junio del 2009, el Congreso de la República derogó los decretos legislativos que rechazaban las comunidades nativas.
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