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EN LA MIRA 969

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 969

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CONGRESO POLICIAL

Se realizó el I Congreso Regional de Comisarios de la Policía Nacional del Perú de la Región Lambayeque. 
El evento se realizó con la finalidad de analizar la problemática policial del Perú y en particular de Lambayeque, conocer de cerca las proyecciones y dificultades, así como las estadísticas de incidencias de infracciones a la Ley de Régimen Disciplinario y también cómo se trabaja de manera coordinada en Seguridad Ciudadana.
El liderazgo del general Nabor Ortiz Melgarejo, jefe de la II Dirección Territorial de la PNP, permitieron que el certamen se realice de manera exitosa, llegando a importantes acuerdos para los efectivos policial de Lambayeque. 
La familia policial agradeció el gesto solidario y profesional del Doctor Raúl Valencia Medina, Director General de la Universidad César Vallejo Filial Chiclayo por recibir a 160 Comisarios de toda la región en su sede universitaria.

 

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CRECE DELINCUENCIA EN OLMOS

La preocupación por la inseguridad ciudadana se incrementa en el distrito de Olmos, por los constantes robos y asaltos que se han registrado en la última semana a consecuencia del importante comercio que se viene desarrollando en la tierra del limón. El reducido número de policías destinado a la comisaría sectorial de Olmos, no permite luchar con éxito contra los delincuentes que a diario llegan al distrito lambayecano.

 

Pobladores olmanos llamaron a la redacción de Expresión para dejar sentada su protesta y señalar que si no cuentan con personal policial, ellos tomarán la justicia por su mano.

 

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MUERTES IMPUNES

Once crímenes vinculados al sector de construcción civil no han sido esclarecidos a la fecha, así lo reveló el dirigente de este gremio, Wilmer Zegarra Bonilla. El dirigente precisó que poco o nada se ha hecho en la Mesa de Diálogo que se instaló en el Gobierno Regional de Lambayeque. Además dijo que incentivarán la revocatoria del Gobernador Regional Humberto Acuña, por las mentiras que ha cometido con su sector en la Región. Remarcó que sus agremiados laborarán en la nueva construcción de las galerías Plaza Bolognesi.

Foto

 

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NUEVOS JUZGADOS

El Poder Judicial creó tres nuevos juzgado para el distrito Judicial de Lambayeque. Ellos son el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente y el 9no Juzgado Penal Unipersonal Permanente, ambos juzgados serán para la aplicación del proceso inmediato derivado de los delitos Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción
Mientras que el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente, será especializado en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, con sede en Chiclayo pero con competencia territorial en los distritos judiciales de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca

 

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JOCKEY PLAZA EN CHICLAYO

El Diario Gestión informó que el Jockey Plaza ha puesto la mira en nuestra ciudad de Chiclayo para lo cual la Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.A., ha empezado a dar sus primeros pasos en su plan de expansión del centro comercial, habiendo elegido entre las ciudades del norte a la “Capital de la Amistad2, para lo que ha registró ante Indecopi la marca Jockey Plaza Chiclayo.

El lugar donde estaría ubicado este r3econocido establecimiento se especula sería en las instalaciones del Centro de Esparcimiento del Jockey Club de Chiclayo o en los terrenos de Villa del Norte, propiedad del consejero regional Miguel Bazán Zárate.

 

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RÉPLICA AL DIRECTOR  DEL COLEGIO MANUEL PARDO

Recibimos el pasado 2 de julio como consta en el cargo, una Carta Notarial del R.P. Ricardo Cruz Huamán, director del Colegio “Manuel Pardo”, la misma que es avalada por su abogado Mondoñedo  Chávez, respecto al informe publicado por el Semanario Expresión, en su edición 966, semana del 16 al 23 de junio del 2016.

Al respecto respondemos que en principio, por la responsabilidad que nos ha caracterizado durante 23 años de trabajo periodístico en el Semanario Expresión, y el prestigio bien ganado de nuestro medio, rechazamos lo señalado en el punto 2 de su misiva, donde afirma que hemos “realizado publicaciones impropias”, “en forma intencional” y que, peor aún, “hemos difamado”, afectando a personas en su honor y reputación.

Debe quedar claro señor Cruz Huamán que para la publicación del informe nuestro equipo accedió de manera documentada a la información, tal como se ha hecho desde el año 2013, cuando se abordó por primera vez lo sucedido en la institución educativa, hechos que usted, de la misma forma, también pretendió negar y deslegitimar a través de sendas cartas notariales, pero que finalmente fueron confirmados por el Poder Judicial. En consecuencia, al referirnos a un caso finiquitado con fallo desfavorable a su persona y a las docentes involucradas no incurrimos en práctica difamatoria.

Nuestra publicación, en ninguno de sus extremos, califica las capacidades o cualidades humanas de quienes forman parte de la noticia, mucho menos su conducta personal o profesional. Se centra única y exclusivamente en abordar lo sucedido en el caso Horna Puémape.

Dicho esto, es necesario precisar que el informe contiene declaraciones del padre del menor, abogado José Horna Segura, las mismas que tenemos en registro fílmico, y que en su Carta Notarial usted atribuye a propiedad de nuestro medio, pese a que las citas se encuentran correctamente señaladas y entre comillas (“). En tal sentido, el titular del informe recoge las indicaciones del declarante respecto al inicio de gestiones para la inhabilitación de su persona en el cargo de director, procedimiento que es legítimo según lo informado a Expresión por el Gerente Regional de Educación de Lambayeque.

Es cierto también que por disposición del Fiscal de la Nación se dispuso la acción penal contra la jueza Carmen Dávila Lombardi, por hallarse elementos de convicción suficientes para acreditar su participación en el ingreso irregular del recurso de apelación presentado por su abogado, Nicolás Mondoñedo Chávez, a la sentencia emitida por el juez del Cuarto Juzgado de Familia de Chiclayo, Silverio Rivera Palomino. Si bien, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso, en el ámbito disciplinario la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, sí confirmó la ocurrencia del hecho irregular.

El informe del 24 de noviembre del 2014, dirigido por el jefe de la ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta, a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda Rodríguez, en el que se solicita la suspensión de la magistrada Dávila Lombardi y de la servidora judicial Jhadyra Ignacio Chávez, corrobora que se adulteró la fecha del escrito de apelación con el propósito de hacerlo valer ante el juzgado en mención, hecho del que evidentemente conocía su abogado, pues los plazos ya se habían vencido, conforme también se ha acreditado en el Informe N° 06-2014, dirigido por la jueza sustanciadora, hoy presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, al jefe de la ODECMA.

Por lo tanto, no es falso ni inexacto lo precisado en el informe publicado por el semanario Expresión.

Respecto a las calificaciones del menor, a las que se hace referencia en el informe, así como a la conversación telefónica y reconocimiento de los partes disciplinarios puestos al estudiante, esto se recoge de lo señalado en Sentencia, Resolución N° 9, del 6 de agosto del 2013, del Cuarto Juzgado de Familia de Chiclayo, a cargo del magistrado Silverio Rivera Palomino.

En relación al desagravio público, el pedido de indemnización y la conciliación extrajudicial, esto corresponde a declaraciones del abogado Horna Segura, conforme consta en la grabación fílmica de nuestro medio.

Como medio de comunicación no deja de llamarnos la atención señor director que su Carta Notarial haga observaciones respecto a aspectos que están debidamente acreditados en el expediente, dejando de lado las convicciones generadas en el juzgado que emitió y declaró consentida la sentencia contra usted y las profesoras, como representantes del Colegio Manuel Pardo, acogiendo la demanda del Ministerio Público, formulada por la Cuarta Fiscalía de Familia de Chiclayo.

Nuestra responsabilidad periodística nos ha motivado a cursar comunicación al Ministerio de Educación, para que a través de su área legal nos proporciones una opinión legal respecto a las implicancias del fallo, respuesta de la que permanecemos en espera. De esto modo, buscamos ahondar en la información con el propósito de ilustrar de mejor manera a nuestros lectores, pero también de difundir el perjuicio que prácticas como las confirmada por el órgano jurisdiccional en el Colegio Manuel Pardo no se repitan en otros centros educativos.

Finalmente, invocando el Artículo 4 de la Constitución Política del Perú, confirmamos que hemos ejercido nuestra libertad de información, opinión, expresión y difusión, aproximándonos al principio de verosimilitud como fin supremo del ejercicio periodístico.

La verdad, siempre nos hará libres.

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