Qué duda cabe que los dos más importantes poderes del Estado: Ejecutivo-Legislativo, son los grandes responsables de la actual crisis política y social que vive el país. Puentes de comunicación rotos, enfrentamientos verbales, ambiciones desmedidas por cuotas de poder y carencia de liderazgos, son algunos factores que han provocado una fuerte tensión y el debilitamiento de la institucionalidad, determinando que la crisis se profundice, generando mayor ingobernabilidad. El Congreso, a regañadientes, ya aprobó el dictamen que dispone el adelanto de elecciones para abril de 2024; pero de contrabando quieren imponer la bicameralidad y la reelección congresal. En tanto, el aprendiz de dictador Pedro Castillo está recluido en la Diroes con 18 meses de prisión preventiva y su familia asilada en México.
No sé qué es más deprimente o enervante, si hablar del enorme daño que ha hecho el expresidente Pedro Castillo al Perú en solo un año y cinco meses de gestión, o del pobrísimo y estéril desempeño que ha tenido el Congreso de la República en este mismo periodo de gobierno. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo son los grandes responsables de la crisis política y social que vive hoy el país, de toda esta miseria política expresada en angurrias detestables por ganar cuotas de poder e imponer sus ideas. Los enfrentamientos reiterados entre ambos poderes del Estado, las acusaciones mutuas y el nulo diálogo para superar diferencias, han sido los detonantes de la gran inestabilidad política e ingobernabilidad desde el inicio de este régimen. Además de gobernar de espaldas a las grandes necesidades que demandan ser atendidas por las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, y por favorecer a grupos de poder político y económico con leyes a su medida. Esta miseria política además se ha reflejado en las acusaciones directas en contra de Castillo de liderar una red de corrupción al más alto nivel, con la finalidad de controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas. Pero esta miseria política también se ha evidenciado en el miserable desempeño del Parlamento para elaborar y aprobar normas que permitan salir de este estancamiento político que nos está llevando al abismo.
El gobierno de Pedro Castillo fue un fraude y una falacia desde el momento en que se enfundó la banda presidencial, nunca mostró liderazgo ni principio de autoridad, y no tuvo capacidad de reacción oportuna para enfrentar situaciones delicadas que ameritaban de un gobernante lúcido, con voz de mando (no autoritario), que irradie serenidad y tranquilidad al país. Por el contrario, sus marchas y contramarchas para nombrar a sus gabinetes (muchos de sus ministros tenían serios cuestionamientos de orden ético y moral) y sus decisiones erráticas, provocaron la indignación y el repudio mayoritario de la gente. En todo su periodo no encontró el norte de su administración, la cual iba de tumbo en tumbo y cada día se debilitaba por las graves denuncias de presuntos hechos de corrupción que él habría liderado (según denuncia de la Fiscalía, aunque él grita su inocencia). Castillo desperdició una gran oportunidad de convertirse en un presidente revolucionario, que gobernaría para millones de peruanos que creyeron en su palabra, sobre todo de las regiones más pobres que le dieron su respaldo en las urnas; pero ese escenario jamás ocurrió. Su incapacidad e ineptitud, y su falta de criterio e inteligencia para dirigir este país con problemas muy complejos, lo llevaron a cometer crasos errores que le hicieron perder confianza ante la ciudadanía. Las consecuencias de su desastroso mandato lo estamos pagando todos, aunque los más afectados siempre serán aquellas poblaciones en condiciones de pobreza y extrema pobreza, o el inmenso grupo que vive en la informalidad.
Solo y abandonado
Castillo, un aprendiz de dictador, nunca encontró la brújula de su gobierno, dijo que nunca fue formado para político y no fue entrenado para ser presidente, pero que con paso del tiempo aprendería; ello nunca ocurrió. Se fue sin pena ni gloria, abandonado por sus escuderos, afrontando una prisión preventiva de 18 meses por intentar romper el orden constitucional con un golpe de estado, y su familia asilada en México. En estos diecisiete meses de gestión, Pedro Castillo no dio señales de un compromiso férreo para luchar contra la corrupción; por el contrario, siempre buscó proteger a la gente de su entorno que eran buscados por la justicia por estar involucrados en graves delitos (sobrinos, exministros). Ello demostró que la tan proclamada lucha contra este flagelo en su gobierno solo era un simbolismo y todo quedaría en el papel, como así ha ocurrido con los presidentes de la República en los últimos cuarenta años. En el fondo no quiso tomar el toro por las astas, porque sabía que le salpicaría, ya que el Ministerio Público le abrió siete investigaciones, que siguen su curso, en todos los casos como líder de una organización criminal. Bajo estas consideraciones, Castillo no merecía estar un minuto más en la primera magistratura de la nación, porque este gran barco llamado Perú se estaba hundiendo cada vez más. Sin embargo, hay que reconocer que los partidos de la derecha conservadora, clasista e irracional, en alianza con los grandes medios de comunicación, desde el primer día que asumió el mandato le pusieron una serie de obstáculos para no dejarlo gobernar, lo despreciaron y ningunearon, como han estado acostumbrados a hacerlo con el común de los peruanos al que miran por los suelos. Lo que querían era recuperar el poder político y económico que les había arrebatado un desconocido, para seguir usufructuando del Estado a través de licitaciones amañadas.
El otro responsable
Pero esta miseria política también recae en el Congreso, que no ha estado a la altura de las circunstancias que el país exigía. Los partidos políticos allí representados tampoco han cumplido un papel decente y virtuoso de acuerdo a lo que el pueblo esperaba de ellos; es decir, que legislen con sensibilidad para atender las demandas más urgentes en temas de salud, educación y economía, que permitan la inclusión social de las regiones más olvidadas y que por años han sido postergadas producto del centralismo y de la indiferencia del Estado. Pese a la alta desaprobación ciudadana (según todas las encuestas arriba del 80%), desde el Parlamento no hubo un propósito de enmienda y han seguido empecinados en favorecer a grupos de poder económico y político con leyes con nombre propio, para pagar favores de la campaña electoral. Todas estas acciones han hecho que la gente los perciba como corruptos y sinvergüenzas que están al servicio de intereses oscuros. Si bien desde un comienzo los partidos de la derecha conservadora en el Congreso -Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País- buscaron desestabilizar al gobierno con argumentos jalados de los cabellos (incluidas las mociones de vacancia), el expresidente Castillo tampoco hizo los merecimientos necesarios ni tuvo las estrategias para contrarrestar esa andanada de imputaciones; por el contrario, con sus clamorosos desaciertos, su falta de criterio y su carencia de liderazgo, se encargó él mismo de atizar el fuego en su contra.
Ante esta miseria política a la que nos han arrastrado el poder Ejecutivo y el Legislativo, la única salida es el adelanto de elecciones generales. Muy a su pesar y a regañadientes, este Congreso desprestigiado y manchado en su honor, en su última sesión aprobó el dictamen que dispone el adelanto de elecciones para abril de 2024, con lo cual el mandato presidencial de Dina Boluarte finalizará el 28 de julio del mismo año. Aunque este texto aún será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria (posiblemente en febrero). Pero este Legislativo torpe quiere meter de contrabando en las reformas constitucionales el tema controversial de la bicameralidad y la reelección de congresistas; es decir, no quieren perder soga y cabra, y buscan que en la nueva elección ellos puedan presentarse. Lo que no entiende este poder del Estado es que la ciudadanía no se siente representada por la actual clase política personificada en el Congreso, porque las distintas bancadas legislan de espaldas a ese pueblo que dicen representar y aprueban leyes controvertidas, con nombre propio, a la medida de los intereses de líderes políticos investigados por la justicia, generando el rechazo unánime de los ciudadanos. Según diferentes sondeos de opinión, más del 60% de entrevistados señala que lo peor del Parlamento es que a sus integrantes no les interesa la gente y solo piensan en sus propios intereses o en favorecer a grupos empresariales y políticos; mientras que un 40% considera que lo más malo del actual Legislativo es la falta de gente preparada y competente, cuyas credenciales éticas y morales no son las mejores.
Ciudadanos honestos
La clase política se tiene que adecentar con ciudadanos honestos que miren a la política como un servicio a los demás y no para servirse de ella, hay que involucrar más a los jóvenes, para que vean a la política como un medio para construir y consolidar la democracia. Se tiene que practicar una política de manos limpias, con ideologías definidas, cosa que no ha ocurrido en las últimas décadas donde ha imperado la informalidad, el mercantilismo, el transfuguismo, los negociados bajo la mesa para ganar cuotas de poder, lo que ha dado paso a la corrupción que se ha fortalecido y corroído a las instituciones del Estado. El periodista César Hildebrant dice que “urge la necesidad de que dentro de la clase política exista una derecha moderna, que busque atender el reclamo de igualdad de oportunidades de la población, así como la construcción de una nación viable e integradora”. Esto es posible, sí; pero los grandes grupos económicos y los partidos que los encarnan en el Congreso no quieren perder todas las gollerías que les ha dado el modelo económico neoliberal en los últimos 30 años, en desmedro de las grandes mayorías que solo se han contentado con las migajas del sistema.
-------
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
Deja tu Comentario