Desde hace ocho días el Perú se desangra, las violentas protestas que se han extendido a nivel nacional han dejado hasta hoy siete fallecidos, la mayoría jóvenes que no pasan los 25 años y dos menores de edad, producto de enfrentamientos con la Policía. El gobierno de Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio por 30 días, para imponer el principio de autoridad y recuperar las carreteras que han sido tomadas por los manifestantes. Ellos exigen nuevas elecciones generales y el cierre del Congreso, porque están hastiados de la clase política que nos gobierna. Pero desde el Ejecutivo y el Parlamento parecen no entender el mensaje, porque recién se convocaría a un nuevo proceso en abril de 2024. Ante este escenario conflictivo urge el diálogo alturado y responsable, y abrir puentes de diálogo para volver a los cauces de la normalidad y la paz.
La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, inició su gestión no en olor a multitud ni en olor a santidad como hubiera querido, porque recibió un país convulsionado, con heridas abiertas por todos lados, que desde sus rincones más alejados vienen exigiendo el adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. Boluarte sabía que su administración no sería una perita en dulce, porque el mandatario vacado Pedro Castillo le había dejado bombas de tiempo que en cualquier momento iban a estallar; pero ella tampoco ha tenido el tino ni el olfato político para apaciguar las aguas. Desde el momento en que se enfundó la banda presidencial, en un aparente contubernio con las bancadas de la derecha conservadora del Congreso, las movilizaciones ciudadanas fueron creciendo día a día en distintas regiones del país; pero fue en Andahuaylas (Apurímac) donde se encendió la pradera y las protestas se salieron de control. Sí, la misma región donde el 2 de enero de 2005 murieron cuatro policías, tras un enfrentamiento con las huestes etnocaceristas que lideró el excomandante Antauro Humala. La presidenta no ha tenido luna de miel, pues las protestas se han extendido a casi todo el territorio nacional, con la toma de carreteras y el ataque a locales públicos y privados. La violencia en todos sus extremos se ha impuesto a la razón y el entendimiento. La situación política está que arde, a la fecha suman siete los muertos en Andahuaylas y Arequipa, todo hace indicar producto de la excesiva represión policial.
Medida de urgencia
Dina Boluarte y su gabinete enfrentan una primera crisis que no estaba en sus cálculos, pero es en estas circunstancias que ella tiene que demostrar de qué madera está hecha para abordar con inteligencia y dar solución a estos conflictos, que pueden profundizarse generando mayor inestabilidad política, económica y social, sino se toman determinaciones directas y efectivas que aminoren el clima de tensión. Ante las asonadas en distintas regiones, y la convulsión cada vez más preocupante, el Consejo de Ministros, liderado por Boluarte, declaró el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, debido a los hechos vandálicos y violentos, con la toma de carreteras, caminos y aeropuertos, que son actos al margen de la ley que vienen desestabilizando al país. Es decir, la Policía Nacional mantendrá el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se suspenden algunos derechos consagrados en la Constitución, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y seguridad personal. Ante tanto derramamiento de sangre y muertes que pudieron evitarse, era necesario que el Gobierno demuestre capacidad de reacción y de oportunidad ante este clima sombrío. Ahora, lo que se tiene que garantizar es que las fuerzas del orden actúen con apego a lo que manda la ley y su reglamento institucional, y no sacar provecho de su condición y de esta coyuntura tan especial para atropellar los derechos ciudadanos. Que no se repitan escenarios dolorosos como las vividos en la década del noventa, cuando las FF.AA. en el afán de repeler la violencia política, abusó de su posición y pisoteó los derechos de las personas contrarias a ese régimen.
La foto maldita
Cuando la entonces segunda vicepresidenta juró al cargo en el Congreso por sucesión constitucional, el 7 de diciembre pasado, ante la vacancia del expresidente Castillo por permanente incapacidad moral, tras el golpe de estado fallido que había dado, dijo que ejercería de acuerdo con la Constitución Política hasta julio de 2026. Todo hacía indicar que ese era el acuerdo bajo la mesa al que habían llegado con el Legislativo, permanecer hasta el fin de sus mandatos (Congreso-Ejecutivo), de allí que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en tiempo récord, archivó la denuncia contra Boluarte por presunta infracción constitucional y otros delitos. Las bancadas congresales, así como la flamante presidenta quedaron felices; incluso después de aprobarse la vacancia de Castillo, un grupo de parlamentarios (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País) se tomó una fotografía en son de victoria (después la han llamado la foto maldita) como si ellos fueran los mártires de todo este episodio, cuando antes nunca tomaron una decisión en conjunto, porque no reunían los votos para las mociones de vacancia, pues primero primaron sus intereses políticos y personales antes que los del país. Esa fotografía de la infamia, que fue colgada en las redes sociales de los parlamentarios, enervó aún más los ánimos de la población, que en respuesta a esta supuesta complicidad la población se organizó y a través de marchas masivas exigió el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. Boluarte inicialmente planteó un adelanto de elecciones para abril del 2024; sin embargo, ante la presión social ahora dice que ese plazo se podría reducir para diciembre de 2023. Si hay voluntad política tanto del Congreso como del Ejecutivo todo es posible.
Clase política
Lo que debemos precisar es que estos levantamientos sociales no son a favor de Pedro Castillo, sino en respuesta a una clase política desprestigiada, maloliente, putrefacta, que no es capaz de comprender que el país se está cayendo a pedazos por su responsabilidad, que sigue sin mostrar empatía con el clamor ciudadano que demanda cambios sustanciales en la forma de hacer política, con honestidad, transparencia y solidaridad. Urge una clase política más reflexiva y pensante que priorice el bienestar colectivo y deponga posiciones subalternas que no ayudan en nada a mantener la calma y a dar mensajes tranquilizadores, sobre todo en un ambiente tan polarizado y violento que hasta hoy no ha podido ser superado tras la segunda vuelta electoral de junio de 2021. La clase política representada en el Congreso se sigue disparando a los pies, en todo este tiempo han aprobado leyes con nombre propio para favorecer a grupos económicos y políticos, dejando de lado proyectos que beneficien mayoritariamente a la población, sobre todo a aquella que ha sido postergada históricamente por los gobiernos de turno. La clase política sigue sin aprender de sus propios errores y persiste en mantenerse en tierras pantanosas que cada día lo envuelven y enceguecen, ante la mirada atónita de un pueblo que ha despertado y ha perdido la paciencia ante un sistema que los ignora. Nuestra clase política no ha madurado lo suficiente como para enfrentar los grandes retos que nos depara un presente marcado por la incertidumbre, y un futuro poco alentador para generar más confianza a nivel interno y externo, y esperanza en un país golpeado por las incapacidades y la incompetencia de quienes nos gobiernan.
Cuotas de poder
La decisión del adelanto de elecciones está en la cancha del Congreso, no depende directamente de Boluarte, porque la reforma constitucional que se que tenga que hacer pasa por la voluntad política de los parlamentarios. Pero con este Legislativo plagado de personajes involucrados en casos de corrupción, que solo mira sus intereses y defienden sus cuotas de poder, que ni se inmuta ante la ola de protestas y no es capaz de entender lo que sucede en sus narices, es poco probable que pongan en agenda del pleno el adelanto de elecciones (la mayoría quiere quedarse hasta el 2026). Hay que tener mucho cuidado con las reformas que pretenda hacer el Parlamento, porque algunas bancadas -sobre todo las de la derecha conservadora- quieren imponer el regreso a la bicameralidad y la reelección congresal, porque si hay un adelanto de elecciones ellos puedan presentarse en ese proceso. Si partimos de la hipótesis de que toda esta crisis es consecuencia de tener una clase política mercantilizada, ambiciosa y selectiva, entonces una solución pasa por adecentar a los partidos con ciudadanos probos, que miren a la política como un servicio a los demás y no para servirse de ella, se tiene que involucrar a más jóvenes y profesionales que vean a la política como un medio para construir y consolidar la democracia, para fortalecer la institucionalidad y trabajar partidariamente en proyectos integradores e inclusivos.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
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