Qué duda cabe que la corrupción se ha convertido en un mal endémico que carcome progresivamente los cimientos de la sociedad, ante un Estado que se muestra débil y cuasi derrotado ante esta problemática. Según el informe de la Corrupción de la Contraloría General de la República, el Perú ha perdido más de 24 mil millones de soles el 2021, lo que evidencia que este mal está enraizado en los diferentes órganos de gobierno, y que las medidas que se dictan para enfrentarlo solo quedan en buenas intenciones, en palabrería barata, generando una desconfianza total en las instituciones. Pero la cosa parece ir de mal en peor, pues 13 de los 16 gobernadores que ganaron en primera vuelta en las recientes elecciones municipales y regionales, registran investigaciones en la Fiscalía por delitos de corrupción de funcionarios, y otros tienen procesos judiciales en marcha. La corrupción, al parecer, seguirá imparable.
La corrupción en el país es un mal endémico que corroe los cimientos de nuestra sociedad, la cual se muestra frágil e impotente de ver cómo gente inescrupulosa e infame (desde presidentes de la República, hasta congresistas, ministros, funcionarios de alto rango, alcaldes y gobernadores regionales) se enriquece ilícitamente con los recursos públicos. Cada día, cada semana, asistimos a un deplorable hecho de putrefacción que involucra a autoridades de los distintos niveles de gobierno, que manchan su honor y su dignidad por un puñado de dinero que seguramente engrosará sus cuentas, pero que tira por los suelos el buen nombre y trayectoria profesional que se forjó a lo largo de los años. En el último año, la corrupción ha crecido de forma preocupante, evidenciando que esta lacra está enraizada en las bases más profundas del Estado. Según el informe de la Corrupción presentado por la Contraloría General de la República (CGR), el Perú ha perdido más de 24 mil millones de soles el 2021. Según el contralor Nelson Shack, con ese presupuesto se podría ejecutar dos nuevas carreteras centrales. Pero además se podrían construir hospitales de alta complejidad para superar la precariedad existente en el sector Salud. También colegios con mejor infraestructura y mobiliario, no solo en las capitales, sino en la parte rural del territorio; asfaltar las carreteras al interior del país para promover más conectividad e integración. Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo si este dinero no fuera a parar a los bolsillos de gente despreciable.
Gobiernos subnacionales
De las tres instancias de gobierno, el perjuicio estimado a nivel del Gobierno Nacional es de S/ 11 057 470 804, a nivel de los Gobiernos Regionales de S/ 8 842 666 434, y a nivel de los Gobiernos Locales de S/ 4 362 827 589. En tanto que el ranking de Perjuicio Económico Estimado, en todos los niveles de gobierno, lo encabezan 10 departamentos: Piura (S/ 1 129 582 850), Arequipa (S/ 1 126 096 677), La Libertad (S/ 1 105 865 069), Puno (S/ 1 032 932 175), Loreto (S/ 890 957 170), Áncash (S/ 776 732 753), Cajamarca (S/ 747 857 065), Cusco (S/ 737 186 700), Junín (S/ 696 000 091) y el Callao (S/ 614 817 044). Este panorama no hace más que ratificar que la corrupción sigue enquistada, cual telaraña, en los gobiernos subnacionales, desde donde las autoridades elegidas por el voto popular -alcaldes y gobernadores regionales- y sus funcionarios de confianza, se dan maña para montar aparatos bien estructurados desde dentro de las instituciones, para tratar de no dejar huella de sus ilícitos y así apoderarse de los recursos del Estado. Como anota el contralor, “nunca se conocerá el perjuicio económico exacto que ocasiona la corrupción, porque es un acto clandestino, ultra secreto, donde el corruptor y el corrompido buscan ocultar todo tipo de prueba que los delate”. A ello se puede agregar que así como no hay crimen perfecto, tampoco hay corrupción perfecta, y siempre quedarán rastros e indicios que permitirán encontrar el hilo conductor de tan inefable acto.
Total desconfianza
Qué duda cabe que la corrupción es el principal problema público y estructural que tiene nuestra sociedad, el cual afecta directamente la legitimidad de las instituciones. Además, ocasiona una desconfianza generalizada, principalmente en los partidos y dirigentes políticos, y en las entidades del aparato estatal (ministerios, municipalidades, gobiernos regionales). De acuerdo con el INEI, en el periodo octubre 2019 – marzo 2020, este flagelo generó en la ciudadanía un fuerte escepticismo en cuanto al accionar de entidades claves que conforman el sistema judicial y se mantuvo como el principal problema del país con un 60.6%. Por ejemplo, un 73.1% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.3% desconfía del Poder Judicial, un 72.1% dijo no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.6% no confía en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. El problema es grave, porque si no hay seguridad en nuestro sistema de justicia y no hay una determinación desde los altos niveles de Gobierno para luchar frontal y directamente contra esta perversión, la situación empeorará cada día en detrimento de la sociedad, en especial de las futuras generaciones de peruanos. La corrupción es ya un problema transversal y no se restringe únicamente a las altas autoridades ni al Gobierno Central, se trata de un problema crónico que obstaculiza el desarrollo y perjudica de manera directa la calidad de vida de la población. De acuerdo al Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project (https://idehpucp.pucp.edu.pe), el Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional, un 36% de la población lo señala como el principal dilema por encima de otros como la economía, la seguridad ciudadana, la inestabilidad política y otros.
Estado de alerta
El reciente proceso electoral municipal y regional que culminó el 04 de diciembre, ha puesto en tela de juicio la honestidad y la integridad de los 25 nuevos gobernadores que asumirán funciones el 02 de enero de 2023. Según información de OjoPúblico, trece de los 16 gobernadores que ganaron en primera vuelta registran investigaciones en la Fiscalía por delitos de corrupción de funcionarios, y otros tienen procesos judiciales en marcha que si les son adversos (sentenciados) tendrían que dejar el cargo. Los doce partidos nacionales que participaron en estos comicios llevaron en sus listas a candidatos con investigaciones fiscales por casos de corrupción, y los grandes responsables de estas acciones deplorables son estas organizaciones, que siguen sumidas en una profunda crisis de valores y de credibilidad. Pero esta responsabilidad también es de la ciudadanía que con su voto finalmente elige a sus gobernantes. Para graficar que la corrupción ha llegado a niveles alarmantes en los gobiernos regionales, varios gobernadores han sido detenidos este año por liderar organizaciones criminales y usar sus cargos para cometer delitos en contra del Estado. De los 25 gobernadores elegidos el 2018, ocho no han terminado sus gestiones por estar involucrados en diversos procesos: Vladimir Cerrón (Junín) y Walter Aduviri (Puno) fueron suspendidos en sus cargos por sentencias condenatorias; mientras que Juan Alvarado Cornelio (Huánuco) y Wilmer Dios Benites (Tumbes) se encuentran prófugos de la justicia. Además, con mandato de prisión preventiva están Juan Morillo Ulloa (Áncash), Elmer Cáceres Llica (Arequipa), Clever Mercado Mendoza (Junín), Luis Hidalgo Okimura (Madre de Dios), Agustín Luque Chayña (Puno) y Francisco Pezo Torres (Ucayali). Anselmo Lozano (Lambayeque) cumplió arresto domiciliario por varios meses, pero salió en libertad al vencerse el plazo de dicha detención.
Fiscalización
Los hechos de corrupción se han vuelto una constante en el Estado y no hay quien ponga coto a tanta putrefacción, porque cada vez asistimos a un nuevo escándalo público que ya pareciera normalizarse. Ni durante la emergencia sanitaria por la covid-19 los sobornos se detuvieron, malos funcionarios se aprovecharon de las circunstancias y del dolor ajeno para enriquecerse ilícitamente. Según la Contraloría, los actos de corrupcioÌn se duplicaron en la mayoriÌa de gobiernos regionales. Esto debido a que el Ejecutivo autorizoÌ las contrataciones directas para agilizar la ejecucioÌn de obras puÌblicas o las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para responder al avance de la enfermedad. Empero, la situacioÌn fue aprovechada por las autoridades y su entorno más cercano para beneficiarse ilegalmente de los recursos públicos. La corrupción genera un impacto negativo en la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad, es una práctica nociva que es percibida lamentablemente como una anomalía cotidiana. En enero próximo empezarán funciones nuevas administraciones municipales y regionales, las cuales tienen que ser totalmente diáfanas; las nuevas autoridades tienen que mostrar apertura a los entes de fiscalización, porque solo así su gobierno se transparentará y evitará que los tentáculos de la corrupción los atrapen a medio camino. Es indispensable que se rodeen de funcionarios honestos y decentes, que coadyuven a mejorar y a fortalecer la institución municipal o regional. Ellos tienen que defender su honor y dignidad por siempre, que su nombre no se ensucie con dinero mal habido, y no terminen presos como tantos alcaldes y gobernadores por enriquecerse ilegalmente con los recursos del Estado.
------------------
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y primer vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
Deja tu Comentario