Tras la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación ante el Congreso contra el presidente de la República, Pedro Castillo, la situación legal del mandatario se torna incierta y preocupante. La grave acusación de liderar supuestamente una organización criminal para enriquecerse con los recursos del Estado, lo coloca en un escenario muy desfavorable y podría ser la estocada final a su gobierno. La decisión final de destituir, inhabilitar o suspender a Castillo está en manos de un atomizado Congreso que tiene una aprobación de solo 8%, y que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo las veces que tuvieron la oportunidad de aprobar la vacancia presidencial. El mandatario en su defensa ha dicho que ello configura un intento de “golpe de Estado”, pero la Fiscalía tendría los medios que probarían que el dignatario y su entorno más cercano habrían incurrido en diversos delitos.
¿Se le viene la noche al presidente Pedro Castillo, tras la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República?, ¿Estos son los últimos días del gobernante de Perú Libre en Palacio de Gobierno?, ¿Se puede o no denunciar al presidente de la República? Estas son solo algunas interrogantes que se hace la ciudadanía sobre la situación jurídica del mandatario, respecto de la grave acusación de liderar una supuesta organización criminal en Palacio de Gobierno. Junto a Castillo han sido incluidos en la investigación los exministros de Transportes, Juan Silva (prófugo de la justicia); y de Vivienda, Geiner Alvarado. Pero la cosa no queda allí. En este día negro para el jefe de Estado (martes 11 de octubre), el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder detuvo a seis miembros de la organización denominada los “Asesores en la sombra”, que lideraría Castillo, para quienes solicitarán 36 meses de prisión preventiva. También se intervinieron las oficinas y residencias de seis congresistas de Acción Popular, investigados por el presunto delito de organización criminal. Los acusan de intercambiar votos a favor del Poder Ejecutivo por obras en las regiones u otros tipos de beneficios personales. Y para colmo de males, la primera dama Lilia Paredes podría recibir entre 8 y 10 años de cárcel por el presunto delito de organización criminal. A solo un año y tres meses de gestión, se produce una nueva crisis política en el gobierno de Castillo, tal vez de mayor dimensión que cuando el Congreso buscó vacarlo infructuosamente en dos oportunidades.
¿Y el artículo 117?
Con estas incriminaciones de grueso calibre el futuro del presidente es bastante incierto y peliagudo, al parecer no habría esa luz al final del túnel que lo ha acompañado hasta ahora. Su suerte estaría echada si las bancadas congresales actúan con responsabilidad y ejercen el control político que les corresponde, y dan luz verde a la acusación constitucional en marcha. Aunque ello implicará que se abra un debate legal en relación con la capacidad de la fiscal de la Nación de iniciar una denuncia constitucional contra Castillo, apelando a un tratado internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción. Esto no tiene precedentes en la historia del Perú, porque el artículo 117 de la Carta Magna precisa que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento. Pero ninguna de esas motivaciones son actos de corrupción. Sin embargo, para la Fiscalía existirían suficientes pruebas para afirmar que Pedro Castillo y su entorno más íntimo está envuelto en delitos de corrupción. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará este viernes para evaluar la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, y luego de ello tendrá 10 días hábiles para interpretar, calificar y decidir si procede o no esta prerrogativa contra Pedro Castillo. Se viene un debate constitucional intenso que permitirá dilucidar este espinoso tema, para que se cumplan todos los pasos del debido proceso.
El escenario es distinto
Como señalo líneas arriba, la decisión última de destituir, inhabilitar o suspender a Castillo está en manos de un Congreso fragmentado que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo las veces que tuvieron la oportunidad de aprobar la vacancia presidencial, nunca reunieron los 87 votos que se necesitaban para ello y terminaron por mandar al archivo estas pretensiones promovidas por las bancadas ultraderechistas de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. La responsabilidad de determinar el curso de esta denuncia constitucional queda en manos de este cuestionado poder del Estado, que apenas tiene un dígito de aprobación ciudadana. Ante esta incapacidad, la Comisión de Constitución ha debatido un proyecto de ley que busca reducir a 78 los votos para aprobar esta medida. El escenario para una vacancia ha cambiado hoy, si bien las dos anteriores estaban circunscritas a un presunto fraude electoral de junio de 2021, que los partidos de la derecha y el empresariado argumentaron ante la derrota de su candidata, ahora las cosas son muy distintas porque hay de por medio una denuncia constitucional y más medios que probarían que Castillo lideraría una organización criminal. La fiscal Patricia Benavides ha dicho que han “hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno, con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”.
Desastroso mandato
Es innegable que el régimen de Castillo es un fiasco y una estafa para millones de peruanos que creyeron en su palabra y en sus promesas electorales, pues hasta hoy todavía no encuentra el norte de su administración, sigue sumido en su alarmante ineptitud, y en su falta de criterio e inteligencia para gobernar este país con problemas políticos y socioeconómicos complejos. Las consecuencias de su desastroso mandato lo estamos pagando todos, especialmente las clases económicas más vulnerables, porque el presidente no da muestras de liderazgo, no tiene capacidad de reacción y no asume decisiones directas para enfrentar situaciones delicadas, para evitar que la crisis política y la ingobernabilidad sigan afectando nuestra precaria economía y por ende a los que menos tienen. Castillo ha incurrido en graves desatinos políticos desde el primer día de su gobierno que hoy le están pasando la factura de la peor manera, como el no haber elegido a las personas más idóneas y calificadas (ministros, funcionarios de confianza) que lo ayuden a gestionar un país con tantas dificultades, sobre todo tras el ambiente convulsionado que dejaron las elecciones de segunda vuelta. En este corto tiempo, Castillo ha demostrado no tener una pizca de estadista ni la locuacidad de un político; por el contrario, ha tomado decisiones controversiales que en lugar de generar estabilidad a su gestión le han provocado duras críticas; de allí su reticencia con la prensa local todo este tiempo. Todas esas debilidades personales han sumado para que su gobierno sea muy frágil y endeble.
Congreso sin calidad moral
Pedro Castillo seguramente sí merece ser vacado por todos estos antecedentes que lo sitúan como uno de los peores presidentes de los últimos tiempos. ¿Pero qué tenemos del otro lado? Un Congreso con un desprestigio pavoroso y carente de toda credibilidad que no sintoniza con las principales demandas ciudadanas, que aprueba leyes “convenientes” que favorecen a grupos de poder económico o a líderes políticos que están bajo la lupa de la justicia. La ciudadanía no se siente representada por la actual clase política personificada en el Parlamento, porque las distintas bancadas legislan de espaldas a ese pueblo que dicen representar y aprueban normas controvertidas, con nombre propio. En los últimos 40 años hemos elegido legisladores que han terminado siendo una total decepción, la mayoría no ha dado la talla para el cargo; pero sí sacaron provecho de su estadía en ese poder del Estado para obtener réditos económicos, colisionando muchas veces con la ley. Ese ha sido un estilo de trabajo y de vida para muchos congresistas, que siempre se han creído los intocables aprovechándose de su controvertida inmunidad. Un Congreso con esas características y con una aprobación de solo 8% no tiene la calidad moral para vacar o destituir al presidente Castillo. La salida más sensata ante esta miseria política a la que nos han arrastrado el poder Ejecutivo y Legislativo es el adelanto de elecciones generales; es decir, se recorta el mandato del presidente de la República y de los congresistas. Pero la cosa no es tan fácil, porque nuevamente estaríamos hablando de una reforma constitucional que lleva su tiempo y exige voluntad política para plasmarlo. Por ahora nada de ello se avizora en el horizonte. Que Dios ilumine las mentes de nuestra clase política, para salir bien librados de este atolladero lleno de inmundicia.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
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